El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre una imagen de la costa de Dénia.
La Generalitat exige al Gobierno de Sánchez cambiar la Ley de Costas de 1988 antes de aprobar un nuevo reglamento
El Consell alega que el anteproyecto estatal invade competencias autonómicas, genera inseguridad jurídica y pretende modificar por vía reglamentaria derechos que, a su juicio, solo pueden tocarse mediante una reforma de la Ley.
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La Generalitat Valenciana ha presentado sus alegaciones al anteproyecto de modificación del Reglamento General de Costas con un mensaje de fondo muy claro. Según el Consell, el Gobierno no debería intentar resolver por decreto lo que exige primero una reforma de la Ley de Costas de 1988. En su escrito, la administración valenciana sostiene que el texto estatal se excede en su potestad reglamentaria, altera derechos reconocidos por la Ley de Costas y amenaza con incrementar la inseguridad jurídica en el litoral.
El documento, remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del trámite de audiencia e información pública, se produce en una batalla legal con la Comunitat Valenciana por uno de los puntos de la Ley Autonómica de Costas, el de los "núcleos etnológicos" que ha suspendido cautelarmente el Tribunal Constitucional mientras se negociaba entre ambas Administraciones.
El reproche principal de la Generalitat a esta reforma reglamentaria llega antes que la revisión de la Ley 22/1988, de Costas, una modificación que la Generalitat considera imprescindible por la regresión del litoral, la evolución de la jurisprudencia y la necesidad de adaptar la norma a la realidad territorial y económica de la Comunitat Valenciana. La reforma de esta ley exigida por el Congreso y el Senado se encuentra bloqueada desde hace dos años en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Cámara Baja.
En esa línea, el Consell recuerda que el Tribunal Supremo ya anuló en enero de 2024 el anterior real decreto de reforma por un defecto procedimental, y advierte de que el nuevo texto no puede repetir los mismos excesos.
Uno de los puntos más duros del escrito es la crítica a la forma en que el Ministerio está tratando de responder al dictamen motivado de la Comisión Europea sobre las concesiones en Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT). La Generalitat reprocha que el anteproyecto no se limite a corregir posibles incompatibilidades con la Directiva de Servicios, sino que introduzca cambios de mayor alcance que endurecen el régimen de concesiones, aumentan la discrecionalidad administrativa y restringen derechos de ocupantes y actividades económicas en la costa.
Además, denuncia que el texto reglamentario contradice preceptos de la propia Ley de Costas, todavía vigente, y que por tanto no puede imponer por vía inferior obligaciones como concursos obligatorios o nuevas limitaciones a prórrogas ya reconocidas por la ley.
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Deslindes y seguridad jurídica
La Generalitat centra buena parte de sus objeciones en los deslindes del dominio público marítimo-terrestre que afectan especialmente a localidades como Dénia. A su juicio, el anteproyecto relaja o altera criterios técnicos de una forma que puede provocar una expansión automática del dominio público a partir de episodios excepcionales de oleaje.
Se trata de algo que el Consell considera desproporcionado y jurídicamente inseguro. Por eso pide que se mantenga un criterio acumulativo y verificable para fijar hasta dónde llegan las olas en temporales, y que no baste un único episodio extraordinario para redefinir la línea de deslinde.
El texto también rechaza que se suprima la posibilidad de revisar deslindes hacia el mar cuando la realidad física lo justifique. La Generalitat defiende que esa revisión debe seguir existiendo como mecanismo corrector, pero con garantías y sin convertir un hecho puntual en una ampliación irreversible del dominio público.
![Playa de Les Deveses de FDénia antes de su regeneración.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/20\/actualidad\/1003744139023_261539264_320x180.jpg"])
En la misma línea, reclama que cualquier medida provisional durante la tramitación de deslindes tenga límites temporales, motivación suficiente y proporcionalidad para no perjudicar a los afectados antes de una resolución firme.
Otro bloque importante de alegaciones afecta al régimen de concesiones. La Generalitat sostiene que el anteproyecto introduce requisitos no previstos en la ley para las prórrogas ordinarias y extraordinarias, incluyendo restricciones retroactivas que podrían afectar a concesiones ya otorgadas o en tramitación.
También cuestiona que se limite la compensación por determinadas concesiones a los capitales invertidos, cuando la legislación vigente reconoce además otros conceptos indemnizatorios, como el lucro cesante.
El Consell advierte igualmente de un problema competencial. Según su interpretación, el anteproyecto invade funciones asumidas por la Comunitat Valenciana en materia de gestión del dominio público marítimo-terrestre al dar carácter vinculante a algunos informes estatales y al imponer procedimientos que la legislación básica deja en manos autonómicas.
En ese punto, la Generalitat reclama que los informes del Ministerio dejen de ser vinculantes salvo en materias no transferidas, y que la administración que haya recibido competencias sea también la que fije, gestione y recaude los cánones de explotación.
Paseos, usos y litoral
La Generalitat también plantea enmiendas sobre la definición misma del dominio público y sobre el tratamiento de elementos muy sensibles del litoral valenciano, como los paseos marítimos, las dunas, los acantilados y los núcleos costeros tradicionales.
En particular, pide que los paseos construidos después de la Ley de 1988 sigan considerándose linde de la ribera del mar y que el planeamiento urbanístico conserve capacidad para autorizar usos compatibles en edificios existentes. Además, solicita una definición más precisa de las dunas activas y de los acantilados, para evitar interpretaciones demasiado amplias o ambiguas.
En el plano económico, el documento reclama más flexibilidad para actividades de temporada, distancias y superficies, de modo que puedan adaptarse a la realidad de cada tramo de costa mediante instrumentos de planificación territorial. También pide que se reconozca expresamente la singularidad de las concesiones compensatorias, que considera una figura distinta de las concesiones ordinarias porque nacen como compensación jurídica por la pérdida de derechos previos.
El escrito concluye con una reclamación política e institucional, la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Costas y un proceso real de diálogo con las comunidades autónomas antes de aprobar una reforma de tanto alcance. La Generalitat sostiene que no basta con el trámite de consulta pública y que una norma de este calibre debe acordarse con las administraciones que ya gestionan, o están asumiendo, competencias en el litoral.
