El Parlamento Europeo ha acogido la petición del PSOE de Alicante contra la polémica Ordenanza de Convivencia Cívica aprobada por el bipartito de la ciudad (PP y Cs) con el apoyo de Vox el pasado 16 de febrero de 2022.

Este movimiento llega ahora, en plena campaña electoral en la que los socialistas ya han anunciado que la derogarán si llegan al poder. Esta ordenanza municipal, recuerda el PSOE de Alicante, permite imponer multas de hasta 750 euros a quienes duerman en la calle “en las vías o espacios públicos de día o de noche” y de hasta 3.000 euros por “comportamientos que adopten la forma de mendicidad”.

Esta ordenanza "que criminaliza a este colectivo, compuesto en su mayoría por personas de nacionalidad española, pero también inmigrantes y refugiados, incluyendo a ucranianos que huyen de la guerra en su país de origen, ha generado un clima de miedo en este colectivo", añaden.

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Por su parte, el diputado socialista alicantino Domènec Ruiz Devesa, miembro de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, ha afirmado: “la igualdad y el respeto a la dignidad humana son un valor fundamental de la Unión Europea, consagrado en el artículo 2 del Tratado y la Comisión Europea ha de defender la aplicación de este principio. Además, el Pilar Europeo de Derechos Sociales establece que las personas sin hogar deben disponer de alojamiento y servicios adecuados para promover su inclusión social. Además, el Parlamento Europeo ya se pronunció en una resolución del 24 de noviembre de 2020 sobre la situación de las personas sin hogar en la UE, llamando a los Estados Miembros a evitar la criminalización a las personas sin hogar y a ofrecer soluciones como refugios temporales para estas personas”.
 
Los peticionarios han trasladado al Parlamento Europeo que España, junto con la Comisión, el Parlamento Europeo y otras autoridades nacionales, regionales y locales, han firmado la Declaración de Lisboa sobre la Plataforma Europea de Lucha contra el Sinhogarismo; y denuncian que el Ayuntamiento de Alicante está incumpliendo los compromisos comunitarios e internacionales al penalizar a las personas sin hogar sin proporcionarles alojamiento y promover su inserción social.

Por ello, la admisión a trámite de esta petición por el Parlamento Europeo supone un espaldarazo a la solicitud de los peticionarios. Dicha petición ha sido transmitida a la comisión de Empleo y Asuntos Sociales para su valoración y a la Comisión Europea para su valoración.

Lola Vílchez, por su parte, ha indicado que la ordenanza la puso en marcha Barcala para buscar el apoyo de la ultraderecha a los presupuestos sin importarle que Alicante saliera de forma negativa en todos los medios de comunicación del país y que se pusiera en solfa derechos fundamentales de las personas más vulnerables.

“Esta norma, conocida por la ordenanza de la vergüenza, es una mancha para nuestra ciudad y está despojada de cualquier contenido social, y de convivencia. Los socialistas siempre hemos defendido que las normas deben estar basadas en la ayuda social a las personas más desfavorecidadas, no poner en marcha una norma puramente policial y de castigo a los pobres”.

Para terminar, Vílchez ha destacado que el Grupo Municipal Socialista puso como línea roja para negociar los presupuestos de 2023 la derogación de esta ordenanza. “Barcala, como siempre, hizo oídos sordos porque en realidad se siente muy a gusto pactando con sus compañeros de Vox”.