Coche de la Policía Local de Villajoyosa.
Del protocolo a la pasividad: el Ayuntamiento de Villajoyosa obvia el marco legal contra la okupación de viviendas
La calle Colón se convierte en el epicentro de un conflicto entre familias que incluye peleas multitudinarias y sospechas de narcotráfico, mientras la Policía Local denuncia una falta crítica de efectivos y el actual gobierno local ignora el convenio judicial vigente.
Más información: Hasta 14.000 euros para abandonar una vivienda turística okupada en Alicante
El pasado 27 de abril, la centralita de la Policía Local de Villajoyosa echaba humo. Varias llamadas de vecinos de la calle Colón alertaban de una pelea multitudinaria en plena vía pública, justo en el cruce con la avenida de Benidorm. Según los testimonios recogidos, el enfrentamiento se produjo entre familias de etnia gitana, motivado por el intento de "okupar" una nueva vivienda por parte de individuos que ya residían ilegalmente en otro inmueble de la misma calle.
Lo que para los vecinos es un "infierno diario" de usurpaciones y sospechas de tráfico de drogas al menudeo, para la administración local parece haberse convertido en un expediente administrativo más. A pesar de la gravedad de los hechos, que los residentes califican de impunidad total, tanto la Policía Local como la Guardia Civil se han limitado a abrir diligencias sin que se produzcan desalojos ni intervenciones contundentes.
Esta inacción choca frontalmente con la herramienta legal que el municipio tiene a su disposición. El 9 de abril de 2021, bajo el mandato del entonces alcalde Andreu Verdú (PSOE), se rubricó un Convenio de Colaboración entre los Juzgados de Villajoyosa y el Ayuntamiento. El documento establecía un marco pionero para el tratamiento del fenómeno de la okupación ilegal de viviendas, incluyendo un Protocolo de Coordinación detallado.
Este protocolo define claramente cuándo se considera un "delito flagrante" (atendiendo a testimonios vecinales o alarmas) y faculta a los agentes para actuar con mayor celeridad. Sin embargo, fuentes internas del cuerpo de seguridad y representantes vecinales denuncian que, bajo el actual gobierno de Marcos Zaragoza (PP), este protocolo se ha dejado de aplicar. El malestar es palpable. Se están obviando delitos penales flagrantes, reduciéndolos a meros trámites burocráticos que no solucionan el problema de la calle Colón, señalan voces cercanas a la seguridad local.
Menos agentes que hace dos décadas
La crisis de seguridad no solo es política, sino operativa. Actualmente, la plantilla de la Policía Local de Villajoyosa cuenta con apenas 70 efectivos, de los cuales una decena se encuentra fuera de servicio realizando cursos de capacitación en el IVASPE. Esta cifra contrasta con la realidad de hace 20 años: bajo otra administración popular, el municipio llegó a contar con 95 agentes y una activa "Policía de Barrio" que patrullaba por turnos, una figura que los comerciantes de la zona echan hoy de menos.
La falta de presencia policial en las calles está pasando factura. Según los últimos datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, la criminalidad en Villajoyosa ha experimentado repuntes significativos en los últimos años. En 2024, el total de infracciones penales rozó las 2.200 anuales, con un incremento notable en delitos contra el patrimonio, tráfico de drogas y hurtos, que son los que más afectan a la percepción de seguridad ciudadana.
El aumento de la venta de droga en las inmediaciones de las viviendas ocupadas de la calle Colón es, para los vecinos, la confirmación de que la delincuencia menor está ganando la partida.
La sensación de abandono es generalizada entre los residentes, que ven cómo el protocolo judicial firmado en 2021, diseñado precisamente para optimizar la gestión de estos problemas de orden público, languidece en un archivo municipal mientras la conflictividad social en el centro de la Marina Baixa sigue escalando.
El convenio detalla que las instituciones firmantes declaran su "voluntad última de atajar, con la mayor eficacia, la referida problemática y, consecuentemente, contribuir decididamente a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía". Para ello, el acuerdo fija un marco de colaboración entre el Ayuntamiento y los Juzgados, reconociendo que ambas partes tienen el interés común de establecer "vínculos de colaboración adecuados" para gestionar los problemas de orden público derivados de este fenómeno.
El protocolo de actuación funciona como una hoja de ruta operativa para la Policía Local, diferenciando principalmente entre el inmueble que es "morada" y el que no lo es. El esquema técnico establece que, ante un delito flagrante (detectado por aviso de vecinos como es este caso, testigos directos o activación de alarmas), los agentes deben proceder a la instrucción del atestado y, si se cumplen los requisitos legales, realizar la expulsión forzosa de los ocupantes.
En casos de ocupaciones no flagrantes, el protocolo detalla un contenido mínimo para el atestado que incluye la identificación de ocupantes y testigos, inspección ocular de daños o defraudación de fluidos, y la solicitud expresa al propietario para que pida la medida cautelar de lanzamiento inmediato ante el juzgado de guardia.
