El presidente de Facpyme, Carlos Baño, durante una presentación.
Carlos Baño pide acudir de forma voluntaria a la comisión de investigación del bono comercio en la Diputación
El presidente de Facpyme se ofrece a comparecer ante el órgano creado para analizar la gestión del programa, a la que irán los alcaldes de varios municipios que dejaron en Facpyme la gestión.
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El presidente de Facpyme Alicante, Carlos Baño, ha solicitado comparecer de manera voluntaria ante la comisión de investigación del Bono Comercio creada este miércoles por la Diputación Provincial de Alicante. Esta comisión analizará durante un plazo máximo de seis meses la gestión del programa impulsado en los últimos años por la institución provincial, con el objetivo de determinar posibles irregularidades en su desarrollo y aplicación municipal.
La comisión estará formada por 13 miembros de la corporación: siete representantes del Partido Popular, incluido el presidente del organismo, cuatro del PSPV-PSOE, uno de Vox y uno de Compromís.
Después de la constitución de esta comisión, confirman fuentes de la Diputación de Alicante, acudirá en su primera sesión Baño y los alcaldes de los municipios afectados por la polémica.
La moción, defendida por el PP, ha incorporado una enmienda socialista que fija un mínimo de seis sesiones, aunque la relativa a la comparecencia de personas ha quedado pendiente de decisión por parte de la propia comisión, ya que “no es competencia del pleno”, tal como ha precisado la portavoz del equipo de gobierno, Ana Serna.
Pese a ello, la intención de Baño de acudir de manera voluntaria refuerza la voluntad de colaboración institucional. Al igual que dirigente cameral el PP pedirá la comparecencia de varios alcaldes de municipios que en 2022 recurrieron a Facpyme para gestionar los bonos consumo, entre ellos los de Alcoy (Toni Francés), Elche (Carlos González), Elda (Rubén Alfaro), Villena (Fulgencio Cerdán) y L’Alfàs del Pi (Vicente Arques), entre otros.
Desde el equipo de gobierno provincial se ha recordado que la tramitación del Bono Comercio contó con el respaldo unánime de todos los grupos políticos y que cada ayuntamiento gestionó el programa “desde su autonomía”, bajo la supervisión de los servicios de Intervención tanto municipales como de la propia Diputación.
![Carlos Baño durante su discurso en la noche de la economía alicantina.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/11\/21\/actualidad\/1003744023379_260062760_320x180.jpg"])
La polémica
La versión del equipo de gobierno de la Diputación y la del PSOE evidencian un choque frontal de relato sobre la comisión del Bono Comercio: mientras desde el PP se insiste en que será la propia comisión la que decida a quién llama a comparecer y se subraya que la tramitación del programa contó con el respaldo de todos los grupos y con la fiscalización de Intervención, los socialistas denuncian que el PP ha votado contra la comparecencia de Carlos Baño, Carlos Mazón y Toni Pérez, interpretando ese rechazo como un bloqueo a la transparencia y a la rendición de cuentas sobre la gestión de los bonos consumo.
La disposición manifestada por Baño y por varios alcaldes a acudir de forma voluntaria a la comisión, contrastada con el veto a la enmienda socialista que pretendía fijar sus nombres en el acuerdo plenario, alimenta esa discrepancia política sobre hasta dónde está dispuesta a llegar la Diputación en la depuración de responsabilidades.
En paralelo, el pleno también ha visualizado el pulso entre PP y PSPV a cuenta de la crisis institucional en L’Alqueria d’Asnar: la moción socialista para “garantizar la legalidad democrática” en el municipio ha sido rechazada por el equipo de gobierno alegando falta de competencia, mientras más de una treintena de vecinos acudían al salón de plenos y el movimiento vecinal registraba un escrito con 240 firmas reclamando la provisión urgente de secretaría municipal, la normalización del funcionamiento del ayuntamiento y la convocatoria de un pleno extraordinario para desbloquear la moción de censura.
El PSOE habla de “anomalía democrática” y acusa a la Diputación de inacción, frente a la posición del gobierno provincial, que defiende que ya ha actuado dentro de sus límites legales y acusa a los socialistas de intentar sacar rédito político de la situación.
