Las casas de la playa Babilonia de Guardamar en 1930.
Aprobada la Ley de Costas valenciana, los ayuntamientos podrán pedir proteger sus núcleos etnográficos costeros
La nueva normativa es la primera que protege medioambientalmente con rango de ley las praderas de posidonia mediterránea.
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El pasado miércoles, el pleno de las Cortes Valencianas aprobó la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, una norma inspirada en la ley gallega que ha ganado hasta en el Constitucional su validez frente a la Ley de Costas estatal. Con esta ley la Comunitat Valenciana también hará valer su legitimidad para ser un actor en la protección de su territorio costero, y en especial, en sus "núcleos urbanos con especiales valores etnológicos".
La principal novedad que incluye la ley, explica el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García lo constituye este problema que afecta en la provincia de Alicante a los municipios de Guardamar y Dénia, inmersos en procesos de deslindes que terminarán con la expropiación y derribo de centenares de casas construidas en su día legalmente.
Es en este punto en el que la ley autonómica implica a los ayuntamientos en su protección frente a la Dirección General de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. "Todavía falta aprobar el desarrollo reglamentario de la ley, que ya está tramitándose", explica García, "para que sean los ayuntamientos implicados los que pidan la protección".
Los afectados, en los casos que ocupan a la provincia de Alicante, se verán con un problema añadido que es que están gobernados en sus municipios por el PSOE, el mismo partido que se ha opuesto a la ley valenciana y dirige el Ministerio desde Madrid. Ocurre lo mismo en Tabernes (en la provincia de Valencia) o en Cabanes (en Castellón).
"No se trata de hacer un juego político. El Ayuntamiento, como cuando se solicita una declaración de BIC, es quien debe documentar esos valores etnológicos e históricos de estos núcleos de población costera. Aunque nos reservaremos la posibilidad de que sea la propia Generalitat la que inicie el expediente porque nosotros no dejamos a nadie atrás. En cualquier caso, los ayuntamientos tendrán que hacer un informe vinculante porque nosotros creemos en el municipalismo, en la lealtad institucional y que es quien está en el terreno el que mejor conoce cada caso", asegura el director general.
Esta protección no aparece reflejada en la ley gallega por la diferencia geográfica entre el Mediterráneo y el Atlántico, donde las mareas han impedido históricamente que se construyesen viviendas tan cerca de la linea de costa, no como como en los pueblos pesqueros del Mediterráneo. "Esto es precisamente lo que no tiene sentido de la ley nacional de Costas, que trata por igual realidades diferentes como la gallega, la canaria o la valenciana", señala García.
Por otro lado la ley valenciana también es innovadora en la protección de las praderas de posidonia, que nunca antes habían estado reconocidas con rango de ley. Una protección medioambiental que ahora se extiende a toda la costa autonómica.
"Somos conscientes de que necesitamos ir un paso más allá que es el de la modificación de la ley nacional para culminar la protección de nuestro territorio costero. En marzo del año pasado se aprobó en el Senado y desde entonces lleva bloqueada por la mesa del Congreso de los Diputados. Se trata de un secuestro de la Democracia porque si se debatiese la apoyaríamos previsiblemente PP, Vox, PNV, Junts y Coalición Canaria, una mayoría más que suficiente para sacarla adelante", concluye el director general valenciano.
