A 31 de diciembre del año pasado, la deuda de los consorciados con Casa Mediterráneo asciende a 4.527.530 euros. Y las dos únicas instituciones al corriente de pago son el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Diputación de Alicante, que desde el año 2009 y 2019, respectivamente, han pagado la parte que les corresponde. Su director, Andrés Perelló, lleva tiempo reclamando el pago.

Según estas cuentas, el mayor deudor a la institución de diplomacia pública española es la Generalitat valenciana que preside Ximo Puig, que ha dejado de pagar 3.133.530 euros durante estos años. Lo que significa que debe el doble de lo que deben los ayuntamientos de Alicante, Benidorm y Xàbia juntos, poco más de un millón y medio.

Según las cuentas de Casa Mediterráneo, durante la primera legislatura de Ximo Puig la Generalitat valenciana no pagó ni un euro de lo que le correspondía: 450.000 euros en 2015, 50.000 euros en 2016 y 450.000 euros en 2017. En 20018 no aparece cantidad a pagar.

Y en la segunda legislatura, la Generalitat valenciana sí ha pagado lo que le correspondía de 2019 y 2021, 200.000 euros respectivamente (en 2020 tampoco aparece importe). A este dinero se suma deuda anterior a la llegada de Puig al Palau de la Generalitat, 2.183.000 euros.

El segundo mayor deudor, a mucha diferencia de la Generalitat, es el Ayuntamiento de Alicante, con 710.000 euros. Todos ellos, procedentes de los años 2009 a 2012. En 2013 pagó los 50.000 euros que le correspondía y a partir de entonces no figuran nuevas cantidades reclamadas.

Le sigue el Ayuntamiento de Benidorm, que debe 580.000 euros. Lo mismo que Alicante, por dinero no satisfecho de 2009 a 2012. Lo mismo que el Ayuntamiento de Xàbia, que debe 224.000 euros por esos años. Y es que en 2012 se acordó una reducción del 15% sobre lo comprometido un año antes por cada consorciado

De hecho, a finales del año pasado se volvió a ponderar el voto de los consorciados, donde ya no aparece Xàbia y la representación de los ayuntamientos de Alicante y Benidorm ha quedado reducida al mínimo. 

El Ministerio tiene el 78,22% de los votos, la Generalitat valenciana el 17,01%, el Ayuntamiento de Alicante un 1,97% y el Ayuntamiento de Benidorm un escaso 0,16%.

Frente a esta deuda, los "socios menores" se preguntan qué ventajas tienen para seguir en el consorcio si los nombramientos, programación y actividades en general dependen del Gobierno central y de la Comunidad Valenciana. Un hecho que está haciéndose que se replanteen su participación en el proyecto impulsado por la alicantina Leire Pajín en el seno del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero desde hace más de una década.