Dos turistas ante las puertas de un edificio de aapartamentos turísticos de Alicante.
Tras el varapalo del Supremo al Gobierno: Así es la 'pasarela' que exige el Consell para informar de los pisos turísticos a la UE
La Conselleria de Turismo reclama activar una Ventanilla Única Digital basada en la cooperación que respete los registros autonómicos y evite el "bloqueo" a los operadores legales.
Más información: El Supremo da la razón a la Generalitat sobre el control de los pisos turísticos y anula el Registro Único del Gobierno
La batalla legal por el control de las viviendas de uso turístico en España ha dado un vuelco definitivo, devolviendo el timón de la gestión y la ordenación a las comunidades autónomas. Tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo que anula el Registro Único de arrendamientos de corta duración diseñado por el Gobierno central, la Generalitat Valenciana ha pasado a la ofensiva institucional.
La postura del Consell es contundente una vez que el alto tribunal le ha dado la razón: las competencias y los datos reales están en manos autonómicas por imperativo legal, y cualquier paso futuro del Ministerio de Industria y Turismo debe limitarse a coordinar, no a suplantar ni a duplicar burocracia.
En una detallada carta remitida al ministro Jordi Hereu, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha fijado las líneas rojas y las exigencias técnicas de la administración autonómica para reconducir una situación que mantiene el despliegue del Reglamento Europeo de Alquileres de Corta Duración en un evidente estado de parálisis.
El núcleo de la reclamación valenciana abandona el debate meramente político para adentrarse en la viabilidad técnica de la inspección. Para la Generalitat, el intento del Ejecutivo central de erigir un registro paralelo no solo invadía de forma flagrante las competencias exclusivas de las comunidades, sino que penalizaba al sector reglado con una ineficaz duplicidad de trámites.
Según expone Cano en su misiva, el sistema estatal nunca llegó a actuar contra la economía sumergida, sino que se convirtió en una traba para la actividad económica legal. El procedimiento exigía un segundo número de registro que a menudo se retrasaba por incidencias ajenas a la propia actividad turística.
El resultado, tal y como denuncia textualmente la consellera, se tradujo en "actividad económica paralizada, de operadores que cumplían la normativa autonómica y que se han visto impedidos de ejercer su actividad, de anuncios bloqueados, de ingresos perdidos y de un sector sometido durante meses a una incertidumbre evitable".
El nuevo modelo
Con el respaldo explícito de los tribunales, la Generalitat exige ahora al Ministerio que asuma el criterio judicial y ponga en marcha un modelo de Ventanilla Única Digital que actúe exclusivamente como un nodo interconector o "pasarela de datos". La propuesta técnica valenciana es clara. La administración central debe habilitar la pasarela tecnológica que exige la Unión Europea para que las grandes plataformas digitales como Airbnb o Booking vuelquen sus datos, pero la gestión y la verificación de esos datos deben nutrirse de los registros autonómicos ya existentes, que son los únicos con validez legal.
![Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Airbnb Marketing Services SL, durante su intervención en la tercera jornada del Wake Up, Spain 2025!](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10917360.jpg?p=w:320\/h:180&h=7EOM6kW_"])
El camino correcto, a juicio de la Generalitat, pasa indefectiblemente por conectar las plataformas digitales con los registros autonómicos competentes, establecer mecanismos de intercambio de información y garantizar un control efectivo basado en datos reales. De este modo, el Gobierno central ejercería un papel de coordinación técnica y transmisión de datos hacia Bruselas, mientras que las comunidades retendrían la potestad de validar quién cumple la ley y quién no.
Esta exigencia técnica choca frontalmente con la interpretación que el Ministerio de Vivienda ha defendido de manera insistente durante los últimos meses. Desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez se ha vinculado el uso de su registro a un supuesto afloramiento de viviendas ilegales, una tesis que la Generalitat rechaza de plano al considerarla carente de rigor metodológico.
Marián Cano argumenta que la determinación de la legalidad o ilegalidad de una vivienda turística no puede establecerse mediante cruces de datos parciales ni a partir de registros que no tienen capacidad para verificar la actividad real. Para la consellera, la detección del fraude exige procedimientos completos de inspección, control y comprobación administrativa que corresponden exclusivamente a las administraciones competentes en materia de turismo.
Los datos de reducción de la oferta que el Gobierno central ha atribuido al éxito de su plataforma responderían, por tanto, a bloqueos técnicos y errores burocráticos y no a una verdadera erradicación del intrusismo.
Frente a lo que el Consell califica como un sistema encallado a nivel nacional, la Generalitat contrapone la vigencia y la actualización constante de sus propias herramientas de control. La administración valenciana modificó su decreto regulador en agosto de 2024, introduciendo la delegación de competencias inspectoras en los ayuntamientos y acometiendo una profunda revisión de su base de datos que ha supuesto la eliminación de más de 18.000 inscripciones que no cumplían con los requisitos vigentes.
A ello se suma la introducción de proyectos piloto basados en inteligencia artificial para rastrear la oferta irregular en internet y el refuerzo de la inspección presencial, que en el caso de la provincia de Alicante se ha llegado a cuadruplicar. Por ello, la Comunitat Valenciana insiste en que el verdadero control del mercado ya se ejerce desde el territorio.
Además, urge al ministro Hereu a romper su silencio tras el varapalo judicial, convocar de manera inmediata la Conferencia Sectorial de Turismo y asumir un liderazgo técnico que respete de una vez por todas la soberanía competencial de las comunidades autónomas.
