Fernando Samper, en el Juzgado de Teruel EFE
El dueño de Forestalia declara como testigo en un juicio contra la alcaldesa de un pueblo de Teruel por prevaricación
Teruel Existe denunció a la alcaldesa de Mosqueruela (PSOE) por la contratación de una asesoría de Cuenca para gestionar los impuestos de las renovables.
La alcaldesa contrató a esta asesoría por 14.999,99 euros, un céntimo por debajo del límite para adjudicar sin concurso público. En 2023, facturó 105.000 euros.
Más información: El número dos de Lambán se convirtió en socio de Fernando Samper (Forestalia) a los dos años de dejar el Gobierno
El presidente de Forestalia, Fernando Samper, ha comparecido este martes como testigo ante el Juzgado de Teruel en el marco de la causa abierta a raíz de una denuncia de Teruel Existe contra la alcaldesa de Mosqueruela, Alba Lucea (PSOE), por un presunto delito de prevaricación.
La denuncia viene motivada por posibles irregularidades en la contratación de una asesoría externa, radicada en Cuenca, vinculada a la gestión de impuestos municipales relacionados con proyectos de energías renovables.
Según la documentación aportada por Teruel Existe, en 2021 el Ayuntamiento de Mosqueruela contrató a una empresa de asesoría jurídica de Cuenca por un total de 14.999,99 euros más IVA, apenas un céntimo por debajo del límite de 15.000 euros que permite la adjudicación directa sin concurso público.
El contrato asignaba a la consultora la tarea de definir los criterios fiscales aplicables a las instalaciones de energías renovables en el municipio, que iba a ser uno de los afectados por el Clúster Maestrazgo, el mayor proyecto de renovables de Forestalia.
Posteriormente, en 2023, se habría suscrito un nuevo contrato con la misma firma y por el mismo objeto, por el que la empresa recibiría el 15% de los ingresos procedentes de los impuestos municipales aplicados a las renovables.
![Forestalia](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/12\/11\/actualidad\/1003744050999_260424256_320x180.jpg"])
En concreto, esta factura asciende a 105.000 euros, en concepto de tributos locales que iba a ingresar el Ayuntamiento por las obras del Clúster Maestrazgo.
La denuncia se fundamenta en el artículo 404 del Código Penal sobre prevaricación administrativa, aunque el colectivo no descarta que los hechos puedan derivar en otros delitos, como malversación de fondos públicos o tráfico de influencias. El Juzgado de Teruel admitió el caso a trámite el pasado 26 de enero de 2026.
![Jesús Lobera, en una rueda de prensa como director del Inaga](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/09\/actualidad\/1003744162642_261849733_320x180.jpg"])
Teruel Existe llegó a pedir la dimisión de la alcaldesa, del PSOE, si no resolvía esta situación irregular, a lo que la regidora contestó negándose a ello y retando al representante de Teruel Existe a denunciar los hechos en la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
