Vecinos de San José estallan contra la venta de los suelos de Alumalsa: "Es ir en contra de las necesidades del barrio"

El Gobierno de Zaragoza aprobó el pasado viernes sacar a la venta dos parcelas en el barrio de San José para la construcción de 106 viviendas. Los terrenos, que forman un solo lote con un presupuesto de 7.215.320,47 euros (sin IVA), están ubicados en la antigua factoría de Alimalsa.

El objetivo de esta operación, según explicó concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, es "saldar una deuda con el desarrollo urbanístico del entorno en Canal Imperial" poniendo fin a otro "agujero" urbano de la ciudad "que llevaba paralizado unos 50 años". Aunque, según han declarado a este diario, los vecinos no lo ven de la misma manera. 

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De hecho, desde la asociación vecinal de San José han expresado su rechazo "total" a que estos suelos se saquen a la venta para la construcción "viviendas libres". Una decisión que califican como una "maniobra que pilla a todo el mundo a contrapié" y que "va en contra de las necesidades sociales del barrio". 

Las necesidades del barrio

"Desde la asociación siempre hemos defendido que esos suelos tenían que estar destinados a vivienda pública, a vivienda en alquiler", aseguran a este diario. Asimismo, señalan que "no cumple con la necesidad detectada desde hace tiempo en el barrio, tanto de equipamientos públicos como de soluciones habitacionales para jóvenes y familias con menos recursos".

Los vecinos lamentan, además, la manera en la que se ha tramitado la decisión. "La han aprobado en agosto, cuando la gente está de vacaciones y es más difícil reaccionar. Todo se ha hecho a contrapié", reclaman. A pesar de ello, avanzan que ya han empezado a difundir su postura en redes sociales y que están valorando llevar a cabo movilizaciones.

Desde la asociación recuerdan que esta reivindicación viene de lejos. Ya en 2021, señalan que organizaron una movilización para exigir que los terrenos de Alumalsa se dedicaran a fines públicos. Desde entonces, aseguran que su postura "no ha cambiado".

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Los vecinos consideran que la venta de estos terrenos "vulnera el espíritu" de las leyes estatales y autonómicas que regulan el patrimonio público del suelo, "como el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Suelo estatal o el artículo 105 de la Ley de Urbanismo de Aragón". En ambos casos, se establece como finalidad "prioritaria" de estos suelos la construcción de viviendas "sometidas a algún régimen de protección pública".

Interpretación "forzada"

A juicio de la asociación vecinal, el Ayuntamiento ha utilizado una interpretación "forzada" de una excepción legal que permite otros usos "si el suelo no proviene de cesiones obligatorias". Sin embargo, insisten en que eso no justifica su destino a vivienda libre.

En este sentido, los vecinos advierten que la venta de estos suelos podría tener consecuencias "graves" en un mercado inmobiliario ya tensionado. Recuerdan que, según datos recientes, el precio medio del metro cuadrado en San José ha subido un 19 % en un año y supera los 2.200 euros.

En base a esta evolución y a la "ubicación privilegiada" de los terrenos junto al Canal Imperial, estiman que los pisos que se construyan podrían superar "los 350.000 euros", quedando fuera del alcance de muchas familias del barrio.

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Además, señalan que el propio Plan de Barrio de San José incluía la posibilidad de utilizar esos suelos para construir viviendas públicas en alquiler, “preferentemente en régimen de usufructo vitalicio por propiedad”, como fórmula para dar respuesta a la falta de oferta asequible. Esta propuesta, destacan, coincide con lo que la asociación viene reclamando "desde hace años".

"Lo contrario a lo prometido"

También recuerdan que en una comisión celebrada en enero de 2022, el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, declaró que esos suelos "solo se venderían si era para construir vivienda pública en régimen de alquiler con carácter social". Ahora, denuncian que "están haciendo justo lo contrario de lo que prometieron".

Para los miembros de la asociación vecinal de San José, lo más "grave" es que el Ayuntamiento está "renunciando" a intervenir en el mercado de la vivienda, "cuando tiene instrumentos legales y patrimoniales para hacerlo". En este sentido, aseguran que "se está dilapidando suelo público para hacer caja, beneficiando a constructoras que ya se lucran con un mercado inmobiliario al alza".

Los vecinos también alertan sobre el destino que pueden tener los fondos obtenidos con esta venta. "Tiene que reinvertirse en vivienda protegida, urbanismo o equipamientos. Si no, se estaría vulnerando el espíritu del artículo 47 de la Constitución" declaran.

En definitiva, aseguran que se trata de un expediente "plagado de agosticidad, oscurantismo y amiguismos, que ronda la ilegalidad, que incumple con lo comprometido formalmente por el Consejero de Urbanismo". Algo que "no se puede permitir", aseguran.