En la última revisión del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, el PP introdujo la creación de un Fondo de Cooperación Municipal que dotase de autonomía económica a las entidades locales. En el artículo 64.3 se establecía claramente: "Para potenciar la autonomía local sobre la base del principio de subsidiariedad, por ley de las Cortes, se creará el Fondo de Cooperación Municipal (FCM) de la Comunitat Valenciana con los mismos criterios que el fondo estatal".

El pasado mes de mayo fue aprobada por las Cortes Valencianas esa ley y esta misma semana el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha anunciado en los debates del Estado de la Provincia y de los Presupuestos apara 2022 que su partido llevará esa ley ante el Tribunal Constitucional por vulnerar la autonomía financiera de las instituciones provinciales. ¿Por qué?

En el enunciado "con los mismos criterios que el fondo estatal" está la clave de la batalla jurídica entre instituciones que está por llegar y que nuevamente enfrentará a la Diputación de Alicante, gobernada por PP y Cs, con la Generalitat Valenciana que gobierna el Botánico (PSOE-Compromís-Podemos).

Los antecedentes

El actual FCM fue puesto en marcha por Ximo Puig, a través de uno de sus más íntimos colaboradores, Toni Such, mucho antes de la aprobación de esta ley, al inicio de su primera legislatura. Y desde entonces ha intentado doblegar la voluntad de la Diputación de Alicante, gobernada por el PP (antes con César Sánchez y ahora con Mazón), para que aportase cerca de 14 millones de euros anuales. 

Los socialistas sostienen que la Diputación de Alicante ha dejado de aportar al FCM en todo este tiempo 83 millones, que sí que han puesto sobre la mesa proporcionalmente la Generalitat y las diputaciones de Castellón y Valencia. De ahí que su participación "obligatoria" se haya convertido en ley.

Como ha recordado el diputado autonómico popular José Antonio Rovira en los debates parlamentarios, el objetivo socialista lo marcó la consellera de Justicia y Administraciones públicas, Gabriela Bravo, a través de un eufemismo poco afortunado de la palabra "imposición": "superar los mecanismos de participación voluntaria". 

César Sánchez ya logró varias victorias en los tribunales en defensa de la autonomía económica de la Diputación de Alicante frente a Ximo Puig. Entre otras, anular los decretos que pretendían detraer fondos provinciales para pagar políticas autonómicas en Deporte o Turismo. Y lanzó un mensaje muy claro al presidente de la Generalitat: "Se acabó la política del Consell de yo invito y tú pagas".

Sin diálogo

Desde que llegó a la Presidencia de la Diputación de Alicante, Mazón ha pedido diálogo a Ximo Puig para acabar con la disputa y en dos años ha habido dos reuniones en las que los socialistas le recriminaron que no entrase en el FCM y el popular el pago de los servicios derivados de las competencias impropias en Salud Mental que abona la institución provincial. Ahora Puig ha fijado una nueva fecha de reunión, el 27 de diciembre.

Sea como fuere, el PP sigue adelante con sus planes de recurrir ante el Constitucional la ley. Y se basará en el principio mismo del enunciado legislativo en la parte que recoge "con los mismos criterios que el fondo estatal". Y es que los populares consideran que la ley valenciana nada tiene que ver con la estatal.

En ninguna de las 17 comunidades autónomas de España se ha obligado a las Diputaciones a entrar forzasen en el FCM con una aportación económica. Es más, en algunas como Castilla y León, las diputaciones son receptoras del FCM como entidades locales que son según el texto constitucional.

Y lo mismo sucede en la Ley de Bases del Régimen Local que establece las competencias propias de las instituciones provinciales. En ningún sitio aparece la obligatoriedad de aportar dinero al FCM y sólo establece en su artículo 36.2 el Plan de Obras provincial.

Además, para el PP, resulta injusto que la Generalitat pueda hacer frente a su aportación al FCM con dinero procedente de la Unión Europea, pero que las diputaciones tengan que hacer frente con fondos propios.

En el trasfondo del debate también subyace el modo en que se reparte el dinero del FCM entre los municipios. Mientras que la ley autonómica maneja un criterio poblacional -a más habitantes, más dinero-, los sucesivos con subvenciones para los ayuntamientos aprobados en la Diputación de Alicante -en su mayoría con apoyo de PSOE y Compromís a las iniciativas de PP y Cs-, se establecen mecanismos correctores para beneficiar a los municipios más pequeños, que son quienes más necesitando el apoyo de las Diputaciones.