Los alumnos de la Comunidad Valenciana han tenido que prematricularse para el curso 2022-23 “a ciegas”, sin conocer cómo afectarán en la práctica los cambios de la nueva ley educativa nacional en el programa de plurilingüismo que se está aplicando en la región a través de Planes Lingüísticos de Centro (PLC). Un problema que se agrava en las comarcas de predominio lingüístico castellano como la Vega Baja alicantina, que ya le hizo saber al anterior conseller, Vicent Marzà, su oposición a estos planes.

La nueva consellera, también de Compromís, Raquel Tamarit, se enfrenta a esta oposición con apenas dos meses de margen antes del inicio del curso y menos de un año de mandato hasta las elecciones de mayo. Por eso, se ha reunido con todas las asociaciones (menos con la Concapa, a quienes dejó plantados el día de la dimisión de su líder, Mónica Oltra).

Y los mensajes son contradictorios, razón por la cual padres y profesores anuncian movilizaciones a partir de septiembre si no se encauzan los problemas de la educación, y especialmente la imposición lingüística del valenciano en comarcas donde una ley superior reconoce el derecho de la “exención”.

[Más del 70% de los centros de la Vega Baja alicantina se oponen a la imposición del valenciano]

Tamarit se reunió el pasado 17 de junio con Covapa (Confederación Valenciana de APAs-AMPAs) y explicó a sus representantes que no tiene intención de ampliar el uso del valenciano como lengua vehicular que según la ley de Marzà debe ser aumentado este año tras cuatro cursos de implantación. Algo es algo. Marzà en 7 años sólo se reunió con los padres una vez.

Sin embargo, al sindicato STEPV esta misma semana les ha dicho lo contrario: pretende aumentar la cuota de valenciano hasta el máximo que permite la ley. Y es que este sindicato es el más favorable a la inmersión lingüística y cercano a las tesis de Compromís.

“Ya se lo dijimos a Marzà y se lo hemos recordado a Tamarit. La Vega Baja está dispuesta a salir a la calle de nuevo para defender nuestros derechos y plantar cara a la Conselleria”, explica la presidenta de los padres de alumnos Sonia Terrero. “Yo he tenido que matricular a mi hijo en el centro sin saber ni las optativas, ni las troncales ni la lengua vehicular y eso va contra la ley”, añadió.

[Padres de alumnos llaman a una 'guerra judicial' contra la "imposición" del valenciano en la escuela] 

En este sentido, la reducción de horas de Música que habitualmente se ha usado para impartir valenciano obliga a los centros a dar otras asignaturas en esta lengua para cumplir con las cuotas impuestas por el Gobierno del Botánico. Y lo mismo pasa con la Religión, por ejemplo.

Miguel Ángel Robles, de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística advierte de que de continuar así las enseñanzas en inglés no superarán el 20% y las de castellano el 25%. De hecho, las recomendaciones de la Conselleria dirigida por los nacionalistas pasan porque “conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de esta Ley y para mejorar la competencia lingüística del alumnado en lenguas extranjeras, promoverá que los centros educativos sostenidos con fondos públicos vehiculen el 50% del tiempo curricular en valenciano”.

Además, Robles advierte de otros de los problemas que se están produciendo con la aplicación práctica de las leyes: “El uso de ámbitos en los que englobar varias asignaturas con un mismo profesor en primero y segundo de la ESO está provocando ya desde el año pasado que ese profesor en la práctica imparta todas las asignaturas de ese ámbito en la misma lengua con independencia del PLC”.

Sea como fuere, el gran caballo de batalla es el decreto aprobado por Marzà para imponer la obligación del examen de valenciano en la EBAU (acceso a la universidad) a partir de 2027, saltándose la Ley de Usos que distinguía entre zonas de predominios castellanohablante y valencianohablante, donde las primeras están exentas de cursar el idioma valenciano. Algo que Compromís ha eludido permitiendo que no se estudie la asignatura de esa lengua pero imponiéndola en otras como Matemáticas o Historia.