Este pueblo de Alicante se rebela contra las fotovoltaicas: "Fraccionan proyectos para evitar el control del Ministerio"

Un pequeño pueblo en el corazón de la provincia de Alicante quiere liderar la rebelión contra los macroproyectos fotovoltaicos en la Comunitat Valenciana, pese a ser uno de los que más tiene planeados. Con incluso una propuesta fallida de moción de censura por medio, el alcalde critica el "atropello" a la autonomía municipal.

Con casi 80 kilómetros cuadrados de superficie, Monforte del Cid cuenta con mucho terreno para albergar proyectos de plantas fotovoltaicas. Así llegaron a tramitarse hasta 21 que querían aprovechar ese amplio espacio y baja densidad de población. La agricultura no suponía un freno.

Este verano está siendo el del choque entre las distintas formaciones por este tema. Primero, PP y Vox pidieron un pleno extraordinario y luego los voxistas registraron una moción de censura que retiraron este viernes por falta de apoyos.

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Al alcalde Juanjo Hernández Rico le enerva que se considere moción de censura el que define como "un anuncio" porque el documento de Vox estaba "sin firmar por nadie", ni siquiera los dos concejales que tiene, y menos con las siete firmas necesarias para que fuera válida.

Así Vox presentaba el viernes "un nuevo registro solicitando la retirada de esos documentos" porque "no estaba formulada acuerdo a la ley" la "supuesta moción de censura".

Pese a la retirada, lo que sigue en marcha son las gestiones de los macroproyectos solares. Una tendencia que se aceleró en 2022, bajo el Gobierno del Botànic de Ximo Puig, para intentar conseguir una autonomía energética que se consideraba vital tras el impacto económico de la invasión de Rusia a Ucrania.

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Con el cambio de Consell en 2023 y la entrada de PP y Vox, esa apuesta aumentó. El verano pasado, Generalitat destacaba que se había autorizado en apenas un año más de 984 MW de potencia eléctrica frente a los 105MW que el Botànic puso en marcha en los últimos ocho años.

Esos dos partidos son los que están en la oposición en Monforte del Cid, donde gobierna Hernández Rico, de Izquierda Unida, en coalición con el PSOE. Y ahí el portavoz popular Rafael Berna contaba a EL ESPAÑOL "de qué modo podemos impedir o retrasar su implantación".

Esa es también la intención del alcalde, como explica también a este medio. De hecho, cuando se aprobaron en junio los macroproyectos Mediterráneo I, II, III y IV que prevén ocupar 77 hectáreas entre los términos municipales de Agost y Monforte, expresaron "la firme oposición del Ayuntamiento".

El cambio de norma

La cuestión es que los Ayuntamientos tienen poco que decir en cuanto a estas autorizaciones, porque se trata de competencias autonómicas o estatales según el tamaño.

La normativa valenciana anterior permitía a los Ayuntamientos limitar su superficie a un 3 % del término municipal no urbanizable. Ahora, como denuncia Hernández Rico, el Partido Popular y Vox "se ha cargado esa norma" porque aumenta hasta un 10 %.

Un aumento que Hernández Rico asegura que es superior porque, según sus cálculos, equivale a "prácticamente un 25 % del suelo urbanizable común" ya que hay que tener en cuenta el espacio que ocupan más allá de las propias placas. El alcalde lo ve como un "atropello a la capacidad de organización del territorio" de los ayuntamientos y duda "que sea legal".

El control de los proyectos

Ahí es donde el alcalde levanta su voz porque considera que se permite que se "transforme por la puerta de atrás suelo agrícola en un polígono sin límite" sin que el Ayuntamiento "tenga nada que decir" porque "está obligado a dar una licencia de obra, te guste más o menos el proyecto".

En esa línea denuncia que las empresas "lo que están haciendo es fraccionar proyectos que deberían ser competencia del Ministerio porque pasan los 50 MW y lo que hacen es aprobar muchos pequeños proyectos de 49,9 MW". De esta forma evitan que "Medio Ambiente pueda regular y que el Ayuntamiento se pueda regular".

Si eso es posible es porque los propietarios de los terrenos deciden vender a esas compañías de energías renovables. El alcalde concede que hay "una falta de relevo generacional" y "de rentabilidad" en la agricultura que intenta paliar con iniciativas como un "banco de tierras" para conectar a quienes ofrecen y buscan tierras para cultivar.

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A eso añade que se encuentra con quejas de que quienes ofrecen "el oro y el moro" por los terrenos no cumplen con los contratos y los vendedores "no están cobrando".

Frente a esa compleja situación el alcalde de Izquierda Unida desearía un cambio de criterio en las leyes autonómicas que ahora se antoja imposible. Y pide un "fondo de compensación" para los municipios afectados por el uso industrial de sus caminos agrícolas y la pérdida de territorio y paisaje. Este fondo debería ofrecer "recursos suficientes" para compensar a los vecinos.

"En Monforte, sus vecinos y su Ayuntamiento no se quejan de que haya placas solares", concluye, "lo que estamos diciendo es que es un atropello a la capacidad de organización del territorio que le compete a los vecinos del municipio, se puede hacer energía renovable dejando que los territorios se organicen".