El conseller Martínez Mus asiste a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
El Gobierno no cede: la ofensiva autonómica choca con un reglamento de Costas que sigue adelante sin votación
El Consell teme que la reforma acelere los deslindes y complique la protección del litoral valenciano.
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La reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente dejó ayer una conclusión incómoda para las comunidades autónomas costeras: el intento de frenar por la vía institucional el nuevo reglamento de Costas no ha funcionado. La Generalitat Valenciana y una docena de gobiernos regionales querían que el Ministerio para la Transición Ecológica sometiera a votación su rechazo a la reforma, pero el asunto no llegó a votarse y la tramitación sigue adelante, justo cuando el Ejecutivo prevé aprobar el texto en verano.
En la práctica, la reunión sirvió para constatar que la ofensiva autonómica no ha conseguido alterar el calendario ni abrir una negociación de fondo sobre el contenido del reglamento. El Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar), en minoría parlamentaria, impone a las comunidades su particular agenda frente a los intentos de que se consensúe una hoja de ruta conjunta, como cuestión de Estado.
Ese detalle cambia el sentido político de la noticia. Más que un nuevo reproche del Consell al Gobierno, lo relevante es que las autonomías han agotado una de las pocas vías que tenían para dejar constancia formal de su oposición y para forzar un gesto de paralización. El debate se ha producido, pero sin votación, y eso reduce la capacidad de presión de los gobiernos regionales a un plano casi testimonial.
La Generalitat interpreta que el Ministerio ha vaciado de utilidad la reunión al no incluir el asunto en el orden del día de forma operativa, mientras el Gobierno conserva intacta la iniciativa para sacar adelante una reforma que las autonomías consideran lesiva para sus competencias.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, trasladó esta posición durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, donde ha criticado que el Ministerio para la Transición Ecológica haya rechazado atender la petición de las autonomías para abordar de forma efectiva el contenido del nuevo reglamento. "Se ha logrado que se convocara la reunión, pero al no incluirse este asunto en el orden del día, el debate carece de cualquier virtualidad. No tiene sentido traer esta cuestión si no se permite manifestar una posición mediante una votación, que era precisamente lo que solicitaban las comunidades autónomas", señaló.
El conflicto no es solo técnico. Detrás del reglamento hay una disputa más amplia sobre quién decide en la costa y con qué margen. El Consell sostiene que el nuevo texto facilita los deslindes (como los que afectan a la mayor parte del litoral norte de Dénia), introduce mayor inseguridad jurídica y altera el reparto competencial al dar carácter vinculante a informes estatales que ahora no lo son, además de afectar a la gestión autonómica de concesiones y otros expedientes ligados al dominio público marítimo-terrestre. En paralelo, la Generalitat denuncia que el procedimiento se ha diseñado al margen de las comunidades que luego tendrán que aplicar parte de sus efectos, lo que alimenta una lectura de choque institucional más que de simple discrepancia normativa.
Playa del litoral valenciano.
La clave está en que el reglamento llega en un momento de máxima sensibilidad en la Comunitat Valenciana, donde el debate sobre la costa ya no se limita a un pulso ideológico entre protección y urbanismo. Se mezcla con la protección de viviendas tradicionales, con la gestión de núcleos costeros, con la conservación del litoral y con la inseguridad que generan los deslindes sobre familias, actividades económicas e infraestructuras situadas en primera línea.
La propia Generalitat viene defendiendo que su ley autonómica de costas busca precisamente ofrecer herramientas para ordenar mejor ese conflicto territorial, mientras el Estado mantiene una visión más restrictiva del dominio público y de sus usos. La reforma del reglamento, en ese contexto, se percibe en València como un paso más en una estrategia que puede reactivar expedientes y volver a situar al litoral en el centro del problema.
Martínez Mus lamentó que el Gobierno de Sánchez haya diseñado el procedimiento de reforma "al margen de las comunidades autónomas", pese a tratarse de una normativa que afecta directamente al ejercicio de sus competencias en materia de gestión del litoral. "No se nos ha permitido participar en un procedimiento que condicionará la gestión de nuestras costas", ha afirmado.
![Una imagen del Tribunal Constitucional sobre una foto de la costa alicantina.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11246594.jpg?p=w:1706\/h:960&h=Snki7ZKN"])
Esa es también la razón por la que la reunión de la Conferencia Sectorial tiene lectura de cierre de etapa. Las autonomías costeras ya habían planteado alegaciones y habían pedido una convocatoria específica para analizar el contenido de la reforma, pero el Ministerio no ha asumido esa presión como un freno real. La sensación que deja el episodio es que el conflicto ya no se resolverá en una mesa de coordinación, sino en el terreno político, jurídico y, previsiblemente, judicial.
El precedente de la ley valenciana de costas, recurrida por el Gobierno y parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional, muestra cómo el debate sobre el litoral valenciano se ha convertido en una disputa de largo recorrido, con cada paso normativo acompañado de un contramovimiento institucional.
Martínez Mus, para finalizar, mostró la "radical oposición" de la Generalitat a la tramitación del proyecto de reglamento en los términos actuales y reclamó al Gobierno que retire el texto, abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y promueva, en su caso, una modificación de la Ley de Costas que elimine las contradicciones detectadas antes de aprobar un nuevo desarrollo reglamentario.
