Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía instan al Gobierno a no aprobar las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura .
Castilla-La Mancha saca pecho de la reducción del trasvase hasta su eliminación y la Comunitat exige su vigencia
Las nuevas reglas de explotación, unidas al caudal ecológico, reducirán la transferencia hídrica en un 40% a partir del año 2027.
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Castilla-La Mancha da por hecho ya que la reducción de las transferencias hídricas al Levante español (Almería, Murcia y Alicante) se aprobará sin mayor problema, pese a que la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (a través de Cedex) de la socialista Sara Aagesen todavía tiene que pasar por exposición pública, alegaciones, el Consejo Nacional del Agua y el Consejo de Ministros.
El presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page, sacó pecho ayer por una propuesta que reduce las aportaciones de forma progresiva hasta un 40 % de cara a 2027. La región "empieza a ver que la meta no es tan quimérica", sentenció Page.
Para el socialista se trata de una "pelea ya histórica", porque la región lleva "muchos años" tratando de deshacerse de la "hipoteca lacerante del trasvase Tajo-Segura". Y dicho esto, quiso quitar hierro al asunto comprometiéndose a "ayudar a que no falte agua, sobre todo para beber en toda España, también en el Levante", y para que se puedan atender todas las necesidades, incluso también las agrarias, ha asegurado que el trasvase, desde su concepción, falsea la realidad, toda vez que el Tajo no es la cuenca más caudalosa de España".
Entre tanto, las comunidades afectadas intentan por todos los medios que esa reducción de caudales no se apruebe. La Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Junta de Andalucía han mantenido un encuentro para instar al Gobierno de España a no aprobar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, por considerar que se trata de una reforma insolidaria, ideológica y carente de rigor técnico.
Según la nota de la Generalitat, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, la consejera de la Región de Murcia, Sara Rubira, y el consejero de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, han coincidido en denunciar la imposición de decisiones unilaterales por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, que afectan gravemente a la economía, al empleo y al futuro de miles de familias que dependen directa o indirectamente del agua trasvasada.
“No se puede gobernar el agua desde un despacho en Moncloa sin escuchar a quienes producen alimentos para toda Europa. Estas nuevas reglas son una agresión directa a nuestros agricultores, que han demostrado durante décadas cómo hacer un uso eficiente, sostenible y solidario del recurso hídrico”. “Lo que exigimos es justicia hídrica. El agua es de todos y debe gestionarse con sentido común, no como un arma política al servicio de intereses partidistas”, ha afirmado el conseller.
En Alicante, la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha aprovechado su presencia en la Santa Faz para recriminar al PSPV-PSOE y Compromís que hayan utilizado políticamente su presencia en la romería de Santa Faz, con críticas a la ausencia del president Carlos Mazón, y en cambio no hayan condenado los recientes recortes al trasvase Tajo-Segura.
