La Comisión Cívica de Alicante en un evento reciente.

La Comisión Cívica de Alicante en un evento reciente.

Alicante MEMORIA

La Comisión Cívica de Alicante, preocupada por el futuro del área valenciana de Memoria Histórica

El colectivo, si bien saludan las palabras de Mazón de que buscará "el máximo consenso", pide una reunión para conocer qué políticas se van a hacer. 

18 agosto, 2023 10:10
Alicante

La Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica "contempla con preocupación" el anuncio realizado hace unos días por Carlos Mazón, cuyo gabinete de Presidencia de la Generalitat ostenta las competencias en Memoria Democrática, "señalando la voluntad del nuevo ejecutivo de dar un giro a las políticas" de esta área, a la vez que "saludamos con satisfacción" que Mazón haya recalcado que su Gobierno buscará "el máximo consenso".

"Consideramos que sería muy conveniente que los sectores concernidos conociesen cuanto antes las previsiones que pueda tener el Consell", en manos de PP y Vox, "con relación a la modificación de la estructura normativa y las actuaciones relativas a las políticas de Memoria, en el marco de la vigente Ley de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana y las disposiciones reglamentarias que la desarrollan", señalan en un comunicado. 

Con todo, insisten en mostrar esa "preocupación" al escuchar las palabras del también líder del PP "anunciando una suerte de declaración previa de intenciones, marcando
distancias con el modelo desarrollado por el anterior gobierno, pues según dice, 'otros han querido hacer memoria de parte e ideológica' y él pretende lo contrario".

[¿Cómo quedan los trabajos en el campo de concentración de Albatera con el nuevo Gobierno de PP y Vox?]

Es por ello por lo que los representantes alicantinos de la Comisión Cívica tienen "interés en conocer de primera mano los términos en que piensa trasladar esas intenciones a las actuaciones políticas y administrativas de su ejecutivo".

En el contexto de las mencionadas declaraciones, el president Mazón garantiza la seguridad jurídica en la acción institucional, insistiendo en que va a seguir adelante con las 450 exhumaciones de fosas de la Guerra Civil aprobadas por el gobierno del Botànic antes del relevo en la Generalitat, asegurando que se respetarán las resoluciones firmes que vienen del pasado, porque su gobierno no ha venido a luchar contra la seguridad jurídica, ni contra la ley.

"Obviamente, no puede ser de otro modo y en eso estamos de acuerdo con él.
No obstante, debemos recordar al president que la subvenciones a que alude fueron solicitadas por asociaciones memorialistas, por distintos ayuntamientos de la provincia y por el propio Ayuntamiento de Alicante en 2021, siendo él mismo concejal del Partido Popular, que entonces gobernaba en el consistorio alicantino", le recuerdan.

Justamente para llevar a cabo las exhumaciones pendientes en las fosas comunes del Cuadro 12 del Cementerio de Alicante (iniciativa promovida y ejecutada por la corporación municipal), el gobierno del Botánic le adjudicó un total de 224.532 euros, que suponen el 85 por ciento de lo que aquél solicitaba en el expediente tramitado acogiéndose a la convocatoria de subvenciones realizada por la extinta Conselleria de Trasparencia, que alcanzaba un montante de 267.300 euros.

Por otra parte, "estamos expectantes respecto a la concreción e inicio de las obras de remodelación del antiguo edificio de Sanidad Portuaria, futura sede del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas y por la consiguiente puesta en funcionamiento del organismo".

Sostienen que la primera actuación tiene un coste de 1.360.025 euros, "existiendo importantes consignaciones de recursos en el actual ejercicio económico para llevarla a cabo, que esperamos que no se disipen o se deriven a otras líneas presupuestarias", advierten.

Finalmente, la Comisión Cívica desea que los responsables del Área de Memoria Democrática del nuevo Gobierno la emplacen cuanto antes para trasladarle sus previsiones de actuación y, a su vez, expresa su disponibilidad para cooperar en las
actuaciones que se emprendan para el reconocimiento de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de las víctimas del franquismo y la transición, y de toda la sociedad, "cuya plasmación contempla nuestro
ordenamiento jurídico y viene siendo reiteradamente demandada por los organismos internacionales de Derechos Humanos".