El presidente de Ineca, Alfredo Millá, en la presentación del informe.
Los datos tumban el mantra de la izquierda valenciana contra la bajada de impuestos: la recaudación bate récords
El empleo y el ladrillo compensan los 160 millones de la rebaja impositiva de Mazón y los ingresos no financieros suben un 9,9% tras los cambios fiscales.
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El debate sobre la suficiencia financiera de la Comunitat Valenciana ha quedado liquidado tras conocerse los últimos datos del proyecto presupuestario analizados por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca). Frente a las reiteradas advertencias de las fuerzas de la oposición, que auguraban un colapso de los servicios públicos y una severa merma en la capacidad recaudatoria tras las rebajas fiscales implementadas en el tramo autonómico del IRPF, la realidad contable de las arcas públicas mejora.
La reforma tributaria, que inicialmente supuso un alivio fiscal directo cifrado en unos 160 millones de euros para los contribuyentes valencianos, ha sido absorbida con creces por la propia inercia y vitalidad del tejido económico regional. Lejos de contraerse, los ingresos ordinarios de carácter no financiero han experimentado un robusto crecimiento cercano al diez por ciento, una progresión que triplica el avance del presupuesto global de la Generalitat para este ejercicio.
Esta insólita resistencia del marco fiscal valenciano descansa sobre dos pilares macroeconómicos que han actuado como auténticos diques de contención. Por un lado, la recaudación por el impuesto sobre la renta avanzó un firme 5% anualizado debido a la intensa creación de empleo, una expansión de la base de cotizantes que neutralizó con holgura la disminución de los tipos impositivos aplicada por el Ejecutivo autonómico.
Por otro lado, y con un impacto sustancialmente mayor en términos absolutos, el mercado inmobiliario y el tráfico patrimonial se han erigido en los verdaderos motores financieros de la Administración. Los tributos ligados a las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados escalaron una cuarta parte respecto al año previo, inyectando más de 500 millones de euros extraordinarios a las cuentas públicas, mientras que los gravámenes aplicados sobre el capital experimentaron un espectacular incremento del cuarenta y siete por ciento, aportando otros 234 millones adicionales a la tesorería general.
A pesar de esta inédita bonanza fiscal que otorga una mayor autonomía y solvencia formal reflejada en la mejora de las calificaciones crediticias internacionales, el informe técnico destapa las severas costuras estructurales de unas cuentas públicas que se encuentran encorsetadas por compromisos del pasado. El presupuesto autonómico roza una cifra histórica de 33.300 millones de euros, pero este crecimiento nominal es puramente asimétrico y esconde un repliegue en las políticas operativas ordinarias.
La causa de esta anomalía reside en el extraordinario incremento del gasto de naturaleza financiera, espoleado por la amortización de la ingente deuda histórica acumulada. El pago de estos pasivos financieros se ha disparado más de un veinte por ciento, devorando una cuarta parte de todos los recursos disponibles por la Generalitat, un volumen tan desmesurado que el servicio de la deuda ya sobrepasa en cuantía a la dotación global asignada a todo el sistema educativo y de universidades.
Esta tremenda rigidez del gasto público provoca que la sanidad, la educación y la carga financiera absorban de forma conjunta casi el 77% de todo el dinero presupuestado, reduciendo a la mínima expresión el margen de maniobra del Consell para articular políticas transformadoras o acometer inversiones reales sobre el territorio.
De hecho, el bloque de operaciones no financieras, que representa la actividad diaria real y la dotación a los servicios de carácter social, sufre una contracción neta del 0,8%. Este retroceso se agrava al comprobar el recorte generalizado de más del siete por ciento en el capítulo de transferencias corrientes, un ajuste contable que golpea de manera directa a la financiación de prestaciones sociales esenciales, así como a los conciertos educativos y sanitarios que vertebran la atención diaria al ciudadano.
![Juanfran Pérez Llorca, en el Palau de la Generalitat. Rober Solsona / EP](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11278374.jpg?p=w:320\/h:240&h=E4odaJn0"])
El diagnóstico de los expertos trasciende la mera formulación contable para poner el foco en la deficiente capacidad de gestión material de la propia estructura administrativa de la Generalitat. El cuello de botella que atenaza el desarrollo de la Comunitat no proviene de una escasez de fondos sobre el papel, sino de una manifiesta parálisis técnica a la hora de ejecutar las partidas asignadas.
Durante el último ejercicio cerrado, las modificaciones presupuestarias elevaron sustancialmente los créditos disponibles para inversiones, pero la incapacidad de tramitación dejó más de 880 millones de euros en el absoluto olvido, lo que equivale a afirmar que uno de cada cinco euros presupuestados para obra pública o equipamiento social ni siquiera llegó a comprometerse.
Además, este enorme volumen de inejecución no afectó a partidas accesorias, sino que se concentró de forma masiva en áreas de altísima sensibilidad ciudadana como la vivienda, los servicios sociales, la igualdad, el medioambiente y las infraestructuras de transporte. A esta problemática de gestión técnica se suma un crónico déficit de transparencia en la distribución geográfica de los recursos, lo que perpetúa desequilibrios territoriales históricos que afectan especialmente a la provincia de Alicante.
El 52,3% del presupuesto de inversión (757,9 millones de euros) figura "Sin Asignar" o sin territorio provincial explícito. Casi el 90% de este limbo opaco (677 millones de euros) se concentra en Sanidad, Economía, Educación e Infraestructuras, a pesar de que financian obras físicas perfectamente localizables.
El análisis histórico de los últimos quince años corrobora que Alicante aporta más del 37% de la población de la autonomía pero históricamente apenas recibe el 28% de la inversión real licitada, acumulando una deuda inversora que supera los 490 millones de euros y situando su dotación per cápita de manera sistemática a la cola del promedio regional.
