Vistas desde el puente de la Generalitat en Elche.
La muerte de un joven con parálisis cerebral obliga a cerrar una residencia ilegal con condiciones insalubres en Elche
El centro presenta suciedad generalizada, restos orgánicos, olores de orina y excrementos, camas y colchones deteriorados y falta de ventilación.
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Efectivos de la Policía Local de Elche, en colaboración con la Policía de la Generalitat, llevaron a cabo una intervención en una vivienda unifamiliar del municipio en la que se realizaba, sin permisos ni condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, una actividad de atención a personas en situación de dependencia.
La operación se puso en marcha tras el aviso del fallecimiento de un hombre de 34 años con parálisis cerebral, suceso que está siendo investigado por la Policía Nacional.
En el domicilio se encontraban varias personas con distintas discapacidades intelectuales y neurológicas, entre ellas síndrome de Down y autismo, algunas de ellas en especial situación de vulnerabilidad.
Durante la inspección, los agentes comprobaron que el inmueble no reunía las condiciones mínimas para albergar a personas dependientes. Se hallaron deficiencias graves: suciedad generalizada, restos orgánicos, olores de orina y excrementos, camas y colchones deteriorados y falta de ventilación.
En los espacios comunes como cocina, comedor y baños, se localizaron alimentos en mal estado, electrodomésticos sin mantenimiento y un alto riesgo de contaminación cruzada. Asimismo, en las habitaciones había numerosos animales, principalmente perros y gatos, sin control veterinario ni documentación.
Actividad sin autorización
Los responsables del domicilio, un matrimonio de 58 y 48 años, admitieron no disponer de licencia municipal ni autorización administrativa para ejercer esa actividad. Tampoco contaban con seguros ni con acreditación profesional. Según informaron, cobraban entre 30 y 45 euros al día a las familias por cada persona atendida, todo ello fuera de la legalidad y sin cobertura sanitaria ni social.
Las pesquisas apuntan a que esta práctica se realizaba desde 2016 en distintos domicilios y que, en la actualidad, continuaba en la vivienda intervenida, la cual estaba alquilada. El propietario, por su parte, manifestó desconocer el uso que se le estaba dando al inmueble.
Ante la gravedad de las irregularidades, la Policía Local de Elche y la Policía de la Generalitat procedieron a precintar y clausurar la actividad, reubicando de inmediato a las personas alojadas con sus familiares, quienes aseguraron desconocer las condiciones en las que se encontraban.
Finalmente, los hechos han sido trasladados a la Inspección de Trabajo, a la Conselleria de Sanidad —como órgano competente en la autorización de residencias— y al Ayuntamiento de Elche por la ausencia de licencia de actividad. Asimismo, se ha informado a los servicios sociales para que valoren la necesidad de asistencia a las personas afectadas y a sus familias.
