"No podemos dar la espalda a nuestros regantes, agricultores y ciudadanos". Con ese lema se presentará este miércoles el alcalde de Alicante Luis Barcala ante el Ministerio de Transición Ecológica en defensa del trasvase. De esa forma, confirma su participación en la que se anticipa como una multitudinaria concentración en Madrid convocada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

Barcala razona esta posición asegurando que esta es "una infraestructura vital para garantizar el desarrollo y el futuro de la agricultura y otros sectores productivos de nuestra provincia. El agua para la ciudad de Alicante y toda la provincia es absolutamente vital". Y en el comunicado municipal señala el que considera origen del problema: No tiene ningún sentido el castigo sistemático al que nos somete el Gobierno de Sánchez con este nuevo hachazo al trasvase".

"Y por ello estaremos este miércoles en Madrid con los agricultores y con los sectores productivos de la provincia", remarca. La insistencia de Barcala en la que defiende como una necesidad de esta infraestructura llega tras los recortes anunciados en el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, que rechaza porque "tienen un carácter político y son contrarios a la propuesta técnica". Por eso el alcalde de Alicante pide que se vele por "la igualdad y la justicia en la distribución y el acceso a los recursos hídricos en España".

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"No podemos dar la espalda a nuestros regantes, agricultores y ciudadanos en general ante una nueva agresión a los intereses generales de esta provincia; y por todo ello es necesario alzar la voz este miércoles en Madrid", recalca Barcala. En esa concentración coincidirá también con el socialista Carlos González. El alcalde de Elche ha confirmado este domingo que también acudirá porque "la ministra Ribera tiene que entender que la agricultura en el sur de la Comunidad Valenciana tiene una importancia socioeconómica extraordinaria".

El rechazo municipal

En la guerra del agua, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante ya había expresado su posicionamiento, como recuerda el comunicado. Así, el pasado 22 de diciembre se mostró su rechazo a la reducción del caudal del trasvase Tajo-Segura y emplazó al Consell de la Generalitat y a su presidente Ximo Puig a emprender todas las acciones necesarias para revertir esta situación. Y con eso a reclamar la "deuda hídrica generada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la presente legislatura".

En una declaración institucional presentada por el equipo de Gobierno, el Pleno municipal exigió al Ejecutivo central que derogue el Real Decreto de julio del año pasado que recorta el agua del trasvase para consumo humano y de riego en la provincia de Alicante y que recupere la vigencia de las reglas de explotación del acueducto aprobadas inicialmente en 2014.

Según el Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, ese recorte se calcula en 147,3 hectómetros cúbicos y ha supuesto unas pérdidas de 590 millones de euros para las cuencas receptoras, de los que 190 millones corresponden a la provincia de Alicante.