Almacenamiento de energía a gran escala

Almacenamiento de energía a gran escala Invertia

Economía

La Comunitat Valenciana desarrolla un modelo pionero para almacenar energía renovable ante los apagones

El almacenamiento se utiliza para guardar el excedente generado durante picos de producción renovable, liberándolo en momentos de baja generación o alta demanda.

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La Comunitat Valenciana no hizo sus deberes en la anterior legislatura intensificando y favoreciendo las energías renovables (eólica y fotovoltaica). Los Gobiernos de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos) apenas conectó 100MW en fotoviltaica frente a otras autonomías. Un hecho que está tratando de revertir el nuevo Gobierno autonómico. Y para no quedarse atrás, desde la Dirección general de Energía y Minas, que dirige Manuel Argüelles, se han introducido cambios legales para el almacenamiento de energía asociado a las renovables que simplifican la burocracia y favorecerán la posición de la región ante posibles apagones.

Concretamente se trata de la Instrucción 4/2025, aprobada el 3 de julio, que establece el procedimiento para tramitar proyectos de almacenamiento energético, acelerando los trámites administrativos y fomentando la integración de renovables, con el objetivo de reforzar la red y prevenir apagones.

Según explica el responsable de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo en materia de Energía, "dentro del nuevo modelo que comenzó en España durante los años 2018 y 2019 de integración de las renovables, nos hemos topado con problemas asociados con las redes, no existiendo la potencia necesaria para la demanda de la industria. Ante ese problema, la Comunitat Valenciana pretende fomentar el almacenamiento de energías renovables mediante legislación que agilice y simplifique la tramitación administrativa de proyectos de almacenamiento energético bajo competencia autonómica".​

Estas medidas están enfocadas a sistemas híbridos que combinen almacenamiento con eólica o fotovoltaica dentro de la Comunitat Valenciana. Además, pretende proporcionar criterios claros para promotores y grandes inversiones, otorgando seguridad jurídica a los desarrolladores de estos proyectos facilitando la integración del almacenamiento.

La Comunitat Valenciana ya es líder en el almacenamiento de energía hidroeléctrica de España ya que el 45% se realiza mediante el bombeo reversible en Cortes de Pallás. Ahora de lo que se trata es de ser líderes en almacenamiento de energía fotovoltaica. Con el almacenamiento de hibridación energética se genera electricidad usando dos fuentes diferentes (o una fuente con almacenamiento), compartiendo el mismo punto de conexión a la red.

El almacenamiento se utiliza para guardar el excedente generado durante picos de producción renovable, liberándolo en momentos de baja generación o alta demanda. Este almacenamiento ayudará a reforzar la flexibilidad y la estabilidad del sistema eléctrico: el almacenamiento energético permite gestionar mejor el flujo eléctrico, disipar sincronías y amortiguar las oscilaciones de la red, reduciendo riesgos de apagones.

Arguelles señala que el código de red español está en proceso de adaptación y modernización para responder al nuevo marco del mix energético, impulsado por recientes normativas que priorizan el almacenamiento, las renovables y la flexibilidad de la red. Es en este contexto en el que Comunitat Valenciana quiere facilitar el acceso al PERTE de Almacenamiento, promoviendo consorcios empresariales y la cooperación público-privada. "Pretendemos que los desarrolladores no tengan que empezar de nuevo toda la tramitación", explica el director general.

Todos estos cambios se van a concretar en leyes enfocadas en proporcionar la mayor estabilidad posible en la red regional, contribuyendo así a la estabilidad nacional. De hecho, las iniciativas valencianas contemplan las mismas medidas del decreto antiapagones del Gobierno, rechazado por el Congreso el 22 de julio de 2025, principalmente por los votos negativos de PP, Vox, Junts, Podemos, BNG, UPN y Chunta Aragonesista.

Las principales críticas no se basaban en el fondo de la ley, sino en la falta de consenso político para sacarla adelante y en la ausencia de dimisiones o asunción de responsabilidades tras el apagón del 28 de abril.