El Gobierno lleva al Constitucional la ley valenciana de costas, ¿justicia o ideología?

Desde que Ulises emprendiera su viaje de regreso, la casa ha representado mucho más que un refugio: es identidad, arraigo y legitimidad. Ese simbolismo ha sobrevivido siglos… hasta enfrentarse hoy a una reinterpretación jurídica que parece cuestionar su propia esencia.
El pensamiento de John Locke situaba la propiedad privada como un derecho anterior al Estado. Sin embargo, en el contexto actual, ese principio parece tensionarse.

Conviene recordarlo con claridad: cerca del 90% de las viviendas afectadas en el litoral valenciano son propiedades legales, escrituradas y plenamente ajustadas a derecho -solo en Denia alrededor de 3.500 viviendas no concesionarias. El resto -10 %-, responde a concesiones históricas que también forman parte del desarrollo del territorio.

Entonces, la pregunta surge con fuerza: ¿por qué esa tendencia a reinterpretar lo que fue propiedad como si fuera una ocupación provisional? La aplicación de la Ley de Costas de 1988 en el presente abre un debate incómodo. ¿Se está protegiendo el litoral o se está transformando, de manera progresiva, el concepto mismo de propiedad?

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El cambio climático se presenta como argumento central. Pero incluso aceptando su gravedad, cabe preguntarse: ¿todo vale en su nombre? ¿Puede convertirse en la base para alterar derechos consolidados durante décadas?

En Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, Italia o Reino Unido, la protección del litoral no ha implicado, de forma generalizada, cuestionar la propiedad privada consolidada. Se apuesta por ganarle terreno al mar, regenerar playas, adaptar infraestructuras y preservar el patrimonio humano. Si esos modelos existen, la cuestión es inevitable: ¿por qué aquí el equilibrio parece más difícil?

Más de 52 asociaciones de toda España reclaman una modificación de la Ley de Costas de 1988 que permita compatibilizar dos objetivos: proteger el medio ambiente y garantizar la propiedad privada. Su planteamiento no es de confrontación, sino de reforma: regenerar playas, como hacen otros países, sin convertir viviendas legales en concesiones administrativas.

La pregunta, de nuevo, es directa: ¿por qué no avanzar hacia soluciones técnicas en lugar de recurrir a redefiniciones jurídicas?

La política como espejo ideológico

El debate sobre la costa valenciana no puede desligarse de la posición que han adoptado los distintos actores políticos. Lejos de ser una mera discusión técnica, refleja dos formas profundamente distintas de entender la propiedad, el territorio y el papel del Estado.

Por un lado, formaciones como el Partido Popular y Vox han defendido una línea clara: la necesidad de proteger la propiedad privada como un derecho consolidado, garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y apostar por la regeneración de las playas como vía principal de actuación, en línea con modelos europeos. Su enfoque parte de una idea sencilla pero contundente: proteger el litoral no exige despojar a quienes lo han habitado legalmente durante décadas.

En el lado opuesto, PSPV-PSOE y Compromís han defendido el modelo heredado del Gobierno del Botànic, sustentado en una interpretación estricta de la Ley de Costas y en instrumentos como el Pativel. Bajo esta lógica, la prioridad del dominio público puede derivar, en la práctica, en la limitación o reinterpretación de derechos previamente consolidados.

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La cuestión no es menor. ¿Se trata de proteger el litoral o de establecer un marco donde la propiedad privada queda subordinada de forma estructural? ¿Por qué se insiste en soluciones jurídicas restrictivas mientras se relega la regeneración activa de playas, ampliamente aplicada en otros países?

Más de 52 asociaciones han tomado posición, y su mensaje introduce una duda difícil de ignorar: cuando una parte significativa de la sociedad percibe inseguridad jurídica, ¿estamos ante una política de protección o ante un cambio silencioso en la naturaleza del derecho de propiedad?

El papel del Tribunal Constitucional de España en este conflicto abre una de las cuestiones más delicadas -y menos abordadas- del debate: su posición respecto a la propiedad privada en comparación con el marco europeo.

En el ámbito de la Unión Europea, la propiedad privada es un derecho fundamental. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha defendido de forma reiterada que cualquier limitación debe ser proporcional, justificada y respetuosa con su esencia. Si España forma parte de ese marco, la pregunta surge con naturalidad: ¿por qué aquí la percepción es distinta?

En el contexto de la Ley de Costas de 1988, amplios sectores sociales perciben que la propiedad privada no se protege con la misma firmeza. No desaparece formalmente, pero parece transformarse en un derecho condicionado.

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En países como Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, Italia o Reino Unido, limitar la propiedad implica garantías sólidas, compensaciones claras y una interpretación que evita vaciar el derecho de contenido. En España, el debate invita a otra reflexión: ¿se está produciendo una reinterpretación progresiva que debilita ese derecho sin modificar formalmente la ley?

La Ley de Costas de 1988 sustituye el derecho de propiedad por una concesión administrativa (de 30 a 75 años) cada vez que un deslinde integra terrenos privados en el dominio público. Técnicamente, el Estado no paga una expropiación, sino que otorga un derecho de uso temporal. Esta fórmula fue avalada por el Tribunal Constitucional (STC 149/1991), pero es objeto de crítica jurídica al considerarse una 'expropiación encubierta' que vulnera la seguridad patrimonial al dejar al propietario sin el bien y sin indemnización económica, además el propietario terminado el plazo de concesión debe pagar la demolición de la vivienda valorado en unos 60.000€.

Y a partir de 2009, con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE como norma superior, se establece que cualquier ley contraria a ella puede dejar de aplicarse, y en el artículo 17 de la Carta dice que el derecho a la propiedad solo puede limitarse por interés público, con indemnización justa – justiprecio- y en un plazo razonable.

En este contexto, el texto cuestiona la neutralidad del Tribunal Constitucional, planteando si actúa como un árbitro jurídico independiente o si sus decisiones están influidas por factores ideológicos. Porque si la propiedad privada es un derecho fundamental en Europa, su protección no debería depender del lugar donde se interprete, sino del principio que la sustenta.

Comprender estas posturas exige mirar atrás. Las tradiciones políticas que priorizan la propiedad privada suelen apoyarse en una visión del individuo como sujeto autónomo, donde el Estado actúa como garante. Por el contrario, las corrientes que relativizan ese derecho tienden a concebir el Estado como actor redistribuidor, con capacidad para redefinir los límites de lo individual en función del interés colectivo.

Alexis de Tocqueville ya advertía del riesgo de que, en las democracias modernas, el poder público ampliara progresivamente su influencia sobre la esfera privada bajo argumentos aparentemente razonables. El historiador Fernand Braudel defendía que los procesos históricos deben analizarse en el largo plazo. Las viviendas del litoral valenciano forman parte de esa continuidad.

Un ejemplo paradigmático son las viviendas de Babilonia en Guardamar del Segura. Aunque en muchos casos su origen jurídico pueda estar vinculado a concesiones, su valor trasciende lo administrativo: forman parte del paisaje histórico, social y cultural del litoral. Son memoria construida.

Y aquí emerge una reflexión incómoda: ¿qué ocurre cuando un país no protege su propia historia? ¿Qué se pierde cuando lo que ha sido parte del tejido humano de un territorio durante generaciones pasa a considerarse prescindible?

La ley valenciana de costas, con todas sus limitaciones, introduce un matiz relevante: el intento de reconocer ese valor histórico, de entender que no todo
puede reducirse a una categoría jurídica uniforme. Frente a ello, la resistencia del Estado plantea otra cuestión de fondo: ¿por qué una norma que busca proteger ese legado encuentra tanta oposición? ¿Es solo un conflicto competencial o responde a una visión ideológica donde la historia pesa menos que la reinterpretación normativa?

El conflicto de la costa valenciana ya no es solo jurídico o ambiental. Es profundamente político, histórico y filosófico. ¿Debe prevalecer una visión donde la propiedad privada es un derecho sólido, o una donde puede ser redefinida en función de nuevas prioridades? ¿Se trata de adaptación necesaria o de un cambio de paradigma?Porque, al final, la cuestión trasciende la costa.

Se trata de decidir si los derechos que han sido legales durante décadas pueden dejar de serlo sin que cambie la ley o simplemente su interpretación. Y quizás la pregunta más inquietante no sea qué se está perdiendo hoy, sino qué tipo de país queda cuando proteger la historia deja de ser un deber y empieza a convertirse en una opción.

Francisco Ros es presidente Asociacion en defensa de Playas Norte Denia (apnDenia)