Ya está todo preparado para que la ciudad de Alicante saque los concursos de sus dos contratas más importantes: Recogida de basuras y Limpieza viaria y Transporte urbano. En las próximas semanas está previsto que se publiquen ambos pliegos para que puedan estar adjudicados, al menos provisionalmente, antes de final de año.

En ambos casos se tenía que haber trabajando antes de la finalización de los contratos anteriores pero el tripartito de izquierdas que gobernó el mandato anterior bajo la Alcaldía de Gabriel Echávarri no adelantó el trabajo.

Ante el primero de ellos, el Ayuntamiento ya ha dado pistas de a cuanto puede ascender ya que en los presupuestos para 2022 se consignan 54,3 millones para el mantenimiento de Parques y Jardines y de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, además de los dos grandes proyectos como son la renovación del parque El Palmeral (319.000 euros) y la finalización del Observatorio de Medio Ambiente (221.502,71 euros).

Tal y como informó el área que dirige el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, todos esos compromisos se traducen en un aumento del presupuesto del área en un 13,98%, con referencia a los 47,7 millones de euros de 2021. Alicante prorrogó el año pasado este servicio por dos anualidades por un montante de 78,5 millones de euros. 

En 2013 se adjudicó el contrato a la UTE Alicante participada por el empresario Enrique Ortiz que ya veía prestando el servicio desde el año 2000. Entonces se calculó un montante total de más de 400 millones de euros. El hecho de que la empresa participada por Ortiz fue la única que concurriese a la adjudicación mientras el Ayuntamiento lo dirigía Sonia Castedo fue valorado como un "traje a medida" entre ambos imputados en Brugal.

Respecto al segundo contrato, el de Transporte Urbano, Vectalia lleva gestionando el servicio desde el año 1969, cuando comenzó a través de su empresa Masatusa. El contrato venció tras 50 años en verano de 2019 y tal y como informado este diario la prórroga le ha costado a la ciudad casi 24 millones de euros en dos años.

El objetivo del Ayuntamiento es establecer un periodo máximo de 10 años de concesión, y eliminar el pago por kilómetro realizado como se ha hecho durante medio siglo en vez de por número de viajeros que utilizan el servicio.

El Ayuntamiento ya anunció que se introducen novedades en el pliego como que el servicio de venta y recargas de bonos se sacará en un concursoaparte, detrayéndose del cálculo económico del nuevo contrato por dejar de prestar este servicio 236.145 euros anuales, 2,3 millones de euros para los 10 años que tendrá el nuevo contrato, tomando como referencia los ingresos por ese concepto de 2019 -año prepandemia-