La portada del proyecto en la página de la asociación valenciana Lambda.
Generalitat administrará ahora un servicio de memoria LGTBI "que costó 1,4 millones y el 80 % era para nóminas"
Las asociaciones de la Comunitat Valenciana se enfrentan por el cambio en la gestión de estos proyectos, que están pendientes de adjudicación.
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Al otro lado de la bandera del arcoíris en la Comunitat Valenciana hay una profunda división entre algunas asociaciones LGTBI y Generalitat. Con eso el Consell pasa a gestionar ahora un servicio de memoria "que costó 1,4 millones y el 80 % era para nóminas", según denuncian desde la Administración.
El choque tiene dos frentes. Uno es el servicio Armari de la Memòria, por el que este lunes se han enfrentado diversas organizaciones con intereses sobre el mismo. Por un lado, Lambda, la hasta ahora gestora valenciana, califica este cambio como "otra maniobra de manipulación de la Generalitat, que disfraza un cierre real bajo una supuesta reformulación del servicio".
Desde la Generalitat confirman a EL ESPAÑOL que sus planes para la renovación empiezan por el mismo nombre. Su idea es que ahora sea Espai de la Memòria. De externalizarlo pasan a llevarlo ellos bajo la Dirección General de Diversidad a partir de diciembre. Este cambio lo justifican por la necesidad de optimizar recursos.
¿Y de cuántos recursos hablamos? La Administración pública regida por el Partido Popular cifra en 1.400.000 euros la inversión realizada desde la puesta en marcha por el pacto de izquierdas del Botànic. Pero, como recalcan, hay un punto muy importante sobre el mismo. Según recalcan, el 80 % del dinero destinado al servicio público sirvió para pagar nóminas.
¿Cuál era la misión del Armari de la Memòria? "Su principal misión es la recuperación, conservación, descripción, digitalización y difusión de fondos documentales relevantes", como explica la página de la Generalitat. Al revertir la externalización y con ese ahorro en gasto de personal que señalan, aseguran que habrá más acciones con el resto de entidades.
Y eso es lo que literalmente han aplaudido este lunes otras tres asociaciones en un comunicado. "Valoramos positivamente la decisión" y "creemos que la transición hacia una gestión directa por parte de la Generalitat es un paso natural", explican en el texto. Y puntualizan que "no debe interpretarse como una crítica al trabajo previo, sino como una oportunidad".
En la semana en la que Juanfran Pérez Llorca quiere aspira a ser el nuevo presidente de la Generalitat, para lo cual necesita los votos de Vox, las fuentes del Consell niegan que estos cambios sean una cesión al partido de José María Llanos. Como recalcan, busca que el servicio público no sea confundido con un servicio de una entidad concreta, como hasta ahora.
Esta vuelta a lo público afirman que permitirá una mayor estabilidad, profesionalización y equilibrio territorial. Esto último, como recalcan las asociaciones LGTBI AHS, Alicante Entiende y De mar a mar, cambiaría la situación hasta ahora: "Las provincias de Alicante y Castellón no han contado con actividades, iniciativas ni presencia efectiva del archivo"
Y si este es un frente abierto de ámbito autonómico, el otro se centra en la provincia de Alicante con Orienta Alicante. Este, otro servicio público externalizado se mantendría de ese modo. Pero con un cambio de manos, de Diversitat se ha pasado provisionalmente al propio Consell. Mientras sale el concurso, De mar a mar y otras entidades de Alicante tienen un contrato de derivación a los servicios de Orienta y otros casos de Sanidad, Educación y Atención a Víctimas.
Y el presidente de Diversitat denuncia que esto se ha hecho "mediante presión administrativa". Según cuenta a EL ESPAÑOL, la Generalitat les ha negado una prórroga para gestionar este servicio de 350.000 euros al año. ¿La razón? La deuda de la entidad.
Santiago reconoce que había una deuda con Hacienda que ascendía a 29.000 euros, pero asegura que esta fue generada por la propia Generalitat. Como afirma, el retraso en los pagos del servicio, ocasionó a su vez recargos en los Seguros Sociales e IRPF que se tienen que pagar.
Santiago indica que el 6 de octubre Diversitat había manifestado su conformidad con la prórroga. Sin embargo, les informaron que no podía hacerse la prórroga porque estaban como "deudores". Y ahí el líder de la entidad sostiene que se le obligó a renunciar el 7 de octubre, ya que, como asociación, no podía mantener a la plantilla ni los gastos.
