La batalla sanitaria en la Comunidad Valenciana sigue enfrentando al sindicato médico con la Conselleria de Sanidad. Los profesionales critican la actitud de la Generalitat por sus ofertas "siempre a la baja" y que no tienen en cuenta "la principal problemática".

Así, lamentan que no se aborden temas como la sobrecarga laboral en consultas, número de guardias y derecho a la exención por edad, el pago de hora a cantidades similares a las pactadas en otras comunidades autónomas.

Un ejemplo de ese choque está en que consideran "irrenunciable" la jornada de cinco días a la semana. Un objetivo que ya está planteado en otras autonomías y con la que pretenden una jornada de 35 horas distribuida de lunes a viernes, de 8 a 15 en Hospitalaria y en Atención Primaria en jornada de mañana o tarde de 8 a 15 y de 14 a 21.

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El siguiente punto que recogen es conseguir el permiso para el desarrollo de la especialidad en una actividad secundaria privada. Un punto en el que piden que sea "siempre que no atiendan a pacientes que provengan del plan de eliminación de listas de espera quirúrgicas o plan de choque".

En esta línea piden seguir con lo que tienen sus colegas en la Región de Murcia. En esta autonomía se declara "la existencia de interés público en la prestación simultánea de servicios en centros del Servicio Murciano de Salud y en centros concertados".

La definición de las plazas de difícil cobertura es otro de estos asuntos que negocian. En su propuesta, el sindicato pide que se identifiquen como tales las "que permanezcan vacantes sin cobertura durante tres meses continuados en los últimos doce meses y que "no puedan ser cubiertas mediante la bolsa de contratación".

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En la mejora en el transporte a domicilio en horario ordinario y atención continuada siguen el criterio de la Generalitat, pero puntualizan que sea "a criterio del facultativo", "especialmente para en zonas de acción preferente, atención urgente domiciliaria o movilización por el CICU del EAP".

Para la seguridad en los centros sanitarios, particularmente en lo que respecta a las agresiones a profesionales, piden que la Administración comunique "de oficio a la fiscalía todas aquellas que puedan ser constitutivas de delito". A ello añaden la demanda de que actúe como "acusación particular por medio de la abogacía", además de arbitrar "actuaciones administrativas por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana en las agresiones que no sean constitutivas de delito".