Zaragoza pide responsabilidad al Gobierno central ante la crisis migratoria: "Al finalizar los programas acaban en la calle"

"Para que las personas migrantes tengan la posibilidad de poder vivir y trabajar en Zaragoza es fundamental que el gobierno de España esté encima y sea responsable".  Así de contundente se ha mostrado este miércoles la concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, tras reunirse con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, para exigir al Ejecutivo central una solución urgente ante el aumento de personas migrantes que se están quedando en la calle tras agotar los programas estatales de acogida.

La edil no ha dudado en denunciar la "falta de coordinación" entre administraciones y el abandono institucional que, a su juicio, está poniendo al límite los recursos municipales. Asimismo, Orós ha pedido medidas urgentes que garanticen la inclusión y el acompañamiento de las personas migrantes.

La reunión ha sido solicitada por el Ayuntamiento tras los recientes episodios vividos en el Hotel París y en la Casa de las Culturas, que han puesto de manifiesto —según ha señalado la concejala de Políticas Sociales— una descoordinación preocupante entre administraciones. "Los datos que nos han trasladado son distintos a los que nosotros manejamos. En la Casa de las Culturas atendimos a 27 personas, tres de ellas ya fuera del programa estatal, y el resto profundamente preocupadas por su futuro inmediato", ha declarado la concejala.

Cuatro peticiones clave

Durante la reunión, Orós ha trasladado al delegado del Gobierno en Aragón cuatro peticiones clave para afrontar la actual situación. En primer lugar, el Ayuntamiento exige una aclaración inmediata sobre los hechos ocurridos recientemente en el Hotel París y en la Casa de las Culturas. Desde el consistorio consideran que la gestión de las salidas de los programas estatales de acogida ha sido "confusa" y ha generado incertidumbre "tanto entre los afectados como entre los trabajadores sociales municipales".

En segundo lugar, se solicita que "el Gobierno facilite información mensual y detallada sobre las personas que finalizan su estancia en los programas estatales". Orós considera "fundamental" que se informe sobre cuántas personas salen, en qué condiciones lo hacen y qué documentación se les entrega al abandonar estos dispositivos. "La falta de esta información impide al Ayuntamiento planificar recursos y ofrecer un acompañamiento eficaz", ha asegurado.

En tercer lugar, el consistorio ha pedido la reactivación de la mesa de coordinación entre administraciones, un espacio de trabajo conjunto que permita anticipar situaciones de vulnerabilidad social y establecer protocolos de actuación más efectivos. Esta coordinación, subraya Orós, es "imprescindible para evitar la desprotección de los migrantes y el colapso de los servicios municipales".

Por último, el Ayuntamiento ha reclamado la creación de un programa estatal de acompañamiento para las personas que finalizan su paso por los dispositivos de acogida. Según Orós, muchos migrantes acaban en la calle "sin papeles, sin empleo y sin techo" tras agotar los plazos establecidos en los programas de ayuda humanitaria o de protección internacional. Un plan específico de transición permitiría, en su opinión, garantizar una mínima estabilidad a estas personas y evitar que caigan en la exclusión o en redes de explotación.

Una responsabilidad "compartida"

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha recordado que la gestión de la migración es "una responsabilidad compartida entre todas las administraciones" y ha defendido el papel que desempeñan las entidades de acogida concertadas con el Estado.

Beltrán ha señalado que cuando una persona migrante sale de los programas de protección por motivos previstos en la ley —como obtener un empleo—, "lo habitual es que inicie un proceso de integración mediante redes familiares o comunitarias". En este sentido, ha asegurado que la Delegación facilitará información sobre los centros de acogida de Aragón, pero ha reprochado al Ayuntamiento la falta de cooperación real al negarse a compartir datos sobre recursos propios, como los dirigidos a menores.

"No se puede hablar de coordinación si hay asimetrías", ha dicho, y ha insistido en que la solución a esta situación debe llegar desde la colaboración entre administraciones, evitando discursos alarmistas.