El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tiene previsto celebrar el debate de Política General de la Comunidad Valenciana a finales de mes, entre el 27 y el 29 de septiembre. Y los socialistas tratarán de incluir en el debate la ya anunciada reversión del Departamento de Salud de Dénia. No obstante, la concesión caduca pasada la legislatura en febrero de 2024 (31 de enero).

No es la primera vez que lo hacen. Ya en la campaña de 2019 la entonces consellera de Sanidad, la socialista Ana Barceló, aseguró que era la hoja de ruta del Consell: "devolver a los valencianos la gestión del sistema de salud". Desde entonces, Dénia ha sido uno de los temas recurrentes de la Conselleria mientras salían a la luz los detalles de la caótica reversión de Torrevieja, que se produjo en octubre del año pasado.

Con un nuevo conseller, lo único que puede hacer la Generalitat por el momento es enviar, a un año vista, la carta oficial del anuncio de la reversión. Y de ese modo prepararla mejor que cómo se hizo en Torrevieja, cuando las presiones de Compromís impidieron la creación de la anunciada Empresa Pública de Sanidad y se tuvo que volver al modelo de reversión de Alzira (con profesionales sanitarios laborales "a extinguir").

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El pasado mes de mayo el conseller Miguel Mínguez anunció que estaba entre sus objetivos esa reversión, para lo que prometió la constitución de un grupo de trabajo que preparase la reversión. Barceló, su antecesora, ya había dejado clara la imposibilidad de una reversión antes del pazo establecido.

Comisiones

No era el primero. Ya el año pasado la Conselleria de Justicia, Interior y Administración había constituido una Comisión de estudio y debate para la reversión de los servicios públicos externalizados en la Comunidad Valenciana.

La victoria en los tribunales, en el Supremo, de Ribera Salud exige estudios económicos ajustados para las nuevas reversiones. No obstante, esa comisión "interdepartamental" (con Abogacía de la Generalitat, Intervención y varios sindicatos) constituida en 2021 todavía no se ha reunido.

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De hecho, durante 2021 se produjo un cambio en el accionariado de Marina Salud. En agosto de 2021 Ribera Salud se hizo con el 100% del accionariado comprando su parte la empresa mayoritaria hasta entonces, DKV. Ribera Salud era la adjudicataria de Alzira, Torrevieja y Elche, y había llevado a los tribunales al Consell por la última reversión.

Sanidad intentó por todos los medios que no se produjese ese cambio accionarial, pero sin éxito. Aseguraba que la operación habría necesitado de una "autorización previa". El argumento no tuvo éxito. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) validó la compra accionarial. La Abogacía de la Generalitat ya había explicado al Consell que no tenía competencias para legislar sobre "comptencia"

Entre tanto, Ribera anunciaba la construcción de nuevas instalaciones para otro centro de salud en la capital de la Marina Alta alicantina. Y Ciudadanos (Cs) desde las Cortes Valencianas pedía un referéndum entre la ciudadanía de la comarca para saber si quieren la reversión hospitalaria o no.

Desde el grupo Ribera aseguran que "a pesar de los resultados y consecuencias sobre la salud de los pacientes, y el sobrecoste anual de 150 millones de euros que pagamos todos los valencianos, para dar un peor servicio en los sitios donde han revertido, es inaudito que se siga pensando en revertir concesiones sanitarias. Y más todavía en medio de una crisis sanitaria y de una crisis económica brutal".

Por su parte, el diputado popular José Juan Zaplana indica que "Ximo Puig volvió a engañar a los ciudadanos en las últimas elecciones con un chinoanuncio en la campaña electoral de 2019 donde dijo que en pocas semanas se iba a finalizar el contrato costara lo que costara de Dénia y cuatro años después han demostrado su incapacidad para hacerlo".

"Desde el Partido Popular denunciamos que a la incapacidad del actual gobierno y sus políticas populistas, hay que sumar la falta de un modelo solvente como ha quedado constatado con el caos de Alzira y la privatización oscura y encubierta que se está produciendo en Torrevieja. El modelo Puig pone en riesgo la salud y la vida de la gente y condena a los profesionales de la sanidad en una situación mediocre y plagada de incertidumbre", añadió Zaplana.