La huelga del servicio nocturno de autobuses interurbanos de la comarca de l'Alcantí cumplió este miércoles ocho meses desde que el comité de empresas de La Alcoyana la anunciase. Esta situación afecta de manera indefinida a todas las líneas que conectan la capital provincial con los municipios de El Campello, San Juan, Mutxamel y San Vicente del Raspeig, lo que afecta a unos 130.000 personas, en su mayoría jóvenes. 

En la última semana las reacciones políticas se han sucedido ante la posibilidad de que esta protesta se contagie también al servicio diurno. Y, de hecho, el pleno del Ayuntamiento de Alicante lo debatió este jueves. Allí PP, Cs y Vox aprobaron una declaración institucional para instar al

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El texto impulsado por el Ejecutivo municipal recuerda que el paro se prolonga ya durante ocho meses y recuerda la competencia de la Generalitat y la exigencia de impulsar un sistema metropolitano de transporte, como el de Valencia, en el que se integren todos los municipios de l'Alacantí.

"La pasividad de Puig y de su consellera de Movilidad, Rebeca Torró, empeora las consecuencias de una huelga que afecta a las líneas 21N, 23N y 24N, que conectan la ciudad de Alicante con los municipios de El Campello, San Juan, Mutxamel y San Vicente del Raspeig", sostiene la declaración.

"La Generalitat no puede seguir mirando hacia otro lado ante este conflicto", prosigue, "haciendo dejadez de sus funciones, y se tiene que implicar de una vez por todas en el desacuerdo que enfrenta a los trabajadores con la empresa concesionaria del servicio para que los autobuses vuelvan a circular por las noches los viernes, sábados y vísperas de festivos, cuando finaliza el servicio diurno a las 22:30 horas". 

A consecuencia del conflicto laboral, los servicios mínimos se han reducido a sólo dos salidas desde la Plaza del Mar, una a las 0.00 horas y otra a la 1.00, indicaron las mismas fuentes.

De fiesta siempre en coche

En este sentido, la declaración institucional rechaza que, al no existir el servicio nocturno de autobús, el coche se convierta en la única alternativa los fines de semana para los jóvenes que vuelven o se desplazan a Alicante ciudad, con los peligros e inconvenientes que ello conlleva, como mayor posibilidad de accidentes de tráfico y colapso en las paradas de taxis, entre otros.

"La Conselleria es la responsable de la gestión del transporte metropolitano y no puede pretender que la solución ante esta problemática sea que la gente, sobre todo los jóvenes, se desplacen en sus vehículos particulares y pase de este modo la patata caliente a empresa y trabajadores", recalca el texto.

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Al mismo tiempo, recuerda que éste no es el único problema que sufre la comarca en materia de transporte, ya que Alicante sigue sin estar conectado por Tram con núcleos urbanos tan importantes y con un alto número de residentes como San Juan o Mutxamel.

"Llevamos años esperando el proyecto anunciado por el tripartito de Ximo Puig y sigue sin materializarse, con los problemas que este incumplimiento genera. No se puede entender cómo una comarca como l’Alacantí, con toda la población residente y flotante que tiene, no tenga una conexión desde hace años en Tram", incide.

Las peticiones de los trabajadores 

La declaración institucional también recuerda que los trabajadores iniciaron estas movilizaciones para reivindicar una serie de medidas que afectan desde hace años a sus condiciones laborales.

Entre estas se incluyen "jornadas de trabajo de hasta nueve horas sin tener en cuenta los tiempos de descanso, la ausencia de aseos en las cabeceras que provoca que tengan que hacer sus necesidades en descampados o la falta de personal de seguridad en autobuses nocturnos debido a las complicaciones que presenta este servicio en particular, pero ninguna de estas demandas han sido atendidas por el Gobierno de Puig".

Frente a esta situación, "la Generalitat prefiere lavarse las manos en lugar de actuar y ha decidido que sean los trabajadores y la empresa los que alcancen un acuerdo, pero se olvidan que es una competencia suya, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, y que están obligados a dar este servicio y a mediar ante un conflicto tan grave, que a tantos ciudadanos afecta y que tanto se está alargando en el tiempo", concluye la declaración institucional.