Marina Sevilla: "No estamos aquí para tapar barros, el que quiera una comida copiosa, que se la pague con su dinero"

Asegura que, como directora general, "duele" autorizar en la misma semana una operación de endeudamiento para poder pagar las nóminas del Ayuntamiento de Aguarón y tener que ver cómo hay un alcalde que pasa facturas a esas arcas municipales "tan endeudadas" con precios absolutamente desorbitados, gambas, ostras y Riberas del Duero.

Sobre su futuro en política, Sevilla dice sentirse "muy lejos del PAR" y culpa a Alberto Izquierdo de dejarla sin "patria ideológica". "Una vez que sufres un destierro intencionado, manipulado y con trampas ya resulta difícil volver", asegura.

Va a ser una de las protagonistas del pleno extraordinario de la Diputación de Zaragoza de este lunes. El PSOE pide su dimisión con nombre y apellidos "por no garantizar la cobertura de vacantes y no velar por una adecuada custodia de los documentos oficiales que se remiten desde los ayuntamientos". ¿Qué tiene que decir de todo esto?

Me parece un pleno absolutamente fuera de lugar. Además, la justificación que plantean es totalmente inadecuada. Dato mata relato. Ellos dicen que no realizo la cobertura de vacantes cuando la Dirección General de Administración Local, bajo mi titularidad, ha batido récord de nombramientos.

Pondré un ejemplo. En 2021, con un titular socialista, hicieron cuatro nombramientos de interinos. En 2022 fueron 130 y en 2023, 64. Yo en tan solo un año, en 2024, hice 233 y en lo que va de 2025, 126. Si a lo que se refieren, por otro lado, es que no custodio los documentos, he de decir que los documentos que recibe esta Dirección General son todos públicos, a excepción de los expedientes disciplinarios contra los secretarios interventores.

Y, por otro lado, he de decirles que probablemente soy uno de los pocos altos cargos del Gobierno que está titulado por la Agencia de Protección de Datos de España.

Sobre el caso de Aguarón y la polémica gestión de Lucio Cucalón se ha dicho y escrito mucho, pero ¿cuándo empiezan a ver que algo no va bien?

Vimos que algo no iba bien cuando la Cámara de Cuentas emitió una orden a la Dirección General y al Gobierno de Aragón expresamente sobre ese ayuntamiento solicitándonos que ejerciésemos la tutela de la gestión municipal.

Lo hicimos con la normalidad y el rigor que se sigue siempre con todas las entidades locales. Particularmente empezamos a advertir cuestiones extrañas como consecuencia de la supervisión de unos acuerdos plenarios en los que observamos que había una licitación importante con un criterio de adjudicación que no era legal.

Requerimos, el Ayuntamiento de Aguarón puso oposición al principio y se decidió enviarlo al dictamen del Consejo Consultivo, que advirtió de graves irregularidades. Es muy claro. Todos los alcaldes y todos los concejales que tienen empresas y son empresarios pueden contratar con la Administración, pero tienen que ser rigurosos en el procedimiento y abstenerse totalmente.

En el caso de Aguarón, esas abstenciones no solamente no se han producido, sino que el alcalde ha formado parte de manera directa de las comisiones de valoración. Además, se ha advertido otro problema: que las licitaciones no siguen ningún tipo de procedimiento. Es más, en algunas, la mayoría, porque se han hecho hasta 21 contratos menores, no existe ningún papel. Y eso todos los alcaldes saben que no se puede hacer.

¿Cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso? ¿Por qué lo llevan ahora ante la Fiscalía?

No hay una gota que colme el vaso. Esta, de hecho, no es la primera vez que remitimos información de algunos ayuntamientos a la Fiscalía.

Las diputaciones provinciales están para ayudar a los ayuntamientos, para asesorarles técnicamente. En el caso del Gobierno de Aragón, sus competencias en materia de Administración Local tienen más que ver con el control. Es decir, las diputaciones provinciales ayudan y la Dirección General de Administración controla.

Entonces, no es que haya una gota que colme el vaso. Es simplemente que cuando se advierten una serie de irregularidades que pueden ir más allá de la irregularidad administrativa es nuestra obligación remitirlo a la Fiscalía para ver si puede haber algo más allá.

¿Qué documentación han remitido al fiscal?

Lo que tiene es una denuncia donde se acredita que se están realizando una serie de adjudicaciones a unas mercantiles directamente vinculadas con el alcalde en unas cuantías importantes, con fraccionamientos de contratos y sin ningún tipo de procedimiento administrativo.

Hay que tener en cuenta que Aguarón ya fue advertido por la Cámara de Cuentas. Y respeto a Lucio Cucalón como alcalde, pero desde el punto de vista de la gestión municipal, su labor ha sido caótica. Estamos hablando de un Ayuntamiento en el que se creó una sociedad municipal urbanística que se endeudó en más de un millón y medio de euros, y eso tuvo mucha repercusión para el Consistorio, que lo avaló para hacer un polígono industrial que no existe.

"Lo que ha pasado con el millón y medio de euros de la Sociedad de Desarrollo de Aguarón lo sabrán ellos. Ni la Cámara de Cuentas y la Dirección General han sido capaces de desentrañar lo que ha ocurrido"

¿Qué ha pasado con ese millón y medio de euros?

Lo sabrá la gestión municipal, ellos sabrán lo que ha pasado, porque ni la Cámara de Cuentas ni la Dirección General de Administración Local han sido capaces de desentrañar lo que ha ocurrido con ese millón y medio de euros.

Es cierto que se han visto cosas, como que se han pagado expropiaciones o terrenos muy por encima del valor del mercado. Ellos sabrán lo que han podido hacer cuando uno tiene una sociedad municipal urbanística, se endeuda en un millón y medio, parte de esa deuda se traslada al ayuntamiento de Aguarón y no hay un metro cuadrado de polígono industrial hecho.

Es una incógnita que tendrán que responder los que tengan que responder en los tribunales y en los sitios en los que tenga que dilucidarse esa cuestión.

Como directora general duele observar que yo tengo que autorizar en la misma semana una operación de endeudamiento para poder pagar las nóminas del Ayuntamiento de Aguarón y luego tengo que ver cómo hay un alcalde que pasa facturas a esas arcas municipales tan endeudadas con precios absolutamente desorbitados, gambas, ostras, Riberas del Duero, etc. que no tienen por qué ser pagadas con los recursos públicos. Si alguien quiere una comida copiosa, que se la pague con su dinero.

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, decía esta pasada semana que las administraciones están para defender a los alcaldes, no para denunciarlos; que no había caso. ¿Qué opina?

El presidente de la DPZ parece desconocer varios aspectos. El primero, que fue el Tribunal de Cuentas quien indicó a la Dirección General de Administración Local que se debía trasladar este asunto a la Fiscalía tras advertir 21 contratos sin expediente alguno y dos contratos mayores nulos, todos a favor de empresas vinculadas al alcalde de Aguarón.

El segundo, que la tutela de la legalidad jurídica y financiera de las entidades locales aragonesas es competencia exclusiva del Gobierno de Aragón, no de las diputaciones provinciales. No es una opinión: así lo marca la ley.

Y en tercer lugar, que ni la DGA ni la DPZ deciden si hay o no hay caso ni si hay o no delito: eso corresponde a los jueces.

Coincido en que todos estamos para apoyar a los ayuntamientos, trabajamos en ello cada día. Pero apoyar no significa mirar hacia otro lado cuando un secretario-interventor advierte de graves irregularidades. La mejor forma de defender a los alcaldes de Aragón es garantizar que actúan siempre dentro de la legalidad.

Se está hablando, sobre todo, de la última etapa de Lucio Cucalón como alcalde, pero lleva en total más de 30 años. ¿Creen que puede haber más?

Ahí no puedo pronunciarme. Yo estoy hablando de la etapa en la que yo he sido directora general. Sé también que la Cámara de Cuentas, en un informe del año 2023, significó que no podían saber lo que había pasado en ese Ayuntamiento en cuanto a la sociedad municipal urbanística.

Pero yo solamente firmo lo que escribo y lo que yo advierto. El caso de Aguarón es muy excepcional, como también lo son otros casos de expedientes disciplinarios de habilitados o algunas remisiones a Fiscalía que hemos hecho con algún otro alcalde aragonés.

En la administración pública local trabajan más de 20.000 personas y en equipos tan amplios tiene que haber de todo, pero como regla general quiero decir que la mayoría de los alcaldes aragoneses trabajan gratis, su ayuntamiento les cuesta dinero, dan muchísimo más de lo que reciben y no hay nada que más respeto me produzca que un alcalde o una alcaldesa aragonesa.

No es plato de buen gusto denunciar a nadie porque no estamos para eso, sino para tutelar, ayudar y colaborar, pero lo que no podemos hacer es tapar cosas. La Dirección General está para ayudar a alcaldes y tutelar ayuntamientos, no para tapar barros que no nos corresponde tapar.

En la denuncia a Fiscalía se dice que tienen muchísimos problemas para cotejar las facturas de Aguarón y de la comarca Campo de Cariñena porque llegan mal o por duplicado. ¿Es algo generalizado en el resto de ayuntamientos de Aragón o son casos muy puntuales?

Yo creo que son casos muy puntuales, no he tenido denuncias en esos términos encima de la mesa. En el caso de Aguarón sí.

En otros sitios yo no puedo garantizar que no se puedan estar haciendo cosas mal, pero desde luego denuncias de secretarios e interventores no ha habido.

"El PSOE-Aragón tendrá que aclarar al próximo secretario de Aguarón en qué condición está este alcalde. No es lo mismo un alcalde que represente al PSOE que uno que forme parte del grupo mixto. Tiene su repercusión en el pleno"

En junio, el PSOE mandó un comunicado en el que decía que Lucio Cucalón ya no formaba parte del partido. ¿Tiene la Dirección General constancia de que esto es así? ¿Ha habido algún tipo de notificación en este sentido?

Yo sé que el secretario-interventor de Aguarón requirió al alcalde dos cuestiones. La primera, si había suscrito hojas de intereses declarando los que tenía con carácter previo a su toma de posesión, que parece ser que no. Y también le requirió expresamente si seguía formando parte del PSOE, entre otras cosas porque eso tiene su repercusión en el pleno.

No es lo mismo un alcalde que represente al PSOE que uno que forme parte de un grupo mixto. Pero también sé que el alcalde de Aguarón no ha ofrecido respuesta escrita en esos términos. Sí lo hizo en el pleno, donde aseguró que no había sido expulsado y que formaba parte del Partido Socialista. Será el próximo secretario o secretaria de Aguarón quien tendrá que dilucidar eso requiriendo expresamente al PSOE-Aragón que aclare en qué condición está este alcalde.

Este asunto ha ido mucho más allá de Aguarón. Se ha convertido casi en una guerra entre PP y PSOE. ¿Cree que los socialistas tendrían que haber actuado con mayor contundencia?

Yo estoy aquí como titular de la Dirección General de Administración Local y no quiero meterme en esas cuestiones de tipo político. Yo sé lo que habría hecho yo como política que ejerce responsabilidades en el seno de un partido, pero no quiero pronunciarme. Para mí, creo que resulta más que evidente.

Están empezando a conocerse facturas de Lucio Cucalón en su faceta de presidente de la comarca Campo de Cariñena. ¿Pueden salir más cosas?

Lo desconozco. Sí confío en que los servicios técnicos de la comarca de Cariñena han sido llevados por secretarios interventores con mucho más rigor.

"Nadie quiere ir a Aguarón": las polémicas del alcalde de la gamba roja dejan al Ayuntamiento sin secretario

Desde el PP se criticó que Lucio Cucalón no pidiera a un secretario cualquiera, sino al secretario de Tobed, el pueblo del que es alcalde Juan Antonio Sánchez Quero. ¿Pueden pedir los alcaldes a un secretario con nombre y apellidos o se ha excedido el PP?

Como con todo en la vida, aquí hay dos planos: el técnico y el político. Desde el punto de vista técnico y legal, cualquier alcalde puede pedir a su diputación provincial una comisión circunstancial para que la Diputación habilite a un secretario-interventor del cuerpo de habilitados para llevar a cabo una misión, ya sea para hacer un pleno o pagar unas nóminas.

La comisión circunstancial efectuada sobre ese secretario es absolutamente legal. Yo estoy agradecida en ese sentido de que haya habido un secretario-interventor que haya llevado el pleno de Aguarón porque tenía y tiene cosas pendientes y a mí, desde el punto de vista de la Dirección General, me interesa que el Ayuntamiento de Aguarón siga funcionando.

Desde el punto de vista político igual puede ser más cuestionable, pero a mí me parece que el secretario-interventor lo hizo con muchísimo rigor. Gracias a estas comisiones circunstanciales, los ayuntamientos, cuando no tienen secretarios interventores, pueden seguir funcionando.

Ese secretario iba con un día de inicio y otro de fin y, de momento, Aguarón sigue sin tener un secretario… ¿Qué va a pasar con las nóminas y los plenos?

Seguirán pudiendo hacer comisiones circunstanciales, y de forma excepcional, la Dirección General ha vuelto a hacer un procedimiento de búsqueda de secretarios para un municipio que, pese a estar muy próximo a Zaragoza, ha terminado teniendo que ser declarado de difícil cobertura. Yo calculo que dentro de poquito podremos ofrecer tres o cuatro propuestas de secretarios para que el alcalde de Aguarón pueda elegir a uno de ellos y se proceda a su nombramiento definitivo.

"Estamos trabajando en una ley de régimen jurídico para el pequeño municipio, pero si no hay una modificación de la legislación básica del Estado se quedará más escasa de lo que todos desearíamos"

Hablando ya en líneas generales, ¿se están encontrando más dificultades para conseguir secretarios interventores para los pueblos más pequeños?

Siempre ha habido dificultades para encontrar secretarios en los pueblos más pequeñitos, pero se cubren todos. Es más, digo con orgullo que encontramos un secretario-interventor para ir al municipio más pequeño de Aragón, que es Salcedillo, y que decidió quedarse a vivir allí.

Los trabajos de la Dirección General a través de la bolsa de interinos son muy intensos, conllevan gran parte de la ocupación de nuestro día a día y, afortunadamente, siempre encontramos secretarios interventores interinos para todos los municipios de Aragón. Y si no, los ayuntamientos saben que pueden hacer ellos su propia bolsa para poder buscar un secretario o que la ley les permite que las funciones de secretaría de Intervención las lleve su diputación provincial, igual que se hace en otras comunidades autónomas.

Es cierto que nuestras diputaciones provinciales son más inversoras, más de ayuda económica a los ayuntamientos que de llevarles las funciones de secretaría e intervención, como en otros territorios.

Hay muchos municipios en otras comunidades donde los pequeños ayuntamientos no tienen secretarios interventores porque son llevados desde las diputaciones provinciales. No es el caso de Aragón, pero es posible.

¿Qué retos y dificultades afronta ahora mismo la Administración local?

La dificultad más notable que encontramos en la Administración local aragonesa es que tenemos ayuntamientos muy pequeñitos que cuentan con medios técnicos escasos y, sin embargo, para realizar sus funciones tienen todo el peso del acervo normativo en materia de contratación, de personal... Al final, para sacar un contrato las obligaciones son las mismas para el Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene decenas de funcionarios, que para uno pequeño. En ocasiones, pesa como una losa.

Es verdad que necesitaríamos dotar probablemente a las comarcas y a las diputaciones, e incluso al propio Gobierno de Aragón, de mayores recursos humanos para apoyar a estos ayuntamientos cuando salen convocatorias de subvenciones o cuando tienen que hacer un proyecto más importante, pero no es fácil.

El reto está en hacer una ley de régimen jurídico del pequeño municipio, en la que estamos trabajando, pero indudablemente si no hay una modificación de la legislación básica del Estado que establezca un régimen singular para los pequeños ayuntamientos, seguramente se quedará más escasa de lo que todos desearíamos.

Ellos lo han dicho, por ejemplo, tras las últimas tormentas. Se quejan de que tienen muchas dificultades y no pueden llegar con tanta facilidad como los grandes municipios a presentar toda la documentación y cumplir los plazos...

Los plazos que estamos dando son amplios y, además, estamos haciendo una cosa muy sencilla: en cuanto vemos los daños y se resuelve, anticipamos el dinero para que ellos ya puedan tirar, hacer sus licitaciones y reparar. Peor es el caso de lo que sucede con el Gobierno de España, que todavía no ha resuelto ni siquiera la primera convocatoria -la del año pasado-, y tampoco hace anticipos. Ahí sí que a los pequeños municipios y a aquellos que no tienen remanentes les dejan en una situación de vulnerabilidad en la que el Gobierno de Aragón está intentando echar una mano.

Es cierto que los pequeños ayuntamientos no disponen de arquitectos, que tienen que tirar de contratos externos o del apoyo de las comarcas, pero en la medida de lo posible, creo que todos saben que el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Aragón por ayudar en la recuperación de los daños y la reparación de sus caminos e infraestructuras es máximo. Todos están viendo cómo hemos resuelto convocatorias en el plazo de un mes, dándoles el anticipo, mientras que otras administraciones como la del Estado llevan valorando meses y meses.

¿Podría la IA ayudar a agilizar todos estos procesos? ¿Están metidos en harina?

Sí, hemos hecho jornadas en esta materia. La inteligencia artificial va a ser una herramienta muy útil en el ámbito de las administraciones públicas, pero siempre tendrá que haber un funcionario detrás que supervise y que controle que, efectivamente, esa herramienta da unas respuestas absolutamente razonables porque al final, las administraciones trabajan con personas y con datos muy sensibles.

"A mí, Alberto Izquierdo me dejó de alguna manera sin patria ideológica, pero he de decir que ahora ejerzo mi aragonesismo con muchísima pasión junto al PP de Aragón"

Pasemos ahora a hablar de usted, ¿cómo se encuentra en el plano político?

Yo en la parte política, como siempre digo, soy aragonesista, trabajo junto al PP de Aragón, no soy militante y estoy con muchas ganas de seguir trabajando como directora general de Administración Local, de seguir sirviendo a todos los ayuntamientos y a todos los alcaldes y cuento con la confianza del presidente de Aragón, Jorge Azcón, al que le debo muchas cosas por haber confiado en mí para este reto tan apasionante.

Hablemos también de pasado y futuro. ¿Cómo ha visto los últimos movimientos del PAR con Alberto Izquierdo al frente?

Los veo normales, no le quedaba otra oportunidad y para mí, el PAR queda muy lejos. Yo soy aragonesista, aragonesista de centroderecha, podría decir. A mí, Alberto Izquierdo, de alguna manera, me dejó sin patria ideológica, pero he de decir que ejerzo mi aragonesismo con muchísima pasión ahora junto al PP de Aragón. No soy militante, pero me siento ampliamente respaldada por el presidente Azcón, que también es muy aragonesista y estoy feliz como estoy.

Dice que el PAR le queda muy lejos, entiendo que no se plantea volver...

Yo no me planteo volver al PAR, no porque no respete o no quiera a muchos compañeros y muchos alcaldes que están allí, sino porque a veces cuando se cruza tanta tormenta y tanto daño… Al final, fue mi partido y yo no puedo negar que lo apreciaba y estimaba. Yo tenía mi patria ideológica, pero una vez que sufres un destierro intencionado, manipulado y con trampas ya resulta difícil volver.

Decía también que no milita en el PP. ¿Se ha planteado afiliarse?

Es una cuestión que no tengo todavía decidida, pero estoy muy feliz trabajando en el Gobierno de Jorge Azcón, quien creo que es un presidente muy aragonesista, y en ese sentido he encontrado un refugio en su gestión y en la confianza que, como aragonesista, me ha dado en plenitud.

Quedan dos años de legislatura. ¿Cómo se plantea el camino hasta 2027? ¿Qué hará de cara a las próximas elecciones autonómicas?

Como política no acostumbro a mirar a largo plazo, miro más el día a día. Yo ahora estoy aquí, mi obligación es servir a los ayuntamientos y a los alcaldes y hacerlo con el equipo de la Dirección General de la mejor manera posible. En el medio plazo estoy contenta, quiero que se valore la gestión que la Dirección General de Administración Local está haciendo, pero trabajo en el día a día, porque el día a día con 731 ayuntamientos y 560 interventores ya tiene demasiada intensidad.

Cuando un alcalde o un secretario-interventor nos llama sabemos que tiene un problema. Nos llaman mucho a veces, y mi día a día es lo suficientemente gratificante como para seguir queriendo estar donde estoy y seguir siendo útil a los ayuntamientos, a los concejales y a los secretarios-interventores de Aragón, que son el eje de la política más noble y más grata que hay.