Centro de datos. iStock
Aragón alega contra los requisitos "casi imposibles" de Sánchez a los centros de datos: "No cumpliría ninguno"
Pide diálogo con los afectados y las comunidades y eliminar la retroactividad del decreto para no afectar a las inversiones en tramitación.
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El Gobierno de Jorge Azcón ha presentado este viernes una batería de alegaciones contra los requisitos “casi imposibles” que pretende imponer el Ejecutivo de Pedro Sánchez a los centros de datos.
Para la consejera de Economía, Eva Valle, el decreto estatal “compromete seriamente el desarrollo de una infraestructura clave para el siglo XXI”, dado que afecta a la competitividad de Aragón y del resto de España.
El ejemplo más claro es lo que sucedería con los centros de datos anunciados hasta el momento en la Comunidad, que suman una inversión superior a los 45.000 millones de euros: ni uno solo cumpliría. Ni siquiera los de gigantes como Microsoft o Blackstone.
Para la DGA, los requisitos exigidos distan mucho de la sostenibilidad y la viabilidad técnica y jurídica necesaria.
Esto podría suponer la “paralización efectiva” tanto de las inversiones ya en marcha como de las nuevas, poniendo en jaque al sector “con mayor potencial de crecimiento del país”.
Aragón centra sus alegaciones en cinco grandes bloques. Para Valle, los requisitos energéticos recogidos en los artículos 7, 8 y 9 son de “extremadamente difícil cumplimiento” con la tecnología disponible y la configuración actual del sistema eléctrico.
“Supone una restricción material cuasi plena al establecimiento y la ampliación de todo un sector, no solo en Aragón sino en el conjunto del país”.
El gran problema es que se fije una obligación del 80% de energía renovable adicional durante las 24 horas, un requisito que hace que el decreto no constituya realmente un mecanismo de ordenación sino “una barrera de entrada” muy efectiva a los centros de datos.
La Comunidad tiene claro que esto tiene que cambiar en la versión definitiva del documento, aunque no entra a valorar qué porcentaje se debería establecer, dado que eso compete al Ejecutivo de coalición.
Con todo, el Pignatelli considera que el proyecto “excede de la habilitación legal del Gobierno de España para llevar a cabo esta normativa”.
¿Por qué lo cree? Porque introduce restricciones que “deberían abordarse con una norma con rango de ley”.
Los efectos retroactivos son otra de las grandes preocupaciones del Gobierno aragonés, dado que se ponen en riesgo instalaciones que ya tienen los permisos concedidos.
El decreto supone una alteración “sustancial” respecto cuando se tomaron las decisiones de inversión, y estos cambios lo único que hacen es “aumentar el riesgo de litigiosidad”.
Si se aprueba esta versión, ha explicado la consejera de Economía, se introduciría un régimen más restrictivo que el que existe actualmente en el ámbito europeo.
El resultado colocaría a España, y por ende a Aragón, en una situación de desventaja competitiva, con el riesgo de que todas estas inversiones se deslocalicen en países vecinos.
Esto resulta doblemente llamativo, dado que el marco comunitario está aún en negociación y otros países están apostando por periodos de transición.
Por si todo esto fuera poco, el decreto no incluye una evaluación rigurosa “ni de los efectos económicos ni sobre la competencia”.
Así, Aragón espera que se reconsidere el régimen transitorio para evitar la retroactividad y que se revise alcance e intensidad de las obligaciones proyectadas para evitar la deslocalización de inversiones.
También pide diálogo con las comunidades y los sectores afectados, que, en conjunto, han presentado más de 500 alegaciones.
Sobre todo en un momento en el que se ha generado “mucha inquietud e incertidumbre entre los inversores”.
