La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós. Ayuntamiento de Zaragoza
Zaragoza reclama al Gobierno de España un plan para afrontar la regularización "masiva" de inmigrantes
El Ayuntamiento ha emitido más de 4.000 informes de vulnerabilidad para inmigrantes en el proceso de regularización que termina el próximo 30 de junio.
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El Ayuntamiento de Zaragoza reclama al Gobierno de España la puesta en marcha de un plan extraordinario con recursos y financiación para afrontar las consecuencias sociales derivadas del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes.
Así lo ha solicitado la consejera de Políticas Sociales del ayuntamiento, en rueda de prensa, Marian Orós.
A pocos días de que finalice el plazo para presentar solicitudes, el próximo 30 de junio, la consejera ha advertido de que la finalización de la fase administrativa no supondrá el final de los problemas derivados de este proceso.
"Algunos piensan que cuando se entregue la documentación el proceso habrá terminado, pero la realidad está muy lejos de eso", ha señalado.
Orós ha recordado que la regularización administrativa no garantiza por sí sola la autonomía económica, laboral ni residencial de las personas beneficiarias, que seguirán necesitando apoyo para acceder al empleo, a la vivienda y a procesos de integración social.
Las estimaciones apuntan a que entre 12.000 y 15.000 personas podrían acogerse a este proceso en Zaragoza.
Además de los 4.035 informes de vulnerabilidad ya emitidos por el Ayuntamiento, varias entidades sociales acreditadas también han participado en la tramitación de miles de informes, mientras que otras muchas personas accederán a la regularización a través de las distintas vías contempladas en el decreto, como el empleo o el arraigo familiar.
1.200 nuevos usuarios para los servicios sociales
Orós ha alertado del impacto que este proceso tendrá sobre la red municipal de servicios sociales.
De las 4.035 personas que han obtenido informes de vulnerabilidad emitidos por el Ayuntamiento de Zaragoza, más de 1.200 no figuraban previamente en las bases de datos de los centros municipales de servicios sociales.
"Muchas de estas personas no conocían los recursos municipales, otras tenían miedo a acudir a ellos y otras simplemente carecían de información. Pero la realidad es que, a partir de ahora, pasarán a formar parte del sistema municipal de atención social", ha explicado.
El Ayuntamiento estima que una gran parte de estas personas tardará meses en encontrar empleo estable o acceder a una vivienda, por lo que previsiblemente requerirán apoyo y seguimiento por parte de los servicios municipales.
Por este motivo, Orós ha reclamado al Gobierno de España recursos extraordinarios y programas específicos para atender las necesidades sociales derivadas de este proceso y evitar que toda la presión asistencial recaiga sobre las administraciones locales.
Balance
La consejera ha aprovechado la recta final del plazo de solicitudes para realizar también un balance de la primera fase del procedimiento, que ha calificado como "opaco, improvisado, sin planificación ni memoria económica, sin información y sin colaboración institucional", y ha recordado que el Consistorio ya advirtió meses atrás de los problemas que podía generar la aplicación de este decreto.
Pese a ello, ha puesto en valor la respuesta del Ayuntamiento.
"Quiero dar la enhorabuena y las gracias a todos los trabajadores municipales que han estado al pie del cañón durante estos meses. Han realizado un gran trabajo para solventar un problema sobrevenido que no es competencia municipal", ha afirmado.
La consejera ha destacado que Zaragoza ha sido una de las ciudades españolas que mejor ha gestionado este procedimiento gracias a la decisión de centralizar la emisión de informes de vulnerabilidad en la Casa de las Culturas, implantar la cita previa a través de la línea 900 y sincronizar los sistemas de gestión para agilizar la tramitación.
