La Abogacía de la Generalitat ha pedido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló el cese del tratamiento con ozonoterapia que recibe de manera externa el paciente de 49 años ingresado por covid-19 en la UCI del Hospital de La Plana de Villareal.

La abogada presentó este recurso cuando el juzgado dictó el pasado 13 de agosto la medida cautelarísima, a petición de la familia, que obligaba al centro a dejar que se aplique esta terapia "no autorizada ni avalada", según han informado a Efe fuentes de Sanidad.

Esta terapia, según recuerdan la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, entre otras entidades científicas, "no está avalada" y se concluye "que no es apto este tratamiento para humanos fuera de los ensayos clínicos", según han indicado desde Sanidad.

Por eso, la Conselleria, "con la finalidad de velar por el paciente y su recuperación", ha pedido el cese de esta terapia que se aplica por una persona ajena al centro.

Sanidad anunció también este jueves que estudia emprender acciones judiciales contra la familia de este paciente ante "las graves acusaciones contra el equipo" médico del centro que ha realizado "pública y judicialmente".

Según Sanidad, la familia ha asegurado que el personal del hospital castellonense "obstaculiza” el trabajo del equipo externo que trata al paciente con ozono.

La consellera, Ana Barceló, ha valorado "la gran profesionalidad del equipo y de la UCI del hospital de La Plana, algo que no se puede en ningún momento poner en duda" y ha aseverado: "Haremos todo lo que sea necesario para defender su trabajo y profesionalidad".

Barceló ha lamentado que "se intente extender cualquier sombra de duda ante un comportamiento intachable que solo tiene como objetivo atender la salud de las personas". 

Una carta al CGPJ

La decisión judicial para permitir el tratamiento con la ozonoterapia ha llevado al presidente del Consejo de los Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo Castro, a escribir una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, tal como ha revelado EL ESPAÑOL este viernes. 

En ella, Castro afirma que "un pronunciamiento judicial sobre decisiones clínicas puede alterar gravemente los procesos de evaluación que desarrollan las sociedades científicas", y apela a la "imparcialidad y objetividad que, normalmente, asisten a la Administración de Justicia". También considera que "la inmisión de personas en centros públicos actuando en contra del criterio clínico del personal supone una grave interferencia en el normal funcionamiento del sistema sanitario".