Ocurrió en diciembre de 2016 y ahora, tras consumarse la sentencia judicial, ha llegado la esperada indemnización para el trabajador de una empresa de reparto de Alicante a quien el exyoutuber MrGranBomba, el alicantino Sergio Soler, insultó con el término de 'caraanchoa' cuando se dirigió a él para preguntarle cómo ir a una calle.

Esa forma de referirse a él le ha costado 20.000 euros en concepto de indemnización intromisión ilegítima en el honor; el empleado de la empresa de reparto, que todo este tiempo ha querido alejarse del foco mediático y tratar de que se resolviera el caso por la vía judicial cuanto antes, ha sido por su parte condenado a pagarle 30 euros por un delito leve de lesiones ya que la jueza de la Audiencia de Alicante confirma los hechos probados de un anterior juzgado por la bofetada que le soltó al por entonces youtuber al sentirse insultado. 

Como avanzaba el Información, Sergio Soler ya habría abonado la cantidad ratificada por la Audiencia de Alicante, por lo que la víctima de esa broma grabada para su canal de Youtube, la cual ha servido para el proceso judicial como una prueba fundamental para acabar condenando al joven, da por zanjado el asunto, según ha declarado su abogado.  

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Por su parte, Soler ha pasado de la estrella al estrellato. Este vídeo se hizo viral y con él MrGranBomba saltó a la fama nacional, pero fue tal la polémica que tuvo que abandonar las redes sociales y desaparecer, tras vender su canal de Youtube, que acumulaba más de medio millón de suscriptores, a la también polémica empresa de gafas de sol de Elche, Hawkers, como desveló el protagonista en el programa de Antena 3 Espejo Público. 

En ese programa también desveló que había emprendido acciones legales contra el trabajador de Tourline Express por la agresión que captaron sus cámaras y que él mismo difundió poco después entre sus seguidores. "Va a ser gracioso cuando le llame el jefe de su empresa para preguntarle qué hace agrediendo a clientes", decía entonces.

Desde Tourline Express, la empresa de mensajería para la que trabajaba el repartidor, aseguraron entonces a EL ESPAÑOL que conocía el caso y que entendían que se encontró en una situación anómala y violenta no cubierta por su código de conducta. "No justificamos la violencia en ningún caso, pero los mensajeros están muy expuestos en la calle. Sufren robos, agresiones... Entendemos que se encontró ante una situación excepcional que no teníamos prevista de ninguna de las maneras".