La fotografía de Carlos Talens Enguix, fusilado por el régimen franquista en el año 1941.
Ni autonomía ni Estado: familias de víctimas del franquismo acusan a los gobiernos de abandono "total"
Más de seis años después de iniciarse el plan autonómico de fosas, la lentitud burocrática y la falta de coordinación entre administraciones han convertido la justicia reparadora en una carrera contra el reloj.
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El tiempo corre en contra de la memoria. Las asociaciones de familiares de desaparecidos en el Frente de Levante y de represaliados por el franquismo en el Cementerio de Alicante alertan del colapso institucional que mantiene paralizados cientos de procesos de identificación y exhumación de cuerpos de la Guerra Civil y la dictadura.
Más de seis años después de iniciarse el plan autonómico de fosas, la lentitud burocrática y la falta de coordinación entre administraciones han convertido la justicia reparadora en una carrera contra el reloj.
Feli González, presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos en el Frente de Levante, describe la situación como "dar cabezazos contra una pared".
La entidad, creada en 2019, busca a 144 combatientes y lleva años esperando una respuesta clara de la Generalitat Valenciana para acceder al banco de ADN público.
Según González, los protocolos actuales obligan a las familias a desplazarse presencialmente, incluso desde fuera de España, para entregar sus muestras genéticas, pese a que otras comunidades permiten hacerlo mediante kits enviados a domicilio.
"Tenemos familiares de casi 90 años, incluso algunos ya fallecidos. Es absurdo que no se pueda hacer lo mismo que Aragón o Cataluña", lamenta.
El problema se agrava con el retraso en la digitalización de los archivos militares y civiles que contienen información sobre los combatientes desaparecidos. González denuncia que, aunque la Ley de Memoria Democrática de 2022 establece la accesibilidad digital de los fondos documentales, muchos siguen almacenados sin catalogar en Ávila y Salamanca.
La falta de respuesta del Ministerio de Cultura y otras autoridades deja a las familias sin pistas sobre el paradero de sus seres queridos. "Es una injusticia doble: no nos dejan acceder a la información ni recuperar los cuerpos", resume.
Alicante
María José Pérez Galant, presidenta de la Asociación de Familiares Represaliados por el Franquismo del Cementerio de Alicante, coincide en el diagnóstico.
En declaraciones a EL ESPAÑOL, Pérez alerta de la situación de "embudo" que sufre el banco público de ADN de Fisabio, responsable de las identificaciones genéticas.
"Toda la Comunidad Valenciana va lentísima. Hay muchas fosas a la espera, y tememos que algunas familias tengan que recurrir a laboratorios privados para no morir sin haber recibido a sus familiares", explica. La asociación confía en que el nuevo ciclo político mantenga la financiación del banco público, pero admite que la incertidumbre es total.
![Dolores Aniorte, en el patio de su casa en Torrevieja.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/08\/23\/actualidad\/1003743897171_258186249_320x180.jpg"])
En 2024, la Comunitat Valenciana no ejecutó ninguna exhumación nueva y recortó su presupuesto en memoria democrática en un 66 %.
También señala que los familiares fueron excluidos del proceso de planificación, pese a ser los principales interesados en las recuperaciones. Para González y Pérez, esto refleja una desatención institucional "estructural", agravada por el cambio político y la fragmentación de competencias entre el Estado y las autonomías.
Ambas voces coinciden en que el retraso ya no es solo técnico, sino humano. Las generaciones que vivieron la guerra y sus consecuencias están desapareciendo sin haber obtenido justicia.
"Están esperando que muramos, que olvidemos que nuestros familiares quedaron en cunetas y trincheras", denuncia González. Mientras tanto, las asociaciones continúan presentando escritos a ministerios, defensores del pueblo y archivos en busca de una respuesta que no llega.
La promesa de la memoria democrática, cuatro años después de su aprobación, sigue pendiente de cumplimiento. Entre los expedientes sin digitalizar, las muestras sin analizar y las fosas cerradas, las familias de la Comunitat Valenciana sostienen una lucha que combina el dolor íntimo con la resistencia cívica.
