La exconcejal socialista Lola Vílchez denunció ante una comisión del Parlamento Europeo (PE) este jueves la "criminalización" y "vulneración de derechos" de las personas sin hogar por una normativa adoptada por el Ayuntamiento de Alicante que desde febrero de 2022 sanciona a quienes duermen en la calle o practican la mendicidad.

Según explica Efe en un comunicado, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo mantendrá abierta la denuncia de la ciudadana, que acusó al Ayuntamiento de Alicante de "incumplir los compromisos de la Unión" al sancionar las personas sin hogar sin proporcionarles un alojamiento y sin promover su inserción social, y pidió el apoyo de la comisión parlamentaria para retirar la ordenanza.

"En este mes de noviembre duermen en la calle 250 personas en Alicante. Pedimos la retirada de la ordenanza de mendicidad porque criminaliza a los más vulnerables, los persigue y los hace más invisibles", señaló la exedil, durante su intervención en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

[Así es el perfil de las personas sin hogar que atiende Alicante: varón y español de entre 50 y 65 años]

Continuó explicando que la capacidad del centro de acogida municipal "es insuficiente" por "la continua llegada de refugiados, principalmente de Ucrania, y las consecuencias que tuvo la pandemia de la covid-19".

La petición también recordó que España, junto con la Comisión Europea (CE), el Parlamento y otros entes nacionales, regionales y locales, firmaron la Declaración de Lisboa sobre la Plataforma Europea para combatir el sinhogarismo.

La representante de la CE, María Ilies, afirmó que, aunque condena el sinhogarismo, la petición presentada "no hace referencia a la aplicación de la ley europea" y deben ser las autoridades del Estado miembro "quienes deben garantizar el respeto de los derechos fundamentales en su territorio".

En la misma línea, el eurodiputado popular Peter Jahr pidió no mantener la petición abierta ya que "es competencia de los municipios, como mucho de las regiones, pero no de Bruselas" y coincidió con la CE en que "tiene que resolverse por las autoridades locales".

[Lleno total en el centro de acogida para personas sin hogar de Alicante]

Sin embargo, el resto de los eurodiputados que intervinieron, pertenecientes al grupo socialdemócrata y de los Verdes, estuvieron de acuerdo en mantener la petición abierta.

"La criminalización de las personas sin hogar en Alicante es alarmante. Yo considero que hay que mantener (la petición) abierta, la Comisión no se ha explicado correctamente, parece que solo les importa si afecta a nivel comunitario", afirmó el eurodiputado socialista Domènec Ruiz Devesa.

Tras confirmarse que la petición continuará abierta y será remitida a la Comisión de Empleo de la Eurocámara, la ciudadana reiteró que un eurodiputado "debería viajar a Alicante para investigar sobre el terreno" y se retirara la ordenanza, pues "es la única en España que multa con bastante desgracia a los vulnerables".