El exconcejal de Santa Pola que cedió un local a la empresa de su novia señala al exalcalde: "Se lo dio él; es su hermana"

En su recurso, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Perelló apunta al exalcalde de la localidad, Miguel Zaragoza, por esta cesión, que eximía a la compañía de pagar ningún tipo de canon por disfrutar de este espacio.

El exdil subraya que la que era entonces su pareja, Pilar Zaragoza, también es hermana del exregidor, por lo que éste debía tener —además de más capacidad de decisión— más interés en beneficiar a esta empresa.

El pasado mayo, la Audiencia de Alicante condenó a seis años y medio de cárcel a Miguel Zaragoza por los delitos de fraude y cohecho.

También, a Perelló —cuatro años y medio de prisión— y a la hermana de quien fuera alcalde entre 2003 y 2015. En su caso, Pilar recibió la pena de dos años y tres meses de cárcel, como cómplice del delito de cohecho.

Más de seis años de cárcel al exalcalde Miguel Zaragoza por permitir una clínica privada en espacio público de Santa Pola

El tribunal consideró probado que los dos políticos permitieron que la empresa Gran Alacant SL prestara servicio como clínica privada en un edificio municipal sin pagar cantidad alguna como renta por arrendamiento ni por los suministros de luz o agua, que son necesarios para operar. La sentencia detallaba que tampoco le exigió el pago de un canon.

En su recurso, el nuevo abogado de Perelló —Víctor Soriano i Piqueras, que ha asumido el caso después del fallo, para formular la apelación—, relata que la sentencia condenatoria "no alcanza a explicar" por qué considera que "hubo un concierto entre [el exalcalde] Miguel Zaragoza y [el exconcejal] Jorge Perelló para la colocación de doña Pilar Zaragoza, cuando al primero le hubiera bastado actuar sin el segundo para conseguir el mismo objetivo".

"Y siendo que, además, la teórica beneficiaria del contubernio era nada menos que su hermana, quien en ese momento no era más que la novia —ni siquiera esposa— de don Jorge Perelló", reza el escrito.

De hecho, la defensa del exedil señala que la sentencia condenatoria "ni siquiera se esfuerza en razonar que [Perelló] participase de modo alguno en los hechos para hacer su voluntad de que su entonces novia fuera contratada laboralmente".

"[La sentencia de la Audiencia Provincial] no se ocupa en razonar en qué modo su condición de concejal ni su intervención en actos municipales condujo a que [Pilar Zaragoza] obtuviera [el trabajo], ni mucho menos a desgranar en qué medida fue él y no el hermano de doña Pilar, el coacusado don
Miguel Zaragoza, quien intervino para obtener dicho resultado", añade el recurso.

"Incluso en el caso en que el tribunal hubiese concluido (...) que la contratación por parte de la Clínica Gran Alacant de doña Pilar Zaragoza fue fruto del pacto fraudulento entre los responsables de la clínica y el Ayuntamiento, es imposible inferir de forma única que dicho pacto emanó o que de él participó don Jorge Perelló, por mucho que pudiera tener un interés en que su novia fuera contratada para el empleo de auxiliar administrativo, pues existe la más verosímil interpretación de que fue su hermano, don Miguel Zaragoza, a la postre alcalde y máxima autoridad municipal, más razonablemente capacitado para imponer su voluntad al contratista, quien alcanzara el pacto", señala el letrado.

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Lo que sí es cierto es que Pilar Zaragoza —novia del exconcejal y hermana del exalcalde— ejerció como administrativo en la empresa beneficiada con tan ventajosas condiciones.

De hecho, la Audiencia Provincial de Alicante concluyó que la mujer dejó de acudir sin causa justificada a su puesto de trabajo "consciente de que ninguna consecuencia negativa sufriría por ello", dadas sus conexiones familiares y sentimentales.

El tribunal sostuvo que la compañía, "a cambio de que no se les exigiera el cumplimiento de las restantes obligaciones contractuales", toleró esta situación.

Ahora bien, la mujer lo niega. Pilar Zaragoza también ha impugnado la sentencia que le condena. Y en su recurso, firmado también por Soriano, alega que sufría una enfermedad que le provocó incapacidad. Y que ése fue el verdadero motivo por el que dejó de ir a trabajar.

Niega, por tanto, cualquier situación de privilegio a cambio de que la empresa mantuviese sus condiciones beneficiosas.

El recurso de la mujer también reprocha que se haya impuesto a Pilar "una pena equivalente a la que merecería quien hubiera sido cómplice de una trama criminal que a lo largo de un periodo de tiempo hubiera solicitado reiteradamente pagos en sobres o maletines, a quien, en el peor de los casos, solo puede decirse que se benefició de la dádiva recibida por sus parientes consistentes en un empleo de baja cualificación y exiguo salario, donde además prestó servicios —por lo que no se lucró de ello— hasta que se indispuso por motivos de salud".

"Y es que, aun cuando entendamos esto una dádiva merecedora del reproche penal, lo cierto es que en nada puede compararse con un supuesto habitual de cohecho continuado, en el que la autoridad pública exige pagos o prebendas de cuantioso valor de forma activa y en el marco de actuaciones perjudiciales para la Administración", añade Soriano en representación de la condenada.

El recurso, además, señala que la concesión del local municipal a la empresa "se otorgó por unanimidad de todos los grupos políticos", por lo que, si acaso hubieran mediado prebendas, "no hay
duda de que su existencia misma convenía al interés público".

Por último, el letrado señala que "todo el importe del canon" ha podido ser reclamado, finalmente, por el Ayuntamiento," de modo que la hipotética prebenda no habría supuesto coste alguno al erario público".

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la defensa del tercer acusado, el exalcalde Zaragoza, también recurrirá la sentencia que le condena.