Alrededor de 60 millones de euros. Ese es el valor de las operaciones de venta de viviendas a argelinos en Alicante en el último año sin pandemia, 2019. El dato está sacado de las estadísticas de la Agencia Notarial de Certificación (Ancert), en las que se concreta que los ciudadanos del país africano cerraron ese ejercicio 933 compras de inmuebles en la provincia.

El importe medio de cada operación para el mercado de Argelia de 64.339 euros. El resultado: 60.028.287 euros que ahora están en el aire por la crisis abierta por el cambio de posición del Gobierno español respecto al Sáhara, y que se suman a los 153 millones de euros en importaciones y exportaciones que se hicieron entre los dos países el año pasado, según los datos del Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca).

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Argelia es, según estas mismas cifras, el decimotercer mercado más importante para el sector inmobiliario de la provincia de Alicante. Aunque sus datos están muy lejos de otros países (la clasificación en el último lustro la lideran Reino Unido, Bélgica y Suecia), tanto por volumen de operaciones como por importe, sí suponen un pellizco importante para la provincia, que mantiene una conexión histórica con el país argelino.

Esta cercanía viene motivada, entre otros factores, por la presencia de un ferry que une semanalmente las ciudades de Alicante y Orán desde los años 70. Tal como informó EL ESPAÑOL, La Autoridad Portuaria de Alicante cifra el número de pasajeros en 143.000 personas al año, que pueden incrementarse si aumentan las frecuencias con las operaciones de Paso del Estrecho.

Menos vivienda y más precio

Por otra parte, los problemas que sufre el suelo urbanizable en la Comunidad Valenciana, derivados del incremento general de los precios y, en particular, de la construcción, han desencadenado una bajada de un 55 % de la oferta de la vivienda en el primer trimestre de 2021 y de un 24 % en el primer trimestre de este año.

El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha asegurado, en una rueda de prensa para analizar la situación del sector inmobiliario en la Comunidad Valenciana, que en los tres próximos años "habrá menos oferta de viviendas y los precios subirán".

Por su parte, el director de la Cátedra Observatori de la Vivienda, Fernando Cos-Gayón, ha señalado que los costes de producción han sufrido un aumento del 18 % y eso se ha traducido en un "impuesto silencioso" por la escalada de la inflación registrada en los últimos meses.

Ha añadido que en comparación con el primer trimestre de 2021, la región ha registrado en el primer trimestre de este año un 14 % menos en promociones. Además, ha hecho referencia a que los 95 % de los grandes tenedores de suelo son pequeños propietarios.

Gómez-Pintado y Cos-Gayón han realizado este análisis durante la presentación de l os contenidos del próximo Congreso Nacional de Vivienda, que tendrá lugar en Valencia el 20 y 21 de septiembre.

Para el presidente de la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (APROVA), Antonio Olmedo, la vivienda en Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad: "A nivel nacional la vivienda supone el 18 % del PIB, mientras que en la Comunidad es del 20 % y eso es debido al factor turismo".

Sobre el congreso, Gómez-Pintado ha adelantado que en las sesiones se debatirá sobre la "lentitud" de la administración a la hora de conceder licencias urbanísticas: "tienen que aplicar las nuevas tecnologías para agilizar los procesos", ha recalcado.

También han destacado que en Madrid ocurre todo lo contrario, ya que al autorizarse más rápido las licencias se empiezan las obras antes, mientras que en Valencia los retrasos se sitúan entre los 6 y los 8 meses.

Problemas de acceso a la vivienda

Respecto a la banca han asegurado que tiene que financiar la compra de viviendas, no conceder hipotecas a aquel que no tenga posibilidad de pago.

Olmedo también ha resaltado que la ciudadanía tiene cada vez una menor capacidad de acceso a la vivienda por los altos precios, ya sea en alquiler o compra, y ha hecho hincapié en el que el problema reside en que cada vez que se cambia de gobierno se modifican las leyes, lo que supone un "desajuste en el sector inmobiliario".

Ha señalado que la solución está en unificar el territorio urbano, "para que la ciudadanía tenga cerca hospitales y colegios".

También ha destacado el anteproyecto de Ley de Barrios de la Comunidad, con la aplicación de fondos europeos destinados a la regeneración urbana, y el anteproyecto de Ley de Viviendas Colaborativas, que se desarrollará a través de cooperativas, pero al no estar aprobados aún "crean inseguridad jurídica".ç

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Olmedo ha resaltado que ayer se publicó el Decreto Ley 4/2022 por el que se modificaba el texto refundido de la Ley de Ordenación de Territorio, Urbanismo y Paisaje, "que ha tenido 35 modificaciones y que tiene como objetivo activar aquellas palancas instrumentales, en materia de ordenación del territorio, que permitan mantener la competitividad del tejido productivo de la Comunidad Valenciana".

Ha añadido que también es necesario que se lleve a cabo un equilibrio entre el urbanismo y el medioambiente.

Respecto al desarrollo pendiente del PAI del Grau, el presidente de APROVA, ha explicado que hay una clara necesidad para construir viviendas, pero que para ello se ha de invertir y llevar a cabo el soterramiento de las vías, "que de aquí a que mis nietos se compren una casa, dudo que se haya llevado a cabo".