El presidente de la Federación Provincial de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, a su salida de la comisión de investigación de la Diputación de Alicante
Baño anticipa en la comisión de investigación de Diputación su defensa judicial por el 'caso bonoconsumo'
El presidente de Facpyme esgrime que la ley permite generar beneficios a las entidades sin ánimo de lucro siempre que se reinviertan y recuerda que la LGS no impone precios tasados, sino de mercado.
Más información: Carlos Baño se acoge al silencio en la comisión de los bonos comercio y aviva el choque político
El presidente de Facpyme (y de la Cámara de Comercio de Alicante), Carlos Baño pasa a la ofensiva. Tras meses de silencio marcados por una detención policial que mantuvo en vilo a la entidad cameral y la patronal Facpyme, el empresario ha aprovechado su comparecencia voluntaria ante la comisión de investigación de la Diputación de Alicante para trazar las líneas maestras de lo que será su estrategia de defensa en sede judicial en un caso valorado en un supuesto fraude de 100.000 euros.
Bajo el foco de un supuesto fraude de subvenciones y falsedad documental (según se trasladó a la prensa de la calificación del fiscal en el caso judicial), Baño no solo ha defendido la legalidad de la gestión de los bonoconsumo 2023-24, sino que ha blindado la estructura operativa de Nexo Retail, la mercantil a través de la cual se canalizaron las ayudas provinciales. "Nexo era una sociedad propiedad al cien por cien de Facpyme. No era una empresa mía. No era ni es una sociedad creada para repartir beneficios personales. No era ni es una pantalla para ocultar nada. Nexo es una herramienta operativa de Facpyme que se creó para ordenar y profesionalizar una gestión compleja", ha recordado.
El eje central de la argumentación de Baño, leída ante los grupos políticos antes del plante del PSPV-PSOE, radica en el desmontaje de la tesis acusatoria que cuestiona el lucro obtenido por Facpyme a través de su empresa instrumental. Baño sostiene que el carácter de asociación sin ánimo de lucro de Facpyme no es incompatible con la eficiencia económica ni con la generación de excedentes.
En su escrito, Baño es tajante: “una asociación sin ánimo de lucro puede realizar actividades económicas legales y generar beneficios, siempre que dichos fondos se reinviertan en sus fines sociales y no se repartan entre los socios”.
Con esta premisa, el presidente de la patronal del pequeño comercio busca neutralizar la sombra de la duda sobre el destino de las comisiones de gestión. Según la defensa de su gestión, el modelo de colaboración público-privada permitió que fondos de la Diputación, transferidos a los ayuntamientos, se ejecutaran con agilidad técnica, cumpliendo con el objeto social de dinamizar el comercio local en un contexto de post-pandemia y crisis energética.
"Para hablar de un delito tiene que haber engaño o simulación. Se exige apropiación, falsedad real, se exige ánimo defraudatorio (....) niego que haya existido doble facturación, niego que se hayan facturado trabajos inexistentes y niego que se hayan presentado facturas falsas. Si NEXO utilizó en una fase inicial medios de FACPYME, eso puede abrir un debate sobre organización interna, imputación de costes o documentación mercantil. Pero no son falsas unas facturas si los trabajos existieron y si los servicios se prestaron", ha señalado.
![Carlos Baño.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/05\/20\/actualidad\/1003743766752_255751268_320x180.jpg"])
Otro de los pilares de su intervención ha sido la interpretación técnica de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). Frente a las críticas de la oposición sobre los costes de gestión de Nexo Retail, Baño argumenta que la normativa estatal no es un corsé de precios, sino un marco de idoneidad.
“La Ley General de Subvenciones en España no marca ni fija precios específicos para la prestación de un servicio”, reza el documento leído ante la comisión. Baño sostiene que lo que hace la ley es “establecer el marco legal para que los gastos subvencionables sean reales, necesarios y se ajusten a los precios de mercado,” con el fin de evitar la sobrefinanciación y garantizar la eficiencia en el uso de recursos públicos”.
Bajo esta perspectiva, el presidente de la patronal del pequeño y mediano comercio argumenta que los precios aplicados por Facpyme se ajustaban a la complejidad técnica de gestionar miles de bonos en diversos municipios, y que en ningún caso hubo una inflación artificial de los costes.
Tensión política y judicial
La comparecencia de Baño se ha producido en un clima de extrema polarización. Mientras el PSPV-PSOE abandonaba la sala calificando la sesión de “pantomima” y reclamando la comparecencia del expresidente popular de la corporación provincial, Carlos Mazón, Baño se mantenía firme en su derecho a no responder a las preguntas de la izquierda por recomendación letrada. “He evitado contestar a la oposición por recomendación de mi abogado y del de Facpyme”, explicaría más tarde a los medios, subrayando que el asunto se encuentra bajo investigación judicial.
El presidente de Facpyme ha querido desligar a la Diputación de la contratación directa, recordando que Nexo Retail era contratada por los ayuntamientos en ejercicio de su autonomía local: “El dinero de la Diputación no lo recibíamos nosotros sino el ayuntamiento, que era el que contrataba”. Esta distinción es vital para su defensa, ya que sitúa la relación contractual fuera del ámbito directo de la institución provincial, diluyendo la tesis de una "arquitectura jurídica" diseñada ad hoc desde la cúpula de la Diputación.
A pesar de figurar como único investigado en la causa judicial, Baño ha reafirmado su compromiso con la provincia: “No se ha cometido ningún delito. Estoy empeñado en trabajar por esta provincia de forma altruista y en seguir haciéndolo unos cuantos años más”.
Con este escrito, Carlos Baño no solo ha cumplido con el trámite de comparecencia, sino que ha enviado un mensaje nítido al juzgado y a sus críticos: su defensa no se basará en la negación de la actividad económica, sino en la reivindicación de su legalidad bajo los parámetros de reinversión social y precios de mercado. La batalla judicial no ha hecho más que empezar, pero el esquema de la defensa ya está sobre la mesa de la Diputación.
