El Tajo-Segura ante su "Día D": una sentencia del Supremo para esquivar el bloqueo del Gobierno en el Congreso

Se trata de una decisión que comenzó con las propuestas presentadas por el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) en 2025. El MITECO filtró entonces los principales cambios que están por llegar con esas nuevas reglas.

Primero, elevar el umbral del Nivel 2 (donde el trasvase es automático y de mayor volumen) de los 1.300 hm3 en la cabecera a los 1.600 hm3. Esto hace que sea mucho más difícil entrar en Nivel 1 y por tanto trasvasar automáticamente 60 hm3 a las comunidades del Levante.

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Después, reajustar el envío mensual en el Nivel 2 (que ya bajó de 38 a 27hm3 en reformas previas) con el objetivo de dar mayor estabilidad a los embalses de Entrepeñas y Buendía.

Para llevar adelante esos cambios se apoyará en la sentencia que está por llegar y por una anterior, de mayo de 2025, cuando el Tribunal Supremo anuló el escalonamiento de los caudales ecológicos. En vez de aplicarlos de forma paulatina y gradual como se previó inicialmente, deben aplicarse desde el principio reduciendo el excedente trasvasable al Segura de forma automática independientemente de la regla técnica que se aplique. Lo cual incide directamente en la pérdida de superficie cultivable y empleos en Alicante, Murcia y Almería.

Atajos legales

El Gobierno se enfrenta, también en este caso, a un dilema de aritmética parlamentaria. No tiene los votos necesarios en el Congreso para emprender una reforma de calado legislativo contra el trasvase. Por eso la estrategia de Moncloa pasa por tomar el atajo de una maniobra técnica. En lugar de modificar la Ley 21/2015 -aquella que nació de un pacto complejo que incluso obligó a usar la Ley de Montes como "percha" legal-, el Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) planea actuar mediante un Real Decreto.

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Esta vía administrativa le permite sortear la debilidad parlamentaria, pero le expone a una fragilidad jurídica extrema. Para evitar que los tribunales tumben el decreto por "vicio de jerarquía", el Gobierno necesita que el Supremo ratifique primero los caudales ecológicos del Tajo. Si el juez dice que el río necesita más agua, el cambio de las reglas ya no será una opción política, sino una obligación judicial.

¿Puede hacerlo? Sí, porque las reglas actuales dependen de una ley (la Ley 21/2013, retocada por la Ley 21/2015 tras el fallo del Tribunal Constitucional). Sin embargo, esa misma ley incluye una disposición clave: la Ley establece los principios generales y la protección de la cuenca cedente, pero delega la concreción técnica (los números, los hm3 trasvasables y los niveles) al Gobierno central vía Real Decreto.

El Gobierno no necesita cambiar la "Ley del Trasvase", sino actualizar el Real Decreto 773/2014. Y al ser una norma de rango reglamentario, el Consejo de Ministros puede aprobarlo sin pasar por una votación en el Congreso de los Diputados.

El Consejo de Ministros aprobó por Real Decreto los planes de tercer ciclo (2022-2027). Esos planes ya imponen legalmente los caudales ecológicos. El cambio de las "Reglas de Explotación" se presenta simplemente como una adaptación técnica necesaria para que el trasvase no impida cumplir con esos planes ya aprobados

Para los regantes del Levante español (SCRATS), es un "atropello jurídico" que ignora el consenso de 2015 y que se ejecuta por la puerta de atrás para evitar el debate en el Congreso.Por eso el 5 de mayo no solo se conocerá una sentencia, sino que se dará el pistoletazo de salida a un nuevo ciclo de litigios. De un lado, la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería recurrirán cualquier decisión en su contra. Y es que Castilla-La Mancha presiona, desde el otro lado, para que se apruebe el Real Decreto cuanto antes.