Forestalia, el polémico ascenso del empresario cárnico que desafió a las grandes eléctricas en pleno ‘boom’ de renovables

Forestalia nace en 2011 impulsada por el empresario zaragozano Fernando Samper, miembro de una familia ligada históricamente al negocio agroalimentario a través de uno de los gigantes del sector cárnico aragonés, el Grupo Jorge. Fernando era el mayor de los hermanos y herederos del conglomerado, pero las diferencias entre ellos abrieron una brecha que terminaría por empujarle hacia una nueva aventura.

En aquella época, en plena crisis económica, el mercado de las renovables se encontraba en crisis, pero Samper mantuvo su apuesta. El punto de inflexión llega en 2016, cuando se adjudica más de 400 MW en la primera subasta ministerial tras años de bloqueo, situándose como nuevo referente frente a las grandes eléctricas tradicionales.

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A partir de ahí, la compañía encadena éxitos en nuevas pujas, hasta acumular varios gigavatios adjudicados y consolidar su imagen de “nuevo rey” de las energías limpias en España. Actualmente, dispone de más de 1.500 MW de energía eólica construidos y en operación y cerca de 500 MW de fotovoltaica, sobre todo en comarcas de la provincia de Zaragoza.

El crecimiento renovable de Aragón se convierte en el caldo de cultivo perfecto para el siguiente salto de Forestalia: convertirse en socio energético de grandes proyectos industriales. La empresa cerró un acuerdo estratégico con la china CGE para desarrollar alrededor de 1.000 MW renovables destinados a abastecer la gigafactoría de baterías que Stellantis y CATL proyectan en la provincia de Zaragoza.

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Y Samper tampoco ha querido pasar inadvertido por otro polémico ‘boom’ que está protagonizando Aragón en los dos últimos años. Hace apenas un mes se presentaba a bombo y platillo el proyecto de centros de datos de Forestalia en tres municipios de Zaragoza, que supondrán la segunda mayor inversión en la historia de Aragón, hasta 12.000 millones de euros.

La otra cara del éxito: puertas giratorias, acusaciones y denuncias

El fulgurante ascenso del grupo despierta recelos en el sector y en parte del territorio, que ven en Forestalia el emblema de una “burbuja renovable” con la que Aragón presume de ser líder en producción energética.

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Uno de los asuntos más polémicos ha sido el fichaje de ex altos cargos del Gobierno de Aragón, lo que alimentó la percepción de puertas giratorias en un contexto especialmente sensible: el de la planificación energética y la concesión de permisos para macroparques renovables en zonas rurales.

Entre los fichajes se encontraron los de Julio Tejedor, mano derecha de Lambán entre 2015 y 2021; Alfredo Boné, histórico dirigente del PAR y consejero de Medio Ambiente de Marcelino Iglesias (PSOE) desde 2002 hasta 2011; o Luis Marruedo, con distintos cargos tanto con Iglesias como con la popular Luisa Fernanda Rudi (2011-2015).

Otras acusaciones que han generado sombras en el desarrollo de Forestalia son el supuesto fraccionamiento de proyectos en varios expedientes de menor tamaño, de menos de 50 MW. Esto hace que la autorización quede en manos del Gobierno de Aragón, a través del Instituto de Gestión Ambiental (Inaga), y no salte a los despachos del Ministerio. El entonces director del Inaga, Jesús Lobera, sostuvo que todos los proyectos de 49,9 MW cercanos unos a otros se evalúan de forma conjunta 

El trabajo del Inaga también se vio salpicado en plena campaña electoral de 2023. Dos años antes, el Gobierno de Aragón tuvo que contratar a tres consultoras, ‘Satel’, 'Vea Qualitas' y ‘Calidad y Estudios’ para desatascar el ingente volumen de proyectos de renovables que tenían sobre la mesa, pese a que habían trabajado previamente con Forestalia.

La presión social y política desembocó en una comisión de investigación en las Cortes de Aragón, que trató de esclarecer si durante el Gobierno de Lambán se produjeron irregularidades en la adjudicación de licencias para instalaciones renovables, con Forestalia en el centro del foco.

Los responsables de estas consultoras rechazaron cualquier acusación y negaron de forma contundente que informaran sobre ningún expediente para el que hubiera trabajado anteriormente, “ni para Forestalia ni para ningún otro promotor”. Esta comisión finalizó sin detectar ningún indicio de delito, tampoco en el posible fraccionamiento de proyectos.

Las acusaciones contra Forestalia no se han detenido en los últimos meses. En agosto, el movimiento ciudadano Teruel Existe denunció que el Ministerio negó la autorización ambiental a proyectos eólicos de Green Capital en los mismos puntos del Matarraña donde, dos años antes, sí dio el visto bueno a parques de Forestalia.

Ahora, el nombre de Forestalia se ha extendido hasta el ‘caso Cerdán’. Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, Antxon Alonso y Santos Cerdán hicieron las gestiones hasta lograr que el grupo Forestalia obtuviera la autorización medioambiental para construir una gran autopista eléctrica de 270 km entre Aragón y el País Vasco. No obstante, no logró la aprobación para su construcción de ninguna de las autonomías que se veían afectadas.