Gonzalo Pons-Trénor, en el club náutico de Altea.
Choque en Altea por la gestión del puerto deportivo y una prórroga que podría generar más de 40 millones
La Generalitat concede una prórroga por la que se disputan el desalojo la concesionaria Marina Greenwich y los responsables del club náutico.
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La gestión de una prórroga enfrenta en el norte de la provincia de Alicante a una empresa con los diferentes concesionarios. Es lo que se han encontrado en el club náutico Campomanes de Altea sobre la concesión del Puerto Deportivo Marina Greenwich. A punto de cumplirse los cincuenta años, ambas partes pelean por un negocio que los primeros estiman que supera los cuarenta millones de euros.
La concesión original se otorgó en 1976 a Luis Camponanes y tenía previsto su fin en mayo del próximo año. Como explica Gonzalo Pons-Trénor, secretario del Club Náutico Campomanes (CNC), esta asociación adquirió el derecho de uso de una parcela de suelo en 1983. Y con eso construyó allí sus instalaciones con oficinas y un restaurante.
En 1997, la concesión se vende a Marina Greenwich, que desde entonces la gestiona. Pero, como puntualiza Pons-Trénor, "desde la creación del puerto en años sucesivos el concesionario que en su momento había fue vendiendo o cediendo los derechos que contenía esa concesión". Estos eran "básicamente los amarres, algunos locales, comerciales y el suelo".
De ahí se salta a este año cuando la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana aprueba una prórroga de la concesión por diez años más, mediante Resolución del 4 de octubre de 2022.
Gonzalo afirma que esa prórroga debería aplicarse y beneficiar a todos los titulares de derechos, incluyendo a la concesionaria, a los titulares de amarres, y al Club Náutico.
Sin embargo, han estado recibiendo información por parte de la concesionaria, Marina Greenwich de que eso no es así. Según su criterio, esa prórroga ha sido otorgada "solo en beneficio" de esta.
¿De quién es la concesión?
La posición de la concesionaria, representada por Sáez Abogados, es clara. Desde este despacho están manifestando, en comunicaciones fechadas este pasado 1 de octubre, que la prórroga fue otorgada "única y exclusivamente en beneficio de la concesionaria" y no puede ser de otra forma.
Este razonamiento subraya que la resolución de la Conselleria no beneficia a nadie más y que el tema está siendo reconocido de manera sistemática por los tribunales.
Eso se traduce en que la concesionaria asegura que el derecho de uso de quienes ostentan el amarre o los activos finalizará el día 7 de mayo de 2026.
Marina Greenwich sostiene que, a partir de esa fecha, el derecho de uso "decae", y los titulares deben proceder a la devolución de la posesión del amarre o los activos a la mercantil. El derecho de uso de los activos, como los locales del Club Náutico, "no se extiende más allá de la citada fecha del 7 de mayo de 2026".
Exigencia de desalojo
Pons-Trénor confirma a EL ESPAÑOL que la concesionaria les ha comunicado por escrito que tienen que "evacuar nuestras instalaciones" en la fecha citada de la próxima primavera.
El secretario del club náutico asegura que se sorprendió cuando recibió ese comunicado ya que, aunque habían recibido mensajes "subliminales", no esperaban que les pidieran dejar su propio edificio. Y es que, como subraya, este lo pagaron y construyeron ellos.
El conflicto se extiende a los 432 amarres de titularidad privada que existen en el puerto. Como critica Pons-Trénor, la concesionaria, que gestiona 111 amarres de uso público, está aprovechando la prórroga para exigir pagos o la marcha de otros titulares de derechos.
El representante del club explica que la concesionaria está solicitando cantidades específicas para que los titulares de amarres puedan seguir utilizando sus derechos durante los 10 años adicionales de prórroga: para un amarre de 10 metros, la cifra ronda los 100.000 euros, y para uno de 12 metros, unos 120.000 euros.
Son esas cifras las que, en caso de confirmarse, si se multiplica esta cantidad por los 432 amarres y sus metros de eslora, estiman que la recaudación podría alcanzar "aproximadamente 40 millones de euros" o más, ya que la petición no solo afecta a los amarres sino también a locales y al Club Náutico.
El secretario califica esta pretensión como un "enriquecimiento absolutamente injusto, injustificado y desmesurado".
"¿Estás con nosotros?"
El secretario puntualiza que las exigencias económicas a las que se refiere se han comunicado solo en conversaciones a varios titulares. Es decir, aunque la concesionaria sí ha escrito que el derecho de los titulares termina en mayo de 2026, las condiciones para la continuidad son las que estaría comunicando en reuniones.
Es ahí donde desde el club náutico señalan que ya se han producido encuentros entre la concesionaria y algunos de sus socios. En ellos, según relatan estos últimos, se les ha llegado a plantear si se estaba "con nosotros o estás con el grupo de disconformes", condicionando la información sobre el pago a su respuesta.
El Club Náutico Campomanes ha pedido a la Conselleria el acceso al expediente y verificar si la resolución de la prórroga contiene algún detalle más explícito. La resolución que aprobó la prórroga no se pronunció expresamente sobre si beneficiaba a terceros. El CNC ha decidido dar prioridad a revisar el expediente antes de pedir un pronunciamiento explícito a la Conselleria.
