El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha ocupado este miércoles el hueco que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dejó vacío el pasado lunes, cuando los presidentes de la Región de Murcia y Andalucía firmaron un pacto en Almería contra el recorte del trasvase del Tajo-Segura que impulsa el Gobierno de España.

A ese encuentro estaba invitado el jefe del Consell, pero decidió no acudir asegurando que no iba a participar en "ningún aquelarre". "El agua no puede ser motivo de confrontación ni enfrentamiento", aseguró en rueda de prensa. También aseguró que el agua no se puede defender con "una especie de indentitarismo que finalmente no genera soluciones".

Lo cierto es que las palabras de Puig contrastan con los hechos: hace apenas unos meses fue el propio presidente de la Generalitat quien visitó Cataluña para vender la creación de "una Commonwealth mediterránea", tanto desde el punto de vista económico como cultural. En aquella ocasión sí se reunió sin problemas con su homólogo Pere Aragonés.

Sea como fue, tanto López Miras como Moreno Bonilla se quedaron sin la firma de la Comunidad Valenciana, una circunstancia que el presidente de la Diputación de Alicante ha aprovechado para ocupar su lugar y suscribir una declaración institucional que posiciona a Alicante en contra de los recortes.

La reunión, celebrada en el Palacio de San Esteban, contó con la participación del presidente del SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura), Lucas Jiménez, y del vicepresidente de la entidad, Javier Berenguer.

Momento de la firma.

Tras el encuentro, Mazón reprochó a Puig su ausencia durante el acto de Almería "para defender los intereses de nuestros regantes y agricultores, a quien les debemos mucho más que palabras e intenciones".

"Hay que pasar a la acción, unidos en la reivindicación de nuestros intereses hídricos", ha recalcado Mazón, quien ha calificado de "vergonzosas" las palabras del jefe del Consell tildando de "aquelarre" la firma del acuerdo institucional.

Un asunto de Estado

El documento suscrito por Mazón atestigua que la política hídrica "es un asunto de Estado y que como tal ha de ser abordado y regulado, considerando que en España hay excedentes de agua para llevar de donde sobra a donde hace falta".

Además, en el texto se solicita al Gobierno de España que aborde cuanto antes la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional que contemple "los principios de solidaridad y equilibrio" y que ponga "solución a la situación hidrológica deficitaria que padece la España seca".

Por último, Mazón considera "urgente e inaplazable" reclamar, tal como recoge esta alianza interregional, la paralización de los recortes hídricos al sureste español y de las modificaciones de las reglas de explotación, al tiempo que propone rechazar el establecimiento de unos caudales ecológicos superiores a los actuales.

El Gobierno pretende reducir el caudal máximo a trasvasar de 38 a 27 hectómetros cúbicos mensuales, "una medida que supondría el encarecimiento del agua para regantes, consumidores, industrias y empresas, poniendo en peligro de muerte el futuro de nuestra provincia", según Mazón.

Esta decisión ha contado con el rechazo unánime de agricultores, empresarios y sociedad civil alicantina.

Por su parte, Fernando López Miras reclamó "acuerdo, consenso y unidad" para "sumar voluntades" en la defensa del Tajo-Segura. Aseguró que con el trasvase "se construye nación, se hace más y mejor España, y la Diputación de Alicante, el Gobierno de la Región de Murcia y la Junta de Andalucía así lo hemos entendido".

Mazón y López Miras ya mantuvieron la semana pasada un encuentro telemático para abordar esta cuestión, una sesión que se suma a las mantenidas durante la presente legislatura en aras de "defender los intereses hídricos de Alicante y Murcia".

Ambos responsables han trasladado en diversas ocasiones su rechazo "a los continuos recortes que el Gobierno central está llevando a cabo en el trasvase Tajo-Segura", así como respecto a decisiones que adopta el Ejecutivo de Pedro Sánchez "en detrimento de los intereses de regantes, agricultores de los municipios alicantinos y murcianos".