Los alcaldes exigen más Guardia Civil y agilidad para colocar cámaras ante la amenaza de la inseguridad

La seguridad se ha convertido en uno de los grandes retos del medio rural, un problema que viene de años atrás y que puede llegar a amenazar el crecimiento de estas localidades. Conscientes de que “invertir en seguridad es invertir en tranquilidad”, muchos alcaldes están haciendo verdaderos esfuerzos -económicos y administrativos- para instalar cámaras y dar más garantías a sus vecinos. Sin embargo, estas medidas no siempre son suficientes o, directamente, no llegan a tiempo, de ahí que exijan “más agilidad” y “más efectivos de Guardia Civil” para evitar que los problemas vayan a mayores.

Estas son algunas de las reflexiones que dejan Carmelo Pérez, presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) y alcalde de Belchite; Jesús Bazán, regidor de Épila, y Ana Jarque, máxima representante de Caspe, en el III Foro de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, centrado en la seguridad en el territorio.

“En Caspe, el crecimiento poblacional de los últimos 15 años y los refuerzos de seguridad no han ido a la par. No es que no hayan sido igualitarios, es que, en el caso de la Guardia Civil, han ido mermándose. Se han ganado servicios como el Viogén, pero se ha sacrificado la seguridad ciudadana”, dice su alcaldesa.

En el caso de Épila, las plantillas están completas, pero se necesitan más efectivos. “Es necesario dar tranquilidad a los vecinos, vivir tranquilo es lo más importante que hay. Entre todos tenemos que intentar minimizar el problema, y digo minimizar porque erradicarlo del todo será muy complicado”, admite Bazán.

Aunque la tasa de reposición es superior a 1, cree que el Estado “tendría que aumentarla a 1,5 o 1,7 para dotar de más efectivos los cuarteles de los pueblos”. Muchos tienen un horario limitado que hace que poner una denuncia no siempre resulte fácil. “Nosotros necesitaríamos, posiblemente, el doble de guardias civiles”, afirma.

El presidente de la Famcp, por su parte, recuerda que de los 731 municipios de Aragón, 541 tienen menos de 500 habitantes. A esto se añade otro problema: la dispersión. En la comarca del Bajo Aragón-Caspe, por ejemplo, solo una localidad está a 7 kilómetros de la cabecera de comarca, mientras que otras, como Mequinenza, están a 50. Y para todas “solamente hay una patrulla”. “Se puede dar la circunstancia de que una noche haya habido una violencia de género en un municipio a 40 kilómetros del tuyo y tarden cinco horas en atender al resto. Cuando eso ocurre mandan refuerzos desde Zaragoza, pero estamos a una hora de distancia. La Guardia Civil que tenemos es muy profesional y muy competente. Estoy convencida de que trabaja por encima de sus posibilidades, pero no hay suficientes personas dotadas en esos puestos”, coincide Jarque.

Las cámaras de seguridad son una de las herramientas “más demandadas a día de hoy”. Hasta 2019, solo los alrededor de 20 municipios que tenían Policía Local podían instalarlas, pero el cambio normativo está haciendo que cada vez sean más las localidades que tienen una o que, al menos, la han solicitado. Tanto que el número de peticiones se ha multiplicado, provocando un embudo de difícil solución.

“Antes podía haber 20 solicitudes, y ahora van 20 a una sola comisión. Es un procedimiento lento, y eso que la comisión se reúne ahora todos los meses en vez de cada tres o cuatro. Hay que tener paciencia y ver si hay fórmulas para agilizar toda esa burocracia, que afecta sobre todo a los municipios más pequeños. Sería conveniente que los permisos se pudieran dar con más rapidez. Además, existe un problema añadido, ya que cada año hay que renovar las autorizaciones, una cuestión que depende del Estado”, indica el también alcalde de Belchite.

Su Ayuntamiento es un claro ejemplo. Tiene cámaras solicitadas, pero aún no ha podido instalarlas. La explicación es que, antes de montar una, desde la comisión se tiene que certificar que cumplen la legalidad y las normas de protección de datos.

Efecto disuasorio

Estos aparatos han demostrado tener efecto disuasorio. También han ayudado a esclarecer más de un robo. “Quien quiere cometer un delito en una zona con cámaras tiene que andarse con mucho más cuidado o, directamente, olvidarse de ello”, señala Jesús Bazán.

Las más nuevas permiten leer, incluso, las matrículas de los vehículos, un aspecto que, según Carmelo Pérez, han de tener muy en cuenta los alcaldes a la hora de elegir entre un modelo u otro. “Además, si se ve la matrícula normalmente también se ve la cara de quien conduce”, añade.

En Épila cursaron la primera solicitud en 2020. En una primera fase pusieron cinco cámaras en las entradas y salidas del pueblo, y en una segunda incrementaron el número de unidades hasta llegar a las 20. Pero no se quedan ahí. “A la comisión de este pasado lunes han ido tres más, y tenemos un estudio para seguir ampliando. Ahora estamos relativamente tranquilos, pero hay que seguir mejorando”, relata el regidor.

Caspe sabe bien qué es estar en el foco. “Sufrimos una oleada de robos durante un mes y medio. La sensación de inseguridad y nerviosismo que se genera es un muy grande, afecta mucho psicológicamente. Fueron robos que iban directamente contra los negocios. No eran de cuantías elevadas, pero provocaron unas incidencias y unos destrozos importantes. Todo esto hizo una huella muy grande y nos llevó a levantar la mano y decir ‘tenemos un problema”, expone.

La sensación de tranquilidad, una de las grandes ventajas del medio rural frente a las grandes ciudades, se ha ido “aminorando” con este tipo de episodios. Para Jarque, la legislación actual es “muy blanda” o “poco dura” con este tipo de delitos. “Hemos llegado a tener a una persona que había robado 16 veces y no se le podía meter en la cárcel. Es necesario revisar todas esas leyes y endurecerlas. Cuando hay un crecimiento poblacional grande como el nuestro, no todas las personas que vienen tienen la misma educación y los mismos valores en cuanto al cumplimiento de ordenanzas municipales o las normas de tráfico”, reconoce.

Las últimas detenciones han hecho que el municipio respire más tranquilo y haya vuelto a unos niveles de seguridad similares a los de 2024. En su caso, las cámaras se han convertido en ‘un vecino más’. “Estamos pendientes de una resolución de 15. Vamos por 53 y ahora vamos a poner tres más. Además, estamos trabajando en un convenio para que pueda tener acceso la Guardia Civil, pero, al margen de todo esto, necesitamos más refuerzos. La población ha crecido y es necesario que todo el mundo entienda que no se puede delinquir, independientemente de cuál sea su procedencia”, remarca.

En cuanto a la Policía Local, que ha tenido a gran parte de su plantilla de baja en este arranque de año, todas las miradas están puestas en 2026. “Con el curso de los años se perdieron ocho plazas. Ahora hemos rescatado hasta 16 y vamos a cubrir cuatro. Para el próximo año esperamos recuperar la tasa de reposición que se perdió tiempo atrás y llegar a la plantilla ideal, que estaría entre los 22 y los 24 agentes. Así se podría recuperar el turno de noches que se perdió hace ya 7 u 8 años”, indica.

Desde Belchite también ven necesario concienciar a la ciudadanía para que, cuando sufran o sean testigos de un delito, denuncie. Lo mismo piensa el alcalde de Épila, que anima a sus vecinos a ponerse en contacto con quien tengan más confianza -ya sea la Policía Local, la Guardia Civil o el propio Ayuntamiento- cuando se den este tipo de situaciones.

Otro avance, a juicio de Carmelo Pérez, ha sido la convocatoria unitaria en las oposiciones a Policía Local que ha puesto en marcha el Gobierno de Aragón. Hasta ahora una demanda “histórica”, ha supuesto un gran avance que beneficiará, sobre todo, a los municipios del medio rural que cuentan con este cuerpo.

Planificación a futuro

Con las inversiones milmillonarias anunciadas por el Ejecutivo de Jorge Azcón se espera, también, un importante crecimiento poblacional. En Épila no tienen dudas de que la seguridad, al igual que la sanidad o la educación, ha de ser un tema capital a la hora de planificar ese crecimiento, dado que quienes ya viven en la localidad y los que van a hacerlo “quieren vivir tranquilos”.

Los tres alcaldes coinciden en que los municipios necesitan más presencia de agentes en las calles. Las acciones adoptadas tendrán efecto a medio plazo, de ahí la necesidad de “no bajar la guardia”. “Necesitamos que los dispositivos de seguridad estén más fuertes. Una sola persona puede llegar a generar una sensación de inseguridad muy grande, y ningún ciudadano merece eso”, afirma Jarque.

Dar con la tecla, admite el presidente de la Famcp, es “complicado”. Y más teniendo en cuenta que cada municipio tiene una casuística diferente. A esto se añaden factores como la propia amplitud del territorio o la despoblación, que tendrían que servir para dotar a Aragón “de una excepcionalidad” por sus especiales características. Por ello, creen que la reivindicación que se persigue con la nueva financiación autonómica, para la que se piden incluir los criterios de despoblación y orografía, debería aplicarse también en materia de seguridad ciudadana.

Entre tanto, desde Épila animan a los alcaldes a hacer “un pequeño esfuerzo” y “llegar hasta donde puedan llegar” para reforzar la seguridad en sus calles. Y en caso de no poder reforzar las plantillas de Guardia Civil, municipios como Caspe instan al Estado a dar subvenciones a todos los pueblos, incluidos los más pequeños, para que tengan Policía Local propia.