Los barcos de The Ocean Race amarrados en Alicante con el castillo de Santa Bárbara al fondo.
Los incentivos a última hora de Sánchez (PSOE) para la salida de The Ocean Race en Alicante son un "boicot" encubierto
Desde la Generalitat consideran "inaudito" el retraso del Gobierno central para declarar la regata como Acontecimiento de Excepcional Interés Público en comparación con la celeridad que hubo en tiempos de Ximo Puig.
Más información: Alicante pide al Gobierno declarar la Ocean Race acontecimiento de excepcional interés público
La cuenta atrás para la salida de The Ocean Race 2027 desde Alicante amenaza con abrir un nuevo frente político entre el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) y la Generalitat Valenciana de Juanfran Pérez Llorca (PP). El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó por fin la declaración del evento como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) en la que incluía la salida de la regata, pero la resolución llega tarde y rodeada de una profunda indignación en los despachos autonómicos.
Fuentes de la Generalitat Valenciana no dudan en calificar esta decisión tardía como un "boicot en toda regla" motivado estrictamente por razones partidistas. Y pone en peligro por primera vez el éxito de la celebración de la salida de la regata.
En principio, lo que debería ser un beneficio para el acontecimiento con máximos incentivos y deducciones fiscales para patrocinadores, facilidad para la captación de financiación público-privada, exenciones de tasas y tributos para los organizadores e impulso a la promoción y proyección internacional, supone un problema a estas alturas del año. Y es que la declaración implica la creación de un consorcio interadministrativo que coordinará los programas de promoción del evento.
En la edición anterior (2023) la declaración como acontecimiento de excepcional interés público se aprobó el 5 de mayo de 2020. A pesar de que en aquella ocasión la tramitación se realizó con urgencia, la firma definitiva del convenio se demoró más de 16 meses, formalizándose finalmente el 16 de septiembre de 2021.
Por el contrario, para la edición actual, la Generalitat Valenciana solicitó formalmente dicha declaración el 3 de junio de 2024, buscando anticiparse con más de dos años y medio de antelación respecto a la salida prevista para enero de 2027. Sin embargo, a diferencia del precedente anterior y tras haber sido excluida de una aprobación conjunta de eventos el 9 de julio de 2025 , el Gobierno central no ha emitido la declaración hasta ahora (mayo de 2026).
Supuestamente el respaldo del Gobierno de España sitúa a la regata transatlántica (Nueva York-Barcelona) y a la salida de la Vuelta al Mundo desde Alicante como prioridades en la agenda de promoción turística, deportiva y de sostenibilidad del país, amplificando su visibilidad global de cara a 2026 y 2027.
![El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la presentación de Alicante Puerto de Salida de la Ocean Race en 2027.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/01\/22\/actualidad\/1003744099849_261041143_320x180.jpg"])
Y el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) haya demorado esta aprobación estratégica hasta finales de mayo, a apenas seis meses de que comiencen las operaciones logísticas y promocionales más críticas, supone, a ojos del Consell, una zancadilla deliberada al éxito de la cita.
En concreto, esta figura jurídica de exención fiscal es imprescindible para atraer de forma masiva a las empresas patrocinadoras, que necesitan meses de margen presupuestario para planificar sus inversiones. Cuando en la Comunitat Valenciana gobernaba el PSPV-PSOE de Ximo Puig, los trámites y las declaraciones de interés público fluían con una agilidad pasmosa. Ahora que las urnas propiciaron un cambio de Gobierno, el Ejecutivo central arrastra los pies a costa de un evento que beneficia a toda España.
La parálisis previa en el Congreso y el Senado ya había levantado ampollas en Alicante, donde el tejido empresarial y las instituciones locales llevaban meses exigiendo seguridad jurídica para no poner en riesgo los patrocinios privados. El retraso, interpretado en Valencia como una estrategia de desgaste político, ha obligado a la Generalitat a trabajar a contrarreloj y bajo una enorme incertidumbre institucional.
A pesar del evidente "frenazo" burocrático denunciado, la realidad obliga a ambas administraciones a entenderse. Al tratarse de un consorcio en el que la participación de la Generalitat Valenciana es nuclear para la organización, la financiación y la logística del puerto de salida, el éxito de la edición de 2027 dependerá de cómo se ejecuten las directrices a partir de este momento.
A partir de ahora se inicia un proceso largo y complejo en el que la Generalitat Valenciana debe seguir los siguientes pasos administrativos y de gestión: constitución del órgano interadministrativo, tramitación y firma del convenio, aprobación de planes y programas, aprobación del manual de marca; y activación de la captación de inversión y promoción.
La extemporánea declaración refleja una falta de previsión y coordinación administrativa, especialmente grave dado que existía una solicitud anticipada y precedentes claros sobre los tiempos necesarios. Por eso, esta gestión tardía compromete la eficiencia en la planificación y la plena explotación del potencial económico del evento.
