Casas históricas construidas por el ingeniero Mira en la playa de Babilonia en Guardamar del Segura.

Casas históricas construidas por el ingeniero Mira en la playa de Babilonia en Guardamar del Segura. AAVV Playas Guardamar

Vega Baja

La Generalitat no retirará su apoyo a las casas históricas de Playa Babilonia pese a las amenazas del Gobierno

El MITECO advierte que interpondrá un recurso contencioso-administrativo y, eventualmente, recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica.

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El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) que dirige la socialista Sara Aagesen ha remitido a la Generalitat Valenciana una resolución exigiéndole retirar la resolución autonómica que impidió el derribo de las casas de Playa Babilonia en Guardamar por considerarlas en proceso de ser declaradas como núcleos de valor etnológico a través de la nueva Ley de Costas Valenciana.

Desde la Generalitat afirman estar estudiando el requerimiento, pero fuentes de la Conselleria ya adelantan que no admitirán "amenazas" por parte del Ministerio, que en cualquier caso solo puede presentar un recurso contencioso administrativo que alargará más aún el proceso y por tanto la pervivencia de este núcleo histórico que proyectó el ingeniero Mira precisamente por su valor medioambiental al proteger al pueblo de Guardamar de ser anegado por las dunas litorales.

El Ministerio formula en este escrito un requerimiento previo contra la Generalitat Valenciana, considerando que la admisión a trámite de la declaración de núcleo etnológico y la suspensión cautelar de intervenciones vulneran la legislación básica estatal de costas y el principio constitucional de unidad y primacía del dominio público estatal.

Y afirma, contra lo establecido por la Conselleria de Cultura de la Generalitat que está tramitando la declaración, que las concesiones ya han sido denegadas y los actos administrativos que obligan a la demolición son firmes y respaldados por sentencias judiciales.

Acusan a la Generalitat de haber realizado un acto sin la debida comunicación y coordinación institucional, infringiendo el principio de lealtad y cooperación entre administraciones, además de poner en riesgo la protección ambiental.

Y se arrogan las competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre son exclusivas del Estado, según la Constitución Española y la legislación básica de costas, y que la regulación autonómica no puede contravenir este marco.

Además, cuestionan la constitucionalidad del artículo autonómico que permite la protección de núcleos etnológicos en suelo estatal, recordando las doctrinas del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional sobre el tema.

Por esta razón el Ministerio requiere a la Generalitat Valenciana la anulación de los acuerdos de admisión a trámite de la declaración como núcleo urbano con especial valor etnológico y la suspensión cautelar de intervenciones relativas a la Playa de Babilonia.​ Y advierte que, de no atenderse el requerimiento, se procederá a plantear el correspondiente recurso contencioso-administrativo y, eventualmente, recurso de inconstitucionalidad contra la normativa autonómica.​

Bloqueo en el Congreso

Este texto se produce al mismo tiempo que el Gobierno (sus grupos parlamentarios) están bloqueando en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Costas aprobada por mayoría en el Senado. Y que el PP incluso puede llevar ante el Tribunal Constitucional a la presidente de la Cámara Baja, Francina Armengol, por este bloqueo.

La posición de la Generalitat Valenciana es favorable a la protección del conjunto de viviendas de la Playa de Babilonia, apostando por su conservación mediante la declaración de “núcleo urbano con especiales valores etnológicos” al amparo de la nueva Ley autonómica 3/2025 sobre la protección y ordenación de la costa valenciana. Y una de las cosas que se quiere introducir en la reforma de la ley es precisamente los núcleos de valor etnológico.

La Generalitat considera que el conjunto residencial de la Playa de Babilonia reúne valores culturales, históricos y etnológicos que justifican su conservación, incluso aunque se ubiquen en el dominio público marítimo-terrestre.