Cabecera de la manifestación por el cierre de siete Zonas Jóvenes en Zaragoza
PSOE y ZEC critican el cierre definitivo de siete Zonas Jóvenes en Zaragoza: "Evidencia su falta de empatía"
Los partidos municipales han mostrado su rechazo a esta medida impulsada por el Gobierno de Natalia Chueca.
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Desde que se conoció que en la vuelta al cole del pasado mes de septiembre no se abrirían de nuevo las siete Zonas Jóvenes de Zaragoza saltaron las alarmas y provocaron el inicio de diversas manifestaciones, críticas y protestas. Incluso en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.
Así pues, el cierre definitivo de estas siete Zonas Jóvenes de Zaragoza por decisión del Ayuntamiento de Zaragoza ha generado la reacción por parte de otros grupos municipales como PSOE y Zaragoza En Común (ZEC).
El concejal socialista, Paco Galán, ha lamentado que “el Gobierno de Chueca haya decidido cerrar definitivamente las siete Casas de Juventud”, ya que este hecho “evidencia su falta de rigor y su falta de empatía con los jóvenes de la ciudad”. “No se pone en su piel ni en sus necesidades”, ha añadido Galán.
Igualmente, ha recordado que hace un mes se celebró un pleno extraordinario a iniciativa del PSOE para pedir a la alcaldesa de Zaragoza que diera marcha atrás: “Es un hecho que hemos denunciado y lo llevamos a un pleno extraordinario. Demandamos las condiciones de los trabajadores, pero también la de los usuarios, las familias y las redes que se construyen en esos espacios”.
Esta misma tarde se debate una PNL en las Cortes, también a petición del PSOE, pidiendo esa marcha atrás de una “política errática”. "A la señora Chueca solo la sacan en los medios de comunicación por sus sinsentidos, como ya pasó con el Pregón de este año", ha destacado Galán.
Reacción de ZEC
Por su parte, el concejal de Zaragoza En Común, Suso Domínguez, ha declarado que se ha consumado “la barbaridad que es el cierre de siete zonas jóvenes que se suman a la que ya se cerró hace más de un año en el barrio de Oliver”.
En ese aspecto, ha recriminado que Natalia Chueca no haya “escuchado a los vecinos y vecinas y a los jóvenes y profesionales” que durante este tiempo han estado diciéndole que era un auténtico sinsentido.”
“Estamos renunciando a un modelo de 30 años que se había convertido en una referencia para muchas ciudades de España, incluso del extranjero, y abandonamos un modelo socioeducativo con vínculos en los barrios por un modelo basado de los macrocentros que lo único que pretenden es el mero consumo de actividades”, ha subrayado Domínguez.
En definitiva, consideran que es una “barbaridad” y que “debería imperar el sentido común y echarse atrás”, aunque temen “que no va a ser así”.
Expediente del Ayuntamiento de Zaragoza
Por su parte, en el expediente del Gobierno celebrado este jueves 16 de octubre, el Consistorio defiende que el cambio de modelo del Servicio de Juventud responde a “auditorías y consultorías” y al trabajo interno del personal del Servicio de Juventud “bajo el paraguas de la Estrategia 2030”.
Además, el expediente expone que el Servicio de Juventud “debe evolucionar para integrarse en una red de recursos más amplia, diversificada y eficiente”, ya que “no se concibe ni como un diseño cerrado ni como un destino prefijado, sino como un proceso abierto, dinámico y en construcción permanente”.
“La transformación que se inició con la aprobación de la Estrategia Joven 2030 representa el comienzo de una nueva etapa en la manera de entender y poner en marcha servicios y programas para jóvenes”, apuntan desde el Ayuntamiento de Zaragoza.
Para avanzar en la implementación efectiva del nuevo modelo de política de juventud resulta “imprescindible reorientar los recursos económicos actualmente absorbidos por el modelo anterior, ya superado en sus planteamientos y funciones, hacia la nueva programación y los nuevos espacios”.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza señala que el 1 de agosto de 2025 se notificó a cada Zona Joven la voluntad de cese del servicio.
En el caso de Valdefierro, en respuesta a una alegación de la entidad Servisar Servicios Sociales S.L. que considera que el Ayuntamiento debería asumir el coste de las indemnizaciones que se deriven de la extinción de las relaciones laborales, defienden que desde el 1 de agosto “el tiempo transcurrido es un tiempo razonable para llevar a cabo posibles soluciones organizativas en relación con el personal afectado”.
