El Colegio Oficial de Auditores de la Comunidad Valenciana ha alertado de un aumento del 33 % en los concursos de acreedores de la región durante el mes de agosto, con respecto al mismo periodo del año anterior.

La principal causa de este incremento es la retirada de la moratoria concursal determinada por el Gobierno a causa de la crisis sanitaria y económica y que tuvo su fin en el pasado mes de julio, según ha informado la entidad.

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El porcentaje de aumento del 33 % de los concursos en la Comunidad supera en 17 puntos porcentuales a la media nacional que se sitúa en el 15,6 %.

La región valenciana, junto con Madrid y Cataluña, se sitúa entre las peores con respecto a la media nacional, ya que suman conjuntamente cerca de 7 de cada 10 concursos presentados.

El vocal de la Junta directiva del Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana y responsable de los asuntos judiciales, José Andreu, ha asegurado que "buena parte de ese incremento viene dado por las dificultades que vienen atravesando empresas del sector servicios y autónomos, principalmente negocios de hostelería".

Ha recordado que el 26 de septiembre entrará en vigor la Ley 16/2022 de 5 de septiembre de reforma de la Ley Concursal sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.

Los problemas del campo

Por otra parte, la Unió de Llauradors ha realizado un sondeo entre las comunidades de regantes de la Comunidad y ha podido comprobar como el precio de la electricidad se ha cuadruplicado en menos de un año y "pone en una situación insostenible la viabilidad de muchas de ellas".

Entre julio y agosto, la mayor parte de las comunidades de riego consultadas por La Unió han visto como sus facturas de electricidad casi se han cuadruplicado y algunas de ellas han visto como la factura del pasado mes de agosto es superior incluso a todas las del año 2021, según ha informado la Unió.

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También les llama la atención que desde agosto se ha creado un nuevo concepto que aparece en las facturas como es el de 'cargos normativos' que aplican las empresas distribuidoras de electricidad en compensación por el tope al precio del gas del Gobierno. En definitiva, un nuevo impuesto a cargo del contribuyente, según la organización agraria.

También han detectado las comunidades de regantes como en la nueva tarifa para potencias superiores a 15 kW y en el tramo más barato P6, a la hora de renovar el contrato el precio les ha pasado de 0,06-0,09 € a casi 0,20 €.

Debido a toda esta situación, las comunidades de regantes se ven obligadas a subir el precio del riego para sus socios comuneros hasta llegar a casi cuadriplicarse para efectuar los pagos por la energía y evitar que les corten el suministro eléctrico.

Los regantes sufren una merma la rentabilidad de sus explotaciones por los bajos precios que perciben y por los altos costes de producción, entre ellos los de la electricidad y otros inputs necesarios para la actividad agraria, además de vivir en un contexto de incertidumbre ocasionado por, entre otras cuestiones, la guerra en Ucrania, las adversidades climatológicas o las plagas, entre otras cosas.

Ante esta circunstancia, La Unió ha reclamado una serie de medidas urgentes para reducir los gastos por la electricidad para el riego y entre ellas la de la doble tarificación para reducir el precio de la energía o la rebaja de la fiscalidad con un IVA reducido para los agricultores profesionales en las tarifas de riego.