Dos agentes de la UCO de paisano de camino a la sede de Forestalia donde aguardaban los medios de comunicación. EFE
Admitida a trámite una nueva denuncia penal contra el ex alto cargo de Ribera investigado por favorecer a Forestalia
Los proyectos ambientales de Forestalia acumulan una oleada de denuncias en los juzgados por las autorizaciones ambientales.
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Esta semana, la Guardia Civil ha sacudido los cimientos de Forestalia, la mayor promotora de renovables en Aragón, con la Operación Perserte: seis detenciones, entre ellas las del propietario Fernando Samper y un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, tras 12 registros en sedes de Madrid y Zaragoza, y domicilios privados.
La investigación destapa una presunta trama centrada en la manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para agilizar licencias de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos, sobre todo en Teruel.
Este escándalo se suma a una oleada de causas judiciales acumuladas desde 2022, impulsadas por diversas plataformas que cuestionan autorizaciones presuntamente irregulares del Gobierno central y autonómico.
Prácticamente a la vez que se realizaban los registros, el Juzgado de Instrucción número 3 admitía a trámite la denuncia penal de la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel contra Eugenio Domínguez como responsable de esas autorizaciones ambientales aprobadas de forma irregular.
Esta denuncia fue presentada inicialmente en la Fiscalía Anticorrupción, pero a finales de enero la derivó a la Fiscalía de Madrid. Por ello, desde Paisajes de Teruel optaron por llevarla también ante los juzgados de Teruel.
![Forestalia](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/12\/11\/actualidad\/1003744050999_260424256_320x180.jpg"])
Desde esta plataforma apuntan a un trato “claramente favorecedor” y presuntamente ilegal por parte del Ministerio para la Transición Ecológica en la evaluación ambiental de los proyectos de Forestalia.
El camino lo abrió el movimiento Teruel Existe en 2022, cuando presentó la primera denuncia contra el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) por la autorización de dos parques eólicos en la comarca Cuencas Mineras, en la provincia de Teruel.
Desde entonces, Teruel Existe ha acumulado varios paquetes de denuncias contra casi un centenar de proyectos de renovables en las tres provincias, tanto fotovoltaicos como eólicos y líneas de alta tensión.
En el punto de mira de todas estas organizaciones está el Clúster Maestrazgo, el mayor macroproyecto eólico del país con 122 aerogeneradores en Teruel, y una inversión que supera los 1.000 millones de euros. Fue impulsado por Forestalia y, tras recibir la autorización ambiental del Consejo de Ministros, ahora pertenece al fondo danés CIP, que no ha querido pronunciarse sobre la investigación.
Paralelamente, Paisajes de Teruel ha ido presentando en los juzgados de lo contencioso-administrativo varias denuncias contra las autorizaciones, advirtiendo de presuntas irregularidades en la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental.
La última denuncia penal en presentarse fue por parte de la plataforma 13M, que engloba a 17 entidades ecologistas, contra el Miteco, el Gobierno de Aragón y el Inaga por las autorizaciones de Forestalia.
La denuncia se fundamenta en 11 apartados, desde un presunto trato diferencial a Forestalia, externalizaciones de expedientes y fragmentación de proyectos, hasta el visto bueno a líneas de transporte de energía que deberían ser públicas y que la empresa pretendía construir.
Además, los ecologistas han denunciado también lo que consideran el ‘modus operandi’ de Forestalia, la división en “centenares de microempresas” para proyectos de “decenas de millones de euros”.
No en vano, Forestalia pagaba a Domínguez con participaciones en estas empresas del grupo Forestalia, que "engordaba" esas sociedades con inyecciones de capital para que el valor se incrementara, según la investigación, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Mientras se analiza todo ello, en el juzgado de Instrucción número 1 de Teruel se dirime sobre la paralización cautelar del Clúster Maestrazgo, algo que se podría decidir más pronto que tarde al ser la propia Guardia Civil quien lo solicita.
