El diputado del PP y experto en temas hídricos, Joaquín Melgarejo.
El Congreso blinda el "derecho a la vida" frente a sequías y danas con solo un 29% del plan hidrológico ejecutado
Melgarejo (PP) reivindica una reforma de la Ley de Aguas que haga explícita la protección de la vida humana como prioridad, mientras el PSOE se opone a la Iniciativa Legislativa Popular y los colegios profesionales de Ingenieros tras la dana.
Más información: Feijóo plantea un Pacto Nacional del Agua que prevenga sequías y riadas y revisar todas las presas de España
El PP, en la persona del diputado alicantino Joaquín Melgarejo, llevó ayer al Congreso una iniciativa para que la legislación española del agua ponga negro sobre blanco algo que hasta ahora solo aparecía de forma indirecta: que proteger la vida, la integridad y la salud de las personas sea la prioridad legal en la gestión de sequías e inundaciones.
La iniciativa en forma de PNL, se aprobó con 17 votos a favor (PP y Vox) frente a 16 en contra (PSOE-Sumar-Bildu). Una vez que la PNL ha prosperado, su impacto dependerá de cómo se traduzca ese nuevo principio en decisiones presupuestarias, planificación de infraestructuras y protocolos de emergencia.
El rechazo del PSOE no se entiende ya que esta PNL partió de ina Iniciativa Legislativa Popular apoyada por los Colegios profesionales de Ingenieros tras la dana que sufrió Valencia en octubre de 2024, precisamente para salvar vidas.
Para las cuencas mediterráneas y para provincias como Alicante, donde cada episodio de sequía o de inundación abre el debate sobre si se hizo todo lo posible, la iniciativa abre una ventana para que la discusión sobre presas, laminación de avenidas, regadíos, trasvases o depuración se articule con un criterio explícito de protección de la vida humana.
La Proposición no de Ley registrada por el PP propone tres mandatos claros al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar): reconocer expresamente en la Ley de Aguas que la protección de la vida humana es la prioridad en la acción del Estado, fijar como principio rector una inversión “suficiente, planificada y prioritaria” en infraestructuras hidráulicas frente a fenómenos extremos, y blindar que la planificación y gestión del agua se apoyen en criterios científicos y técnicos elaborados por profesionales cualificados de la Administración.
El texto, debatido en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, se enmarca en un contexto de sequías prolongadas alternadas con episodios de inundaciones cada vez más violentos, especialmente en autonomías como la Comunitat Valenciana, un escenario que los diputados del PP consideran agravado por el cambio climático y por el retraso crónico en la ejecución de la planificación hidrológica.
![Depuradora de Ricón de León, en Alicante.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/11\/actualidad\/1003744125243_261362585_320x180.jpg"])
La exposición de motivos recuerda que España ha sido un referente internacional en legislación de aguas, pero subraya que las normas se han centrado en el recurso y en el dominio público hidráulico, y solo tangencialmente en los riesgos directos para la población.
Los populares citan informes del sector que dibujan un atasco estructural: solo se habría ejecutado en torno al 29,2% de los planes hidrológicos 2016‑2021 y, al ritmo de licitación de 2022‑2023, en 2027 apenas se habrá licitado algo más del 40% de las inversiones previstas en el tercer ciclo de planificación.
Ese retraso se traduce en vulnerabilidad cuando llegan las emergencias: cada sequía prolongada o cada dana pone en riesgo cosechas, infraestructuras, viviendas y vidas humanas, y las inundaciones causan daños materiales cercanos a 800 millones de euros anuales, sin contar el impacto social y económico acumulado de la sequía recurrente.
El mensaje político es nítido: el agua deja de ser solo un recurso a gestionar para ser un vector de seguridad civil frente a uno de los fenómenos naturales más destructivos cuando se descontrola.
![El presidente de la Junta, Juanma Moreno.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/12\/actualidad\/1003744127467_261389798_320x180.jpg"])
La PNL reconoce que el ordenamiento ya ha ido incorporando, de manera fragmentaria, la dimensión de riesgo: la transposición de la Directiva Marco del Agua introdujo la obligación de paliar los efectos de inundaciones y sequías en los objetivos de protección y en los planes de cuenca, y la Directiva de Inundaciones llevó a aprobar los planes de gestión del riesgo y a regular la seguridad de presas y embalses con el foco en proteger personas, medio ambiente y propiedades.
Sin embargo, el PP considera insuficiente este enfoque disperso y reclama un “reconocimiento expreso” del derecho a la vida y a la integridad física como prioridad legal en la gestión del agua, en línea con la agenda de adaptación al cambio climático y con el llamamiento a un gran Pacto Nacional del Agua que el propio texto plantea como marco de consenso entre partidos, comunidades autónomas, usuarios y expertos.
La iniciativa no entra al detalle de obras concretas, pero sí reclama un cambio de jerarquía normativa: primero las personas, luego el resto de objetivos, desde la protección ambiental a los usos económicos.
Alicante, laboratorio político del agua
Que sea Joaquín Melgarejo, diputado del PP por Alicante, quien haya defendido esta iniciativa no es un detalle menor en una provincia acostumbrada a vivir el agua como cuestión de Estado. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante, especializado en economía del agua y exdirector del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales (IUACA), Melgarejo ha sido una de las voces académicas de referencia en debates como el trasvase Tajo‑Segura, la garantía de abastecimiento en el sureste y la necesidad de un pacto nacional basado en criterios científicos y equidad interterritorial.
![Los expertos Joaquín Melgarejo, Andrés Molina y Alberto del Villar, junto a la diputada de Agua y dirigentes del Scrats.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2022\/11\/08\/alicante\/economia\/716938944_228566093_320x180.jpg"])
Melgarejo ha recordado que las inundaciones causan de media 800 millones de euros anuales en daños y que episodios como la dana del 29 de octubre de 2024, con fallecidos y graves daños en Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunitat Valenciana, evidencian que muchos de esos impactos podrían haberse atenuado si se hubieran atendido los criterios técnicos en materia de infraestructuras, mantenimiento de cauces y ordenación del territorio.
También ha subrayado que la reforma no reescribe el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, sino que añade nuevos principios para reforzar una gestión preventiva basada en tres pilares: la prioridad expresa de la vida y la seguridad de las personas en la planificación y gestión del agua, la obligación de prevenir riesgos naturales mediante infraestructuras adecuadas y una inversión suficiente y sostenida guiada por criterios científicos.
En esa línea ha denunciado el déficit histórico de infraestructuras, el retraso inversor y el hecho de que el 75% de las grandes presas sigan sin planes de emergencia implantados, pese a ser obligatorios desde hace tres décadas, y ha llamado a “perder el miedo a las presas” y a acelerar las actuaciones comprometidas en los planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundación.
