Carmen, pensionista de 88 años víctima de okupación: "Me dijeron 'vieja, te vamos a soltar a los perros' "

"Vieja, te vamos a soltar a los perros" es una frase que Carmen Carnicer ha escuchado en innumerables ocasiones en el último año y medio. En septiembre de 2023 decidió alquilar la planta baja de su residencia familiar en la urbanización de Pescadores en Caspe y a los dos meses dejaron de pagarle el alquiler.

Carmen es una pensionista de 88 años víctima de okupación y hace año y medio decidió poner en alquiler la planta baja de su casa familiar "para hacer frente a los gastos básicos que tiene la casa". Se trata de una residencia familiar que construyeron Carmen y sus dos hermanos "con mucho esfuerzo".

Por circunstancias de la vida, tuvo que volver a su residencia en el centro del pueblo, y como no iba a residir allí consideró que era buena idea alquilar la planta de abajo. "Me dejé aconsejar por un chico del pueblo que se dedica a alquilar casas y me comentó que había un matrimonio interesado", explica a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

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En septiembre de 2023 se firmó el contrato de alquiler por el que los inquilinos debían de pagar 400€ mensuales. Para acceder a la vivienda demostraron que tenían ingresos suficientes como para hacer frente a la mensualidad. Sin embargo, resultó ser falso y a los dos meses dejaron de pagar la cuota.

Ante estos hechos, el 24 de diciembre de ese mismo año, Julio, el hijo de Carmen, acudió a las dependencias de la Guardia Civil a interponer una denuncia por robo e impago. "En una de mis visitas a la zona no alquilada, me di cuenta que faltaban muchas cosas", cuenta Julio.

Sin embargo, cuando visitó el cuartel le alertaron: "De que ya había un dispositivo contra el marido y me recomendaron no intervenir", subraya. Unos días después, un operativo de la Guardia Civil detuvo al matrimonio por varios robos que habían tenido lugar en el municipio.

Los okupas estaban utilizando los almacenes colindantes, y no alquilados, para guardar material robado. Los agentes encontraron un remolque, tres placas de vehículos, un depósito de 1.000 litros de capacidad, multitud de material de pesca, varias garrafas que contenían 200 litros de gasoil y el depósito de combustible de una embarcación.

Entre tanto, Carmen bajaba a dar vuelta al trastero anexo a la vivienda y que no estaba alquilado. Durante sus visitas, la mujer y la hija se ensañaban con ella: "Vieja, usted no tiene que venir aquí, que mandamos nosotros", relata.

Destrozos en la vivienda E.E.

Lo ocurrido no solo se queda así, ya que para que en la casa haya agua, se suministra desde la acequia con un motor de gasoil en el que caben 1.000 litros. Antes de que entrasen a vivir, la afectada señala que lo dejaron lleno, donde los okupas vieron un negocio: "El marido robó la mitad del depósito y el resto lo vació y fue directamente a la acequia", cuenta.

Al tratarse de un delito medioambiental, desde el SEPRONA avisaron a Carmen: "Vinieron a avisarme de que mi motor perdía gasoil y estaba contaminando el agua de la acequia, les expliqué la situación y no llegaron a denunciarme", señala aliviada.

Con todo ello y con el caso en trámite judicial, el 29 de enero de este año tenían que haberlos desahuciado. Sin embargo, por un error del agente judicial no fue así. Meses después, el 3 de marzo, los okupas recurrieron a la justicia para poder acogerse a su derecho de tener un abogado de oficio y presentar una defensa en el juicio.

Por el momento, Carmen no tiene una respuesta judicial y está a la espera de la celebración del juicio cuando se les asigne abogado de oficio a los okupas.

Okupación e inquiokupación

La situación que vive Carmen es un reflejo del fenómeno conocido como "inquiokupación", una variante de la okupación tradicional que afecta especialmente a propietarios particulares.

Mientras que la okupación suele asociarse a la entrada ilegal de personas en viviendas deshabitadas o abandonadas, la inquiokupación ocurre cuando un inquilino accede a la vivienda mediante un contrato de alquiler y, tras unos meses, deja de pagar la renta y permanece en la vivienda sin intención de marcharse.

Este tipo de casos genera una gran indefensión para los propietarios, quienes, como Carmen, se ven atrapados en largos procesos judiciales para recuperar su propiedad, enfrentándose además a situaciones de acoso y amenazas.