Presentan una macrodenuncia contra el Miteco, el Gobierno de Aragón y el Inaga por las autorizaciones de Forestalia

Distintas asociaciones y entidades ecologistas, agrupadas bajo la plataforma ‘13 de marzo’, van a presentar una macrodenuncia contra el Ministerio para la Transición Ecológica, el Gobierno de Aragón y el Inaga por presuntas irregularidades en las tramitaciones de proyectos de Forestalia.

Aunque no es la primera vez que los procesos administrativos de esta compañía aragonesa, investigada por la UCO, acaba en los tribunales, pero sí es la primera ocasión en la que se presenta una denuncia conjunta contra estos tres organismos, clave para la autorización de los proyectos de renovables.

La denuncia se fundamenta en 11 apartados, desde un presunto trato diferencial a Forestalia, externalizaciones de expedientes y fragmentación de proyectos, hasta el visto bueno a líneas de transporte de energía que deberían ser públicas y que la empresa pretendía construir.

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Uno de esos puntos en los que se basa la demanda se centra, como adelantó EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, en la externalización de proyectos tanto a Sarga, en el caso de Aragón, como a Tragsa, en los proyectos del Ministerio, cuando deberían haberse elaborado por funcionarios de carrera.

Igualmente, también se denuncia que las administraciones públicas hayan “minorado o ignorado” los informes que recogían “irregularidades claras o afecciones muy importantes”, como en el caso del Clúster Maestrazgo, pasando por encima de la opinión contraria de los técnicos.

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Entre otros puntos, la demanda también señala otro de los asuntos polémicos que han rodeado a los proyectos de Forestalia, como el fraccionamiento de proyectos a un máximo de 49,9 MW para evitar que salten a los controles del Ministerio y se queden en Aragón.

“En Los Monegros hay 16 parques contiguos evaluados por separado, obviando la magnitud de la obra. En las Cinco Villas, un promotor presentó 14 proyectos con 100 parques y más de 640 aerogeneradores entremezclados. En Campo Romanos, en Zaragoza, se han presentado 8 plantas solares independientes con una misma línea de evacuación. Es un claro incumplimiento y vulneración de la prohibición de acumular proyectos”, ha denunciado Natalia Marqués, portavoz de la plataforma.

¿Líneas de evacuación privadas?

Otra de las cuestiones que perciben los denunciantes es la autorización de seis grandes líneas de evacuación de 6 líneas de evacuación de 400 kv que llevaban la energía de Aragón a otras comunidades autónomas, si bien finalmente fueron descartadas por presiones de otras regiones.

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A juicio de los demandantes, Forestalia pretendía hacer pasar por líneas de evacuación las redes de transporte de las que solo tiene competencia Red Eléctrica, sin que pueda estar en manos de empresas privadas.

“Construir líneas privadas no está permitido, ya que podría duplicar o triplicar instalaciones si cada empresa lo solicitara. El Ministerio no debería haber autorizado estas líneas de transporte. Si hubiera alguna duda, el promotor presume de que estas líneas de evacuación serán, por primera vez, verdaderas líneas de transporte privadas, y ninguna administración ha dicho nada”, afirma José Luis Ruiz, otro portavoz de la plataforma ‘13 de marzo’.

“Centenares de microempresas”

Además, los ecologistas han denunciado también lo que consideran el ‘modus operandi’ de Forestalia, la división en “centenares de microempresas” para proyectos de “decenas de millones de euros”.

“Hay informes de la Comisión Nacional de la Competencia que no pueden ni analizar estas empresas por falta de información. Es ridículo que, habiendo advertencias tan serias de no poder analizar las cuentas de estas empresas, hayan tenido todos los trámites aprobados y licencias obtenidas”, incide Ruiz.

Igualmente, han percibido que ha habido proyectos de Forestalia que han sufrido “modificaciones sustanciales” una vez han superado los procesos de información pública, algo que consideran realizado “a propósito para impedir alegaciones”.

Paralización cautelar de los proyectos

Con todo ello sobre la mesa, la plataforma ‘13 de marzo’ va a exigir en los juzgados la paralización cautelar de todos los proyectos de Forestalia que están sin ejecutar, ante el temor de que se puedan producir “daños irreversibles” mientras dura el proceso judicial.

“Queremos que se dejen en stand by hasta que haya una resolución judicial”, ha añadido Javier Oquendo, representante de las plataformas de la provincia de Teruel.