Los vecinos de Vía Hispanidad "todavía esperan respuesta" a sus 2.000 alegaciones contra la recalificación de los suelos

Los vecinos de Vía Hispanidad se han vuelto a pronunciar, este martes, en contra de la operación urbanística que reubicará dos instalaciones de la zona: el centro deportivo García Traid, donde juega el club de fútbol Hernán Cortés, y el skatepark. El Consistorio anunció a finales del año pasado que sacaría a la venta en 2025 estos terrenos, con los que se esperan ingresar unos 50 millones.

Unos planes para los que ha sido necesario iniciar una modificación del plan general urbano (PGOU), que se aprobó de manera inicial el pasado 30 de enero, y que ha contado con el rechazo de los vecinos desde el principio. Prueba de ello ha sido, no solo "las 2.000 alegaciones presentadas por los vecinos", sino todo el movimiento vecinal que se ha generado, llegando a formar la asociación vecinal Pirulí que convocó el pasado 19 de enero una concentración en el skate park a la que acudieron unas 500 personas.

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"Desde el primer momento los vecinos hemos hecho el trabajo del Ayuntamiento, en cuanto a la participación ciudadana", ha asegurado el presidente de la asociación vecinal, Pablo Ricardo Asín. Una tarea que ha tenido como resultado esas miles de alegaciones donde cada vecino implicado ha expuesto "sus motivos y posición en contra de esta macropoeración urbanística".

"Se destruyen los equipamientos"

Unos argumentos, que Asín ha resumido durante su intervención. Ha comenzado apuntando que "se destruyen los equipamientos existentes sin dotar de otros equivalentes, ni en el mismo ámbito ni en otros". Se ha referido así a la "destrucción" del campo municipal de fútbol García Traid, "que pretende ser reubicado a otro campo a más de 50 minutos andando".

Y no solo eso, sino que, según el presidente de la asociación, "se pierde un equipamiento deportivo que da servicio a 6.500 niños y adolescentes que residen cerca y estudian en colegios de la zona".

Otro de los motivos que ha señalado ha sido que "se destruye la pista de patinaje Ignacio Echevarría, que será reubicado en un espacio que ni siquiera los servicios técnicos consideran adecuado". Ha añadido que, este equipamiento, actualmente es usado por más de 500 niños y jóvenes de distintos clubs y escuelas de patinaje, "y es la única de toda la ciudad que cumple con los requisitos que exige la Federación Española de Patinaje".

Servicios "insuficientes"

En sus alegaciones también han señalado que "las dotaciones del sector ya son insuficientes para un barrio con una densidad de 110 viviendas, cuando la ley solo permite 75 como máximo". En este sentido, Asín ha expuesto que en el barrio sufren un "déficit de zonas verdes que pasaría de 12.000 metros cuadrados a 16.000 menos de lo que deberíamos tener".

Además, ha asegurado que el incremento de 470 viviendas supone unos 1.500 habitantes más. "Esto debería conllevar, por ley, el aumento de plazas de aparcamiento, pero la modificación pretende situar esta dotación obligatoria de aparcamiento público en los sotanos de los nuevos edificios, junto con las privadas de las viviendas, y venderlas cuando la ley exige que sean públicas", ha reclamado Asín.

Este aumento de vecinos en el barrio "supone que nuestro centro de salud, ya saturado desde 2026, lo esté aún más". Ha apuntado que estas instalaciones sanitarias solo están dotadas para atender 14.400 cartillas, "pero ya atiende a 17.462", una situación que asegura que empeorará "superando en más de 4.000 usuarios su capacidad y recursos".

En cuanto a los argumentos jurídicos, desde la asociación han asegurado que la supresión del equipamiento deja al entorno del barrio "sin una dotación demandada por los usuarios y vecinos" y han expuesto que "vulnera la legalidad".

"Operación para pagar La Nueva Romareda"

Según ha señalado Asín, entre los incumplimientos del ordenamiento jurídico, "ni la supresión del equipamiento se encuentra justificada en una causa objetiva ni tampoco su sustitución por un uso residencial". Es más, ha recalcado que el propio Ayuntamiento ha reconocido en el propio expediente que "la finalidad de esta operación era sufragar los gastos de La Nueva Romareda".

Por estos motivos, el presidente de la asociación ha asegurado que si es necesario "recurrirán a los Tribunales, una vez se haya aprobado de forma definitiva en el Pleno". Aunque de momento, ha señalado que todavía esperan una respuesta por parte del Ayuntamiento a las 2.000 alegaciones, "a las que tienen la obligación de responder".